Jorgey Soley Climent
Un amigo argentino que ha sido director de colegio en su país natal y en España, me explicaba no hace mucho la falta de libertad real que ha experimentado al venirse a vivir a España. En Argentina dirigía un colegio en Mendoza que se caracterizaba por introducir la enseñanza del latín, primero, y del griego, algo más tarde, a partir de los once años. Los alumnos llegaban a la universidad con un bagaje cultural muy importante y, de hecho, sus calificaciones, tanto en las pruebas nacionales de acceso a la universidad como en sus mismas carreras universitarias eran magníficas. Un número de padres de familia suficiente para asegurar la viabilidad del colegio valoraban esta apuesta educativa basada en las lenguas clásicas y el colegio era viable. Viabilidad económica, padres y alumnos que valoraban y elegían ese método y resultados contrastables constituían la base de una experiencia educativa francamente interesante. Pues bien, cuál no ha sido su sorpresa cuando ha descubierto que en España esto es sencillamente imposible. Imposible e ilegal.
España: dirigismo asfixiante
Aquí el currículo está fijado por el Ministerio y las Comunidades Autónomas hasta en su más pequeño detalle, marcando las horas que el colegio debe dedicar a cada asignatura. No existe la posibilidad de reforzar alguna área concreta ni de hacer propuestas diferentes. La libertad de educación se entiende, de modo muy pobre, como libertad para elegir un colegio u otro, con mayor o menor degradación de la enseñanza o incluso buena salud, pero nunca para optar por diferentes tipos de educación.
Se nos dirá que no se puede comparar nuestro entorno, europeo, con el hispanoamericano, que se trata de realidades distintas. Quizás, pero quien haya leído el estudio de Inger Enkvist Educación, educación, educación, que repasa la reforma educativa impulsada en Gran Bretaña a lo largo de la última década, descubrirá con una mezcla de asombro y admiración (y, lo confesamos, algo de envidia) que también allí los colegios son libres de proponer sus propios currículos: aparecen colegios donde se prima la música, la tecnología, las lenguas… Los resultados, que son medibles, avalan esta apuesta por la libertad educativa real, todo lo contrario a nuestras pésimas posiciones en todo ranking educativo que se precie.
Por supuesto que quienes están obsesionados por el control de cualquier actividad humana se llevarán las manos a la cabeza y reclamarán para el Estado la responsabilidad de asegurarse que todos los alumnos, sean del colegio que sean, posean unos conocimientos mínimos indispensables. Podría replicarse que el Estado se ha mostrado, en España, tremendamente ineficaz para asegurar esos conocimientos indispensables, algo que cualquier profesor universitario ratificará por experiencia directa. En cualquier caso, ese objetivo no es incompatible con la libertad de currículo (incluso sospecho que ésta es la única vía para lograrlo): que el Estado nos diga qué deben saber los alumnos y dé libertad para organizarse cada uno como crea conveniente. Aquí también la experiencia británica puede darnos pistas sobre cuál es el camino a seguir: exámenes universales al finalizar cada etapa educativa, una especie de selectividades para cada nivel de la enseñanza media.
La imposición por parte del Estado de la asignatura de Educación para la Ciudadanía es una agresión a la libertad de educación al constituir una intromisión en un derecho que pertenece a los padres de familia: decidir qué educación moral quieren para sus hijos. Pero quizás haya llegado el momento de ir un paso más allá y preguntarnos por qué el Estado tiene que fijar el currículo. Mientras no podamos decidir si nuestros hijos tienen que hacer una hora más de matemáticas o una menos de educación física, la libertad de educación no será plena en España.
