Elmanifiesto.com
Esta es la crónica de Paloma Díaz Sotero, de El Mundo, con información de Efe, que UPyD ha publicado en su web:
“La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, preguntó ayer a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, si se siente «horrorizada» -como dijo en Níger tras fotografiarse con un hombre y sus tres esposas- por la «eficacia jurídica» que el Ejecutivo otorga a los matrimonios polígamos concebidos en Túnez y Marruecos.
En un escrito registrado en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez argumenta que, aunque en nuestro país están prohibidos los matrimonios poligámicos, existen convenios bilaterales con los citados países reconociendo el derecho a cobrar la pensión de las mujeres que, según la legislación de aquellos estados, han quedado viudas.
Para la diputada de UPyD, esto supone dar «eficacia jurídica» a la poligamia y «nada impediría que se otorgase esa eficacia a otras instituciones jurídicas», informa Efe.
Fuentes del Ministerio de Igualdad se abstuvieron ayer de hacer cualquier comentario y emplazaron a la respuesta parlamentaria escrita que, dijeron, coordinarán con Vicepresidencia.
Díez preguntó, además, cuántas pensiones de viudedad han sido reconocidas por el fallecimiento de hombres polígamos.
El convenio que regula el pago de pensiones a esposas de fallecidos procedentes de Túnez data de 2001, curiosamente, cuando este país ya tenía abolido el matrimonio polígamo. Con Marruecos fue firmado en 1979, aunque fue revisado en 1998. Ambos fueron firmados por gobiernos del PP, alegaron ayer fuentes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Cualquier trabajador que venga de estos países y cotice genera el derecho a una pensión de viudedad cuando fallezca. Si se personan varias viudas a reclamar su prestación, la Seguridad Social «se lo deniega» y se lo concede sólo a una de ellas, si acredita un matrimonio en España, salvo en el caso de que el hombre sea marroquí o tunecino.
En esos casos, «se prorratea» la única pensión que ha generado el trabajador. Es decir, si la asignación es de 500 euros, se repartiría entre las mujeres a partes iguales, explicaron fuentes de la Secretaría de Estado.
Los convenios firmados, añadieron, no se pueden suprimir unilateralmente. Lo único que puede hacer uno de los dos gobiernos firmantes es denunciarlo y entablar conversaciones al respecto con el otro país, explicaron.
Cuando las viudas de fallecidos procedentes de otros países se encuentran con la negativa de la Administración, recurren a los tribunales. «Un buen número de sentencias reconoce el derecho a repartir la prestación siguiendo el derecho que genera la tradición de esos países», aseguran en la Seguridad Social.
Rosa Díez reclamó también la postura del Gobierno en los casos judicializados y la sentencia que, en su opinión, debería emitir el Tribunal Supremo.”
