Ignacio Santa María
Primero Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, y luego el lobby feminista-radical del PSOE, han visto la posibilidad de sacar provecho de los acontecimientos para exigir lo que denominan una “ley de plazos” (que permita el aborto hasta las 12 ó 14 semanas en todos los casos). Dirigentes socialistas como Maribel Montaño, Diego López Garrido, Juan Fernando López Aguilar y Leire Pajín, entre otros, acorralaron a Zapatero en la Comisión Ejecutiva federal hasta arrancarle una frase de aprobación a la pretensión de incluir esa ley de plazos en el programa.
Los partidarios del aborto libre argumentan que la ley de plazos ya estaba en el programa con el que Zapatero concurrió a las elecciones en 2004. Ciertamente, este documento prometía el establecimiento de un “sistema de plazos”. En cualquier caso, los mensajes de la semana pasada constituían de hecho el tercer globo sonda que lanza el PSOE para tantear el grado de aceptación ente el electorado de las políticas más laicistas y radicales. Primero fueron las palabras del ministro Bermejo sobre la eutanasia; después, el documento sobre la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado y ahora el apoyo al aborto.
Un giro oportunista
Sin embargo, tan sólo en 24 horas el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista daban un giro a la situación. Zapatero se encargaba de restar importancia a su frase del día anterior y los diputados echaban por tierra una moción de IU-ICV que promovía la ley de plazos.
¿A qué se debió esta repentina rectificación? ¿Es que Zapatero titubeó ante la posibilidad de tener que cargar sobre su conciencia la muerte de cientos de miles de inocentes? Por desgracia, nada más lejos. La causa de la rectificación está más bien en algo tan prosaico (pero a la vez tan sagrado para los políticos) como los cálculos preelectorales. En Ferraz son conscientes de que los votos que podría ganar el PSOE con un apoyo explícito al aborto podrían verse superados por los que perdería desde los sectores católicos o sencillamente de quienes defienden la vida por encima de cualquier otra consideración.
Zapatero podría incluir explícitamente la reforma de la ley en el programa, pero también podría recurrir a su táctica favorita, la del disimulo, e introducir este tipo de medidas después, en caso de ganar las elecciones. Sea como fuere, no parece que el secretario general del PSOE vaya a resistir la dura campaña mediática y política a la que estamos asistiendo estos días a favor de la despenalización.
Estos días, los políticos se han retratado perfectamente frente a la cuestión del aborto y a los electores ya les deberían caber pocas dudas. Los dos únicos líderes que se mostraron taxativamente en contra de cambiar la ley y partidarios de hacerla cumplir fueron Mariano Rajoy y Durán i Lleida. Mientras, los nuevos partidos que tratan de ganar el centro sociológico, Ciutadans y la formación de Rosa Díez, no han querido pronunciarse (muy sospechoso).
Siendo realistas, hay que admitir que es imposible eliminar cualquiera de los tres supuestos de despenalización que están actualmente vigentes. La vía más acertada pasa por evitar el fraude masivo que se produce a través del supuesto de riesgo para la integridad psíquica de la madre (al que se acoge el 98% de los abortos practicados en España). La fórmula más viable es luchar contra este fraude de ley con la ayuda de los jueces y las fuerzas de seguridad.
