El mejor modo de defender la libertad: ejercerla
Intelectuales contra Educación para la Ciudadanía
elmanifiesto.com
23 de noviembre de 2007
Esta semana se ha presentado en Madrid el manifiesto “La mejor manera de defender la libertad es ejercerla”, contra la imposición obligatoria de la asignatura Educción para la Ciudadanía y en defensa de una auténtica libertad en el campo de la enseñanza. Entre los firmantes, nombres como Gustavo Bueno, César Alonso de los Ríos o Stanley Payne. En el acto de presentación del manifiesto intervinieron Cristina López Schlichting, Juan Ramón de la Serna y el director de Elmanifiesto.com, José Javier Esparza. Reproducimos íntegro el contenido de este importante documento, nuevo ejemplo de la oposición social a los abusos del Gobierno Zapatero.
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Un nuevo curso escolar. La vuelta a las aulas y al trabajo despierta, aunque sólo sea por un momento, el deseo de una vida llena de significado. Para nosotros y para nuestros hijos. Es la virtud de todo lo que comienza: reaparece el deseo que parecía olvidado. Este deseo es el principal recurso de cualquier esfuerzo educativo, porque estimula la curiosidad y las preguntas sobre todas las cuestiones de la vida.
La censura de este deseo y de sus implicaciones educativas, como si fuera algo irrelevante, está en la raíz de la situación de “emergencia educativa” que sufre nuestro país. Las cifras de fracaso escolar o la disminución de los niveles de conocimiento son ciertamente preocupantes. Pero no menos inquietante resulta que en las familias y en los colegios, también en los que se obtienen buenos resultados académicos y se habla de valores, no se consiga despertar el interés de los jóvenes por las materias que estudian y, lo que es más grave, por su propio destino. Se quedan así a merced de cualquier tipo de poder y del tedio. “Las crisis de la enseñanza –escribía el pensador francés Charles Péguy- no son crisis de enseñanza, son crisis de vida. Una sociedad que no enseña es una sociedad que no se ama, que no se valora; justo el caso de la sociedad moderna”
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Ante la evidencia de que la educación en nuestras escuelas no está a la altura de su objetivo, el Gobierno ha tratado de dar una respuesta con la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía. Una materia que, en la intención de sus defensores, permitirá modelar la mentalidad de nuestros jóvenes y, a la larga, cambiar la sociedad.
Miles de estudiantes de secundaria han comenzado a cursar esta asignatura, mediante la cual el Estado busca apropiarse de la formación de las conciencias. La supuesta neutralidad de la asignatura, tan proclamada por el Gobierno y sus mentores ideológicos, salta por los aires en cuanto se comprueba que pretende responder a las preguntas sobre el significado de la vida, sobre el bien y el mal, sobre el camino de la felicidad personal y sobre la justicia en las relaciones humanas. Los mismos que teorizan la radical separación entre el ámbito público y el privado, para expulsar la religión de la vida social, aparecen ahora invadiendo desde la esfera estatal lo más íntimo de las conciencias.
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Por esta razón, los padres y los propios alumnos defienden la esencia de sus libertades cuando utilizan todos los medios que pone a su disposición el Estado de Derecho para oponerse a su implantación obligatoria. Pedimos a los responsables políticos que cambien los decretos que establecen los contenidos de esta asignatura y busquen un acuerdo básico sin el cual ninguna reforma política, y mucho menos en educación, será viable. Mientras tanto nos sumamos al movimiento social de repulsa que ha provocado la asignatura de Educación para la ciudadanía utilizando todos los recursos legítimos contra su implantación, incluida la objeción de conciencia.
Los poderes públicos, por mandato constitucional, deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban una formación moral y religiosa acorde con sus propias convicciones, tanto en la enseñanza estatal como en la de iniciativa social. La implantación de la Educación para la ciudadanía vulnera ese derecho y debe ser. rechazada.
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Ninguna intromisión del Estado puede impedir que existan experiencias educativas verdaderas. Mientras se resuelve la batalla política y jurídica sobre esta asignatura (que esperamos desaparezca o se redefina profundamente), su implantación supone un reto para que jóvenes y adultos juzguen sus contenidos desde la exigencia de verdad que nos constituye y que tiene un carácter objetivo. Ejercer este juicio es la condición necesaria para educar y también para establecer un auténtico diálogo.
La mejor manera de defender la libertad de educación es ejercerla. Fomentar experiencias educativas enriquece nuestra democracia. La laicidad del Estado se mide por su estima hacia las iniciativas que nacen de individuos y grupos sociales concretos, y muy especialmente hacia la libertad de educación.
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