Educación para la Ciudadanía: objeción de conciencia

Varias asociaciones civiles y profesionales han comenzado una campaña para aplicar la objeción de conciencia a la asignatura "Educación para la ciudadanía". El Gobierno, en repuesta, ha amenazado con suspender a todos los alumnos cuyas familias se acojan a la objeción. Talante.

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EMC (Madrid). Por el momento, y según una reciente encuesta promovida por Televisión Española, el 56% de los españoles está a favor de la objeción de conciencia contra la nueva asignatura. El primer caso ha aparecido en un colegio de Toledo: el San Juan Bautista, de carácter concertado. La dirección del centro ha aceptado la solicitud de objeción de conciencia. Según las asociaciones que promueven la objeción, se trata del primer gesto en una movilización ciudadana que esperan masiva.

¿Qué se sabe realmente sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía? En realidad, pocas cosas seguras. El Gobierno ha aplicado en este asunto –como en muchos otros- el acreditado sistema de los globos sonda, que consiste en ir lanzando noticias sin estricta confirmación oficial para, simultáneamente, esperar reacciones e ir preparando a la opinión. A juzgar por los borradores que se han ido conociendo, lo que sabemos sin género alguno de duda es que se trata de una asignatura con carácter de doctrina moral; que se ha gestado en el laboratorio ideológico del PSOE en la Universidad Carlos III, cuyo rector –aparentemente vitalicio- es Gregorio Peces Barba y de la que han salido varios altos cargos del actual Gobierno; que sus principios generales se atienen a una rígida combinación de relativismo y progresismo, conforme a la actual ideología socialista; por último, que el Gobierno parece dispuesto a imponerla contra viento y marea, pese a quien pese y por encima de cualquier otra consideración.

Hoy por hoy, los hechos son los siguientes. Uno: la inmensa mayoría de las familias pedía la asignatura de Religión, pero el Gobierno la ha marginado en su nueva ley. Dos: a cambio, el Gobierno introduce como obligatoria una asignatura de doctrina moral, “educación para la ciudadanía”, que nadie estaba pidiendo. Tres: esa nueva asignatura oficial expresa principios y puntos de vista particulares que chocan con las convicciones de buena parte de la sociedad. Cuatro: en uso de su derecho constitucional, varias asociaciones cívicas llaman a la objeción de conciencia. Cinco: el Gobierno, en una actitud simplemente coercitiva, amenaza con suspender a los alumnos cuyas familias objeten la nueva asignatura. Así las cosas, todo se plantea como un enfrentamiento irresoluble entre el Estado y una parte importante de la ciudadanía.

La cuestión de fondo es la naturaleza del derecho a la educación. La educación es un derecho de los ciudadanos, y así se recoge en el artículo 27 de la Constitución; no es en modo alguno una potestad del Estado, sino que a éste se le atribuye expresamente una función de carácter asistencial, para garantizar que el derecho de los ciudadanos a la educación se verifique. El Estado puede señalar las materias que se imparten en el sistema de enseñanza, pero en ningún lugar se le reconoce el derecho a imponer asignaturas de corte doctrinal; al revés, la Constitución habla expresamente de que el Estado, en esta materia, buscará la participación de los sectores afectados. En este contexto, es evidente que el Gobierno Zapatero, con la asignatura de “educación para la ciudadanía”, está yendo mucho más allá de sus estrictas atribuciones. En consecuencia, el recurso a la objeción de conciencia por parte de varias asociaciones civiles parece plenamente justificado.

Las principales asociaciones que promueven la objeción de conciencia contra la nueva asignatura obligatoria son el Foro Español de la Familia, Profesionales por la Ética, Plataforma Cheque Escolar, Hazte Oír, el Centro Jurídico Tomás Moro, ANDOC y la CONCAPA. Puede obtenerse más información sobre este asunto en esta dirección de Internet: www.objetamos.com

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