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La información de El Mundo la firma Ana del Barrio. Es un interesante recorrido por las posiciones de Corbacho sobre un fenómeno que el ahora ministro ha vivido muy de cerca. L’ Hospitalet –recuerda el diario- es uno de los municipios catalanes con un mayor número de inmigrantes, que rondan los 53.806 frente a 198.042 españoles. Hospitalet multiplicó su población inmigrante desde el 4 al 23%. “En poco tiempo –decía el entonces alcalde y hoy ministro- nos encontramos con barrios en los que el 40% de los vecinos eran inmigrantes, y colegios con un 80% de extranjeros".
Esta cercanía al problema ha hecho que Celestino vea las cosas con crudeza. El Mundo recoge algunas frases notables: “La inmigración está creando una realidad nueva que nos hace estar a todos más inseguros". Los inmigrantes pueden reducir los derechos de los españoles y hacer retroceder el Estado del Bienestar: "Si antes había 10 personas con derecho a una beca de comedor, y ahora hay 20 personas que la quieren, no hay que dársela a los diez últimos que han llegado. Habrá que aumentar las becas del comedor hasta 20". "No se puede permitir que los chinos abran sus tiendas en festivos o que los paquistaníes vendan bebidas alcohólicas a partir de las 11 de la noche".
Más cosas en el mismo sentido: los inmigrantes deben hacer esfuerzos para integrarse en el país y respetar "unos valores comunes para que la convivencia no se ponga en riesgo". "El fenómeno de la inmigración se coloca en una escalera, se coloca en un barrio y se coloca en una ciudad, pero mi opinión es que ni la escalera, ni la ciudad, ni el barrio pueden funcionar nunca con la norma del último que se empadrona".
Al mismo tiempo, sin embargo, Celestino es partidario de conceder a los inmigrantes el derecho a voto, por razones de integración: "si estas personas no pueden votar, no van a estar pendientes de lo que pasa en la ciudad en la que viven". El Mundo recuerda que el PSOE ya promovió en agosto de 2006 una proposición no de ley en el Congreso para que los extranjeros residentes legales pudiesen acudir a las urnas en las elecciones municipales, una iniciativa que contaba con el visto bueno del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, ZP no se atrevió a abordar el asunto en la pasada legislatura. Tan sólo el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se refirió a esa posibilidad, pero fue rápidamente desautorizado por la vicepresidenta Fernández de la Vega.
