Espe aceptará la objeción de conciencia a “Educación para la ciudadanía”

elmanifiesto.com

Esperanza Aguirre se ha comprometido a aceptar que los padres presenten objeción de conciencia contra la asignatura de “Educación para la ciudadanía”. En su lugar, los centros podrán ofrecer una actividad alternativa como, por ejemplo, el voluntariado. Las comunidades autónomas poseen la capacidad para hacerlo. La política general educativa corresponde al Gobierno de la nación, pero las comunidades autónomas disponen de plenas competencias sobre la gestión de la enseñanza. Si los padres de alumnos ejercen su derecho a la objeción de conciencia –que es un derecho constitucional- contra una asignatura, las comunidades autónomas deben reconocerlo y garantizarlo. Lo que Esperanza Aguirre propone está, pues, dentro de la ley. Para ello será preciso, eso sí, que el PP gane las elecciones de este domingo y vuelva a gobernar.

La asignatura de “Educación para la ciudadanía” ha sido el argumento “estrella” del Gobierno Zapatero en su empeño por reformar la educación apurando el sistema (fracasado) de la LOGSE. Esta asignatura, concebida como plataforma de una “formación en valores”, en realidad es una disciplina de tipo ideológico que, a juzgar por los textos que se ha ido conociendo, pretende orientar las actitudes de los niños en materias muy dispares que van desde la homosexualidad hasta la guerra civil española. En plata: el “zapaterismo” explicado a los niños. 

La Iglesia flojea

Como los contenidos de “Educación para la ciudadanía” invaden parcelas de la moral personal y de la intimidad, las asociaciones familiares –y muy especialmente el Foro de la Familia- han abierto una intensa campaña para que los padres ejerzan su derecho a la objeción de conciencia contra esa asignatura. A falta de un compromiso más neto por parte de la Iglesia y de los centros de orientación religiosa (concertados o privados), numerosos ciudadanos, por propia iniciativa, han empezado a presentar por vía administrativa su objeción a “Educación para la ciudadanía”. 

Hasta el momento, la actitud de los centros de carácter religioso, asociados en torno a la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza), ha sido extremadamente ambigua, especialmente en los centros de carácter concertado, es decir, parcialmente financiados por el Estado y gestionados por instituciones o asociaciones de carácter confesional. Por un lado, la Iglesia ha sido explícita en su oposición a “Educación para la Ciudadanía”. Por otro, sin embargo, la FERE enviaba una circular en la que amenazaba con la pérdida del concierto a los centros escolares que acogieran la objeción de conciencia. El asunto ha dado lugar a una intensa polémica en la web católica www.hispanidad.com. 

En estas condiciones, la promesa de Esperanza Aguirre representa una salida de lo más airoso: si la comunidad autónoma reconoce a los padres el derecho a objetar, los centros quedarán exentos de cualquier responsabilidad y el Gobierno socialista no podrá reprocharles su línea “disidente”. En cuanto a los padres de alumnos, y esto es lo fundamental, verán reconocido su derecho a formar a sus hijos como más oportuno crean, conforme a sus convicciones, y no conforme a los criterios morales de la señora Ministra de Educación y sus compañeros de gabinete.

Para que el derecho a la objeción de conciencia sea una realidad en Madrid, es preciso que el PP gobierne, es decir, que Esperanza Aguirre gane las elecciones. Falta por ver ahora que ese partido, en otras comunidades autónomas, se atreva a adoptar la misma actitud.