Escucho a una rectora universitaria afirmar que el sistema de becas debe garantizar la igualdad de oportunidades, de tal modo que «quien quiera estudiar, pueda». En la afirmación hay implícita una llamativa malversación del principio de igualdad que, a simple vista, puede pasar inadvertida; y que es inevitable consecuencia del clima mental de nuestra época, que ha hecho de la exaltación del deseo personal un expediente automático para la vindicación de derechos. Todo ordenamiento jurídico digno de tal nombre tiene que estar orientado hacia la consecución del bien común, no a la satisfacción de deseos personales de dudoso fundamento. Y esta búsqueda del bien común debe inspirar muy celosamente cualquier sistema de adjudicación de becas: un joven al que la comunidad sufraga sus estudios universitarios debe antes demostrar sus dotes para el estudio; concederle una beca simplemente porque «quiere» estudiar es un dislate, porque las becas no están para atender voliciones, sino para asegurar que la valía y el mérito no sean pisoteados.
El ministro Wert ha extremado las exigencias para la obtención de becas en los estudios superiores; medida que nos parece muy acertada y acorde con un sentido elemental de la justicia: a los poderes públicos corresponde el deber de garantizar una instrucción primaria gratuita y universal, para la mejor consecución del bien común; pero fomentar que «quien quiera, pueda» acceder a unos estudios superiores gratuitos no sólo no parece ordenado al bien común, sino más bien lo contrario. Los rectores universitarios protestan contra las exigencias de Wert envolviéndose en la bandera de la «igualdad», pero a nadie se le escapa que defienden intereses gremiales: cuanto más se extreme la exigencia para la obtención de becas, menos jóvenes cursarán estudios superiores; lo que redundará en beneficio de tales estudios, que ya no serán viveros dedicados al cultivo y halago de deseos personales… con el consiguiente cierre de muchas universidades creadas al socaire de esa exaltación del deseo personal disfrazada de «igualdad de oportunidades».
Todo lo que sea extremar las exigencias para el acceso a los estudios universitarios nos parece saludabilísimo y benéfico. Pero la medida impulsada por el ministro Wert adolece, sin embargo, de un error fundamental: si se endurecen los requisitos para la obtención de becas, también deberían endurecerse en igual proporción las condiciones generales de acceso a los estudios universitarios, pues de lo contrario se estaría favoreciendo que la mera disposición de recursos económicos sea garantía para cursarlos; lo cual, en verdad, es odioso e injusto. La única reforma que puede salvar nuestra Universidad es, precisamente, que deje de ser receptáculo de anhelos personales y vuelva a ser morada exigente del saber que acoja tan sólo a quienes se hayan probado en el difícil camino del estudio; y que expulse sin contemplaciones de su seno a quienes no lo hayan hecho. Pues el drama último y esencial de nuestra Universidad es que no contempla ya al sabio, sino al «profesional»; y así se ha degradado en un costoso aparato burocrático de fabricar profesionales en serie que, con su título debajo del brazo, amueblan luego las estadísticas del paro.
Pero una Universidad que becase no a quienes «quieran» estudiar, sino a quienes hayan probado sus dotes para el estudio, y que expulsase de su seno a quienes no las prueben, aunque puedan pagárselo, sospecho que provocaría todavía más quejas entre los rectores. Al menos así se probaría que defienden intereses gremiales.
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