Fernando de Haro
En la tarde-noche del miércoles 10 de octubre, cuando ya estaba claro que los nacionalistas catalanes y vascos iban a sostener la personal apuesta de Zapatero con la Memoria Histórica, un diputado del PP –con una pertenencia eclesial muy nítida- se dedicó a salvar lo poco que quedaba por salvar. Sus gestiones dieron éxito y consiguió que la gente de CiU, además de reclamar algunas “frasecitas” sin consecuencias sobre la persecución religiosa, cambiaran el texto para que los benedictinos del Valle de los Caídos pudieran seguir viviendo en la abadía que se erigió por disposición pontificia. Al menos los monjes que rezan por las 50.000 víctimas (20.000 de un bando y 30.000 de otro) enterradas junto a su casa quedan como el signo de la reconciliación.
El proyecto de ley que se ha empezado a debatir en el Congreso regula y establece un nuevo derecho... lo de Zapatero ya sabemos que es crear nuevos derechos. En el artículo 2 se establece “el derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar (...) frente a cualquier forma de violencia personal de (...) la Guerra Civil y la dictadura”.
Derecho a la Memoria. Precisamente éste es el título de un libro publicado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de Deusto. El derecho subjetivo a la memoria se ha vinculado por estas y otras instituciones al derecho que tienen las víctimas a ser reparadas por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Se ponen como ejemplos los ataques sufridos por las llamadas poblaciones indígenas de América Latina. Se recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la reparación a las víctimas de lesa humanidad y de guerra, los pronunciamientos del mismo tipo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero todo el derecho subjetivo a la reparación moral de las víctimas, que desde luego tiene algo que ver con la memoria, está vinculado al pronunciamiento de un tribunal o de una corte.
El problema de la futura Ley de Memoria Histórica es que el Congreso, reflejando la voluntad del Gobierno, se ha convertido en ese tribunal. El Gobierno decide, por ejemplo, que el hecho que genera el derecho a la reparación moral es la Guerra Civil y la Dictadura. ¿Y por qué no considera otros hechos que también provocaron víctimas? ¿Por qué no tienen derecho a esa reparación las víctimas de la persecución religiosa del 34? ¿O los jesuitas expulsados (la expulsión es también una forma de violencia) en el 32? No ha habido una instancia en la que se haya discutido jurídicamente quién es víctima y de qué hechos. No hubo necesidad de tribunales ni comisiones de la verdad porque se hizo la transición de modo que la reparación que unos y otros necesitaban no se trasladó nunca al terreno jurídico. El pueblo español tenía la herida cerrada. A la generación que ahora tiene la edad de Zapatero se nos educó en el amor por la unidad. Ahora el Gobierno se ha erigido en tribunal.
En realidad, el derecho subjetivo de la memoria es lo que menos le interesa. El presidente del Gobierno lo explicó con claridad hace unos días en el Foro del diario ABC: “Como la Iglesia va a tener sus mártires, y yo lo respeto, el Ejecutivo impulsa su Ley de Memoria Histórica”. En un nuevo ataque a la laicidad, Zapatero concibe al Estado como una Iglesia. Lo de menos son los derechos, lo importante es que el Estado construya un nuevo imaginario sobre la Guerra Civil o la Dictadura. Como ha hecho con el matrimonio o con la clonación.
