MANUEL FUNES ROBERT
La policía de Barajas ha creado un grave contencioso con sus errores y arbitrariedades a la hora de autorizar la entrada de turistas y visitantes brasileños. El tema ha llegado al nivel de Lula y Zapatero y ha provocado en nombre de la lógica reciprocidad problemas importantes a los visitantes españoles a Brasil.
A las autoridades brasileñas y a las víctimas de las referidas arbitrariedades me permito recordarles que la ley del Régimen Jurídico de la Administración establece el principio de la responsabilidad civil del Estado por los daños y perjuicios nacidos “de un funcionamiento anormal de los servicios púbicos”. El mínimo contenido de las reclamaciones debe ser el coste de los billetes pagados en origen y declarados inservibles a efectos prácticos por la policía del aeropuerto.
Intervengo en el asunto y ofrezco información y ayuda porque me ha tocado vivir en persona y en directo uno de los desafueros cometidos. Coincidiendo con el tiroteo del que fue víctima un visitante a España en el aeropuerto madrileño, respecto al cual la policía se limitó a decir que “era un indigente” –recibió los tiros estando en el suelo- se ha producido la incidencia que seguidamente relato.
Ángel Funes Rivas, agregado comercial de España en Sao Paulo desde el año 2000 al 2005, contrajo matrimonio en dicha ciudad con Sandra Ramos de Acevedo. Ya en España, en julio de 2007 invitan a una amiga de Sandra a pasar unos días en España. Esta se presenta en el aeropuerto con una carta de invitación de Ángel y billete de ida y vuelta. La policía le niega la entrada por no considerar suficiente la carta de invitación. Ángel se presenta ante la policía con los documentos que acreditan su condición de miembro del Cuerpo Diplomático español en Brasil en los años citados y dispuesto a confirmar y a hacerse responsable de cuanto se le pida en relación con la invitación y estancia de la amiga de Sandra. El agente encargado se niega a ver la documentación que se le ofrece y después de 35 horas de detención de hecho se devuelve a su país a la invitada.
20 horas de viaje de avión y un coste cercano a los 1000 € a cambio de los cuales esperaba conocer un país y convivir unos días con sus amigos solo le sirvieron para conocer lo que es estar detenida en un recinto limitado. Dirigí dos cartas al ministro Rubalcaba, que no se ha dignado a contestar, haciéndolo varios meses más tarde a través de su jefe de gabinete afirmando que la redacción de la carta no era suficiente.
Quienes tienen tanta responsabilidad no tienen necesidad de ser expertos en Derecho para comprender que cuando el invitante se presenta en persona y se ofrece a completar lo que pudiera faltar y a hacerse responsable de cuanto se le pida en relación con ese viaje los presuntos defectos son subsanables automáticamente, pues nada asegura tan fehaciente la validez de una invitación como la presencia del invitante ante la autoridad, en este caso incompetente y no competente. Si esta incidencia se ha producido al nivel relatado podemos imaginar la serie de arbitrariedades cometidas cuando el rango de los intervinientes no es de este nivel.
El cese fulminante del jefe de policía de Barajas es el primer paso para acabar con este incidente diplomático. El segundo paso tras analizar caso por paso, compensar a las víctimas como mínimo con el coste invertido en tan desafortunada experiencia.
