El historiador y filósofo político Pierre Rosanvallon analizó el desarrollo histórico y el devenir de la democracia en cuanto a los mecanismos de control y resistencia de las sociedades civiles frente al poder de los elegidos, esto es, la descripción de la tensión y la complementariedad entre los mecanismos del régimen electoral-representativo y las prácticas y mecanismos de la organización de la “desconfianza” ciudadana.
La sociedad de la desconfianza
Teniendo como base la historia de la democracia, Pierre Rosanvallon –en su libro La contrademocracia− inicia el análisis señalando la discordancia en aquello que la teoría de los regímenes representativos habían ligado al proceso electoral: la legitimidad y la confianza. Aquí se resalta y se describe el carácter fundamental de estas cualidades políticas, su diferente naturaleza y su disociación, que ha sido la constante en los regímenes democráticos, constituyéndose en un problema central en la historia de los mismos.
Señala el autor que en las cuestiones de la legitimidad se han centrado los principales estudios de historia y teoría política, al tiempo que la mayor parte de los esfuerzos se han realizado en búsqueda de ella, a través de una mayor participación en las urnas u otros mecanismos de democracia directa. No obstante, de manera paralela, se han venido desarrollando un conjunto de prácticas, de contrapoderes, que intentan compensar la erosión de la confianza mediante la organización de la desconfianza. Si bien esta dimensión ha sido objeto de análisis puntuales, estos no han sido resituados en un conjunto articulado dentro del propio sistema democrático, de su historia y su teoría, lo cual constituye parte de la novedad de la propuesta de Rosanvallon.
Dentro de lo que el autor plantea como expresión de la desconfianza a lo largo de la historia, señala dos grandes vías, la liberal y la democrática. En la primera, distingue algunos pensadores liberales del siglo XVIII, en cabeza de Montesquieu, los cuales ven en la desconfianza un “poder de prevención”, mostrando un interés central por la forma de contener la acumulación de poderes y no por la constitución de un gobierno bueno y fuerte. En cuanto a la vía democrática, en la cual se inscribe el análisis de Rosanvallon, la expresión de la desconfianza busca como objetivo el velar porque el poder sea fiel a sus compromisos, centrándose en la puesta a punto de mecanismos de control y veeduría ciudadana que actúen como contrapoderes.
Esta desconfianza democrática se expresa, según el autor, de múltiples maneras, entre las que distingue tres modalidades principales: 1) los poderes de control; 2) las formas de obstrucción, y 3) la puesta a prueba a través de un juicio. “A la sombra de la democracia electoral-representativa, estos tres contrapoderes dibujan los contornos de lo que propongo llamar como contrademocracia”.
Así vista, la contrademocracia no es lo contrario de la democracia, sino una forma de democracia que se antepone a la otra —con la cual conforma un sistema—, y que está constituida por poderes indirectos diseminados en la sociedad. Para Rosanvallon, la importancia y amplitud de estos poderes indirectos hace de esta condición una verdadera forma política, bajo la cual se organiza la desconfianza frente a la democracia de la legitimidad electoral.
La democracia de control
Si bien la dimensión más evidente del principio democrático la constituye el derecho de sufragio, mediante el cual se intenta dar legitimidad a los gobiernos, este vínculo electoral no ha sido prerrogativa para obligar a los elegidos a mantener sus compromisos. Frente a esta condición se superpuso la práctica efectiva de un cuestionamiento permanente y una presión organizada de manera más difusa y más exterior que sirviera de contrapoder. Señala Rosanvallon que desde los años próximos a la revolución francesa se designa esta forma complementaria de soberanía como el “Control”; cuando se habla de control estamos hablando de mantener una mirada permanente sobre los actos de los gobernantes, un estado de alerta que permita la vigilancia sistemática de sus actuaciones. Este control trata de encastrar la legitimidad electoral con la legitimidad social, haciendo de la reputación un factor determinante de la confianza en los individuos o en los regímenes.
Entre las modalidades de estos poderes de control, Rosanvallon destaca la vigilancia, la denuncia y la calificación. La idea de vigilancia de las actuaciones de los gobernantes se da, en primera instancia, como una vigilancia cívica, la cual es directamente política, manifestándose en intervenciones de prensa, de asociaciones, de sindicatos, huelgas, etc. Después aparece otra forma de vigilancia, llamada por el autor como vigilancia de regulación, que se manifiesta como un flujo continuo de evaluaciones y críticas a un nivel muy descentralizado, y que opera a través de canales como encuestas o informes, intervención en las comisiones especializadas o la publicación de reportajes, influenciando los debates sobre la sociedad y estableciendo al público como una suerte de termostato regulador de las decisiones políticas. De esta manera, la figura del ciudadano-vigilante se superpone a la del ciudadano-elector.
Señala Rosanvallon que la vigilancia se declina en la segunda modalidad de poder de control: la denuncia. Esta modalidad se extiende de manera vigorosa durante el tiempo de la revolución, y se la vincula directamente con la acción cívica. Se trata del control de los actos de los gobernantes por medio de la publicidad, dando a conocer, haciendo saber, develando las malas formas o las actuaciones inconvenientes de los mismos. Apunta el autor que durante el siglo XIX la denuncia perdió algo de su fuerza original para decantarse hacia el escándalo, donde se mezclan dos dimensiones: la estigmatización de los poderes y la fe en las virtudes políticas de la transparencia.
El escándalo promueve una conversión en la mirada y cumple la función de presión y regulación, al tiempo que propone una lección de civismo, aunque puede caer en una versión populista con la estigmatización de los poderes. Esta modalidad de control resulta de suma importancia en el mundo contemporáneo, donde toma cada vez mayor valor la idea de transparencia en el universo político, y en donde la denuncia afecta directamente el capital simbólico y la reputación de los involucrados.
En cuanto al tercer poder de control, la calificación, apunta el autor que este “consiste en una evaluación documentada, técnicamente argumentada, a menudo cuantificada de acciones particulares o de políticas más generales”. En este caso, el objetivo es el de peritaje de la calidad y la eficacia de la gestión. También es una reputación la que se pone a prueba, pero de orden técnico; en algunos casos, sirve como escudo protector frente a la crítica o a la oposición como también para la emergencia de contrapoderes (organizaciones, instituciones, ONG especializadas en evaluación y calificación).
Luego de la ampliación de estas modalidades de formas de control, Rosanvallon entra a desgranar otros aspectos de lo que él llama la contrademocracia. Describe pues a los actores del control, donde destaca el paso del control como actividad multiforme de la sociedad a una forma de actividad mediática, en donde la prensa se manifiesta como el poder contrademocrático por excelencia durante el siglo XIX. Ya en el siglo XX, se posicionan otros agentes e instancias como organizaciones ciudadanas, autoridades de vigilancia independientes, así como un nuevo tipo de instancias de evaluación y nuevas formas políticas como Internet.
La soberanía de la obstrucción
Dentro del modelado que hace Rosanvallon de su teoría señala lo que para él constituye la segunda dimensión de la contrademocracia: el poder de obstrucción. Esta figura del universo contrademocrático atañe al derecho de resistencia que históricamente han tenido los pueblos para estatuir, impedir, modificar o anular las actuaciones de sus gobernantes o las condiciones del régimen. Con el advenimiento del sufragio universal se dieron nuevos enfoques de esta capacidad, como la emergencia de un poder organizado de oposición que consolida lo que se denomina como “soberanía crítica”, la cual da paso hoy en día hacia lo que considera el autor como una política negativa.
En búsqueda de las distintas manifestaciones en el tiempo de esta dimensión de contrapoder, Rosanvallon realiza un barrido histórico de las formas que adopta la resistencia y la obstrucción tanto en la antigua Roma (tribunos del pueblo) como en la Edad Media, la época prerrevolucionaria y las sociedades modernas, así como la reflexión política de algunos autores como Althusius y Fichte en torno a la idea de un contrapoder de oposición y a una soberanía crítica.
Aquí señala el autor que, dadas las condiciones socioculturales del mundo contemporáneo, se configuró igualmente la crisis de la representación social y la política para dar paso a la sensación de vacío. En este contexto, al que denomina como la “era de la deselección”, la institucionalización de la oposición ya no puede constituir el horizonte de una perspectiva de estructuración del poder de obstrucción en la democracia, imponiéndose así la política negativa, que consiste en la entrada en una democracia de sanción, donde las elecciones son más un juicio sobre el pasado que una oportunidad de optar por diversas orientaciones. “Ya no se trata de distinguir sino de eliminar”. Es de resaltar que el ciudadano moderno no solo dispone del voto para manifestar su rechazo, sino que también puede tomar parte en acciones más difusas de obstrucción como manifestaciones callejeras, movimientos de opinión y derecho al veto, entre otros.
El pueblo juez
Si bien el controlar y el impedir son dos maneras de condicionar a los gobernantes, existe una tercera dimensión de la contrademocracia, el enjuiciamiento. Juzgar consiste en examinar una conducta o una acción, prolongando el ejercicio de una sospecha y haciendo necesario que se llegue a una conclusión definitiva.
Cuando Rosanvallon destaca la prueba de un juicio, no lo reduce al ejercicio de un poder judicial autónomo sino que está ligado en profundidad a la idea de un juzgamiento de los gobernantes por la sociedad, entendiendo que los ciudadanos quieren alcanzar como jueces lo que consideran no haber podido alcanzar como electores. Otro aspecto que rescata el autor de las actividades del ciudadano juez, cuando este hace parte de un jurado civil, es la de restablecer o modificar el espíritu de la ley en la formulación de los veredictos. En este caso se trata de una actividad correctora.
Después de revisar en retrospectiva el papel del enjuiciamiento a los gobernantes en diferentes sociedades y en distintas épocas, Rosanvallon encuentra en este el poder de las minorías, de los dominados o de los electores para examinar, responsabilizar o revocar el mandato de los funcionarios electos. Tanto los tribunales del pueblo en Atenas, el jury de la Edad Media, el impeachment inglés como el recall en Estados Unidos, son procedimientos que permiten considerar el juicio como forma política en la que los ciudadanos participan no solo de un acto deliberativo, sino también como productores de normas.
Esta dimensión de la contrademocracia toma vital importancia con el desplazamiento en nuestros días de lo político a lo penal, en donde las actuaciones políticas, cada vez más difíciles de imputar políticamente, conllevan una responsabilidad penal. Puede decirse, entonces, que nos encontramos en el paso de las democracias de confrontación y de representación a las de imputación, lo cual conlleva a un aumento de poder de los jueces, en lo que se ha denominado “gobierno de los jueces”.
La democracia impolítica
Si bien la tendencia hoy en día en cuanto al discurso sobre la política es la de considerar que existe una amplia despolitización de los ciudadanos, según Rosanvallon esto no sería del todo cierto, pues aunque deba considerarse cierta apatía con respecto a la participación y la actividad directamente política, se están generando cada vez más ejercicios indirectos de soberanía de acuerdo con formas no organizadas por las constituciones, unas formas de participación no convencional, que indican no una nueva era de apatía política, ni un repliegue a la esfera privada, sino una mutación en la relación del ciudadano con la política.
Según Rosanvallon, el problema hoy no sería el de la despolitización sino el de la impolítica, que sería la falta de aprehensión global de los problemas ligados a la organización de un mundo común. Esto representa un aumento de la distancia en la relación entre la sociedad civil y las instituciones, la cual muestra un carácter complejo y problemático en el que se mezclan elementos positivos de aumento de poder social y las tentaciones populistas reactivas que facilitan la fragmentación y la diseminación a cambio de la coherencia y la globalidad.
