ISABEL ORDÓÑEZ/FORUMLIBERTAS.COM
Coincidiendo con la alerta de Bruselas de que España no cumplirá su objetivo de superávit en 2008 y 2009, el diario El País informa el pasado jueves, 26 de junio, de que “la inmigración está actuando como colchón frente a la crisis”. La inmigración, ¿colchón frente la crisis económica? Así lo considera El País, pero falsea el enfoque al ignorar la contabilidad generacional de esos inmigrantes, pensiones incluidas.
Vaya por delante el reconocimiento de que la aportación de los inmigrantes al crecimiento económico español es positiva. Un reconocimiento que se suma al innegable derecho que les asiste a encontrar un trabajo digno.
Sin embargo, quienes como El País plantean el fenómeno migratorio en los términos en que lo hace este diario, falsean el enfoque global al ignorar otros aspectos importantes, entre ellos la contabilidad generacional de esos inmigrantes, pensiones incluidas.
El buque insignia del Grupo Prisa dice en su información que “sin el choque demográfico generado por la inmigración, ‘España habría sido mucho menos resistente a la ralentización económica de la economía mundial en 2001’”, tal como señala el informe anual de la Comisión Europea.
Aportan el 25%
A continuación, hace referencia al hecho de que “el impacto de los inmigrantes en las cuentas públicas también resulta muy positivo. En 2007, los no nativos aportaron un 0,6% del superávit público, es decir un 25% del total”.
“Ello es debido a que sus contribuciones crecieron un 2,7%, mientras que sus gastos aumentaron sólo el 2,1%, principalmente en salud, educación y pensiones”, añade el diario.
Por último, El País destaca en su información que “la Comisión prevé que esta aportación positiva seguirá en 2008 con un 0,4% y en 2009 con el 0,2%”, y concluye que “Bruselas alerta de que, dado que los emigrantes representan el 25% de los trabajadores de la construcción, comparados con el 14% del conjunto de la economía, cabe esperar que el ajuste en el sector de la vivienda tendrá su impacto sustancialmente en la fuerza laboral no nativa”.
Cabe reconocer, pues, que los inmigrantes de más de 16 años en España, representando el 11,4% de la población total en edad de trabajar, aportan el 25% del superávit español.
Falseando el enfoque
Todo esto es cierto, aunque se trate de una verdad a medias. El País falsea el enfoque al contrastar estos porcentajes y mostrarlos como un paradigma de que la inmigración es totalmente beneficiosa para la economía española, ya que silencia algunas cuestiones fundamentales.
Por ejemplo, que ese 11% de población inmigrante que aporta el 25% del superávit está compuesto mayoritariamente por inmigrantes en edad de trabajar, mientras el 89% restante de la población española tiene el lastre de los jóvenes en edad de estudiar y los pensionistas.
Al mismo tiempo, se falsea también la perspectiva en el sentido de que, para ver la aportación real de los inmigrantes a las finanzas totales, se ha de tener en cuenta la contabilidad generacional, que es la que se obtiene del ‘saldo vital neto’, es decir, lo que aporta y recibe una persona a lo largo de toda su vida.
Así, se debería de incluir también en el cómputo total el cálculo de lo que esos inmigrantes cobrarán en concepto de pensiones. En ese sentido, según datos de 2004, el saldo vital neto muestra un resultado negativo en 15.091 euros por persona.
Sin superávit
Por otra parte, volviendo a las previsiones de la Comisión Europea sobre el superávit español para estos dos años próximos, que el Gobierno calculaba en un 1,2% del PIB, Bruselas ya ha advertido de que prevé un superávit para España del 0,6% del PIB en 2008, y que desaparecerá por completo en 2009.
Dice la Comisión que la previsión de los presupuestos generales del Estado para 2008 se basan en un “escenario macroeconómico optimista” que no se corresponde con la actual desaceleración económica.
Si a ello se suma el incremento del gasto provocado por las “medidas discrecionales recientemente adoptadas”, sobre todo la devolución de los 400 euros en el IRPF, el resultado es que el objetivo de superávit “no parece que pueda alcanzarse”, añade la Comisión Europea.
