Francisco A. López Cabello
Asistimos atónitos al espectáculo periodístico protagonizado en este año de 2007 por Juan José Ibarreche. Resulta que este presidente autonómico quiere convocar una consulta sobre “autodeterminación” de una región de España; parece que no ha entendido nada, cosa habitual en su ciego y soberbio círculo político.
La consulta que el sr. Ibarreche quiere plantear para 25 de octubre de 2008, no tiene nada que ver con los problemas reales de la sociedad, paro, vivienda, inmigración y terrorismo, o a lo peor, solamente tiene que ver con este último, siendo esto lo grave, el sustentar un supuesto remanso de paz, feliz paraíso político, en las pistolas y las bombas de ETA.
Según la propuesta ya planteada a 16 de octubre de este 2007 ante el presidente del Gobierno español, “el electorado debe validar un “proceso de negociación política”, ocultando en qué consiste de manera real lo que se pretende decidir o hacer decidir al pueblo vasco (evidentemente una vez que la disidencia esté amordazada por el terrorismo).
Para estudiar adecuadamente el órdago separatista, en primer término hay que ver que es vergonzosa la pretensión de que mediante un simple referéndum se pueda socavar una comunidad de vínculos que perdura durante tantos siglos y que hizo de España el primer germen de lo que en el Orbe se llamó Estado moderno. No obstante lo cual, España es mucho más que un Estado, pues ya antes de que se fijase el término “nación”, constituía una de las “comunidades canónicas” del Bajo Imperio romano que luego han dado su ser a las cinco naciones canónicas europeas.
Pero fijándonos en la propuesta concreta de Ibarreche, llama la atención otro punto, que el presidente de una comunidad autónoma, esté tan seguro de sí que se arrogue competencias y capacidades soberanistas, cual si fuera un jefe de estado con tintes por lo demás a lo “Tirano Banderas”.
Lo que dice la ley
Lo grave del asunto es el empecinamiento en considerar un referéndum ilegal como algo plausible y necesario. La mentira se lleva repitiendo por espacio de más de dos años: la consulta es “legal, legítima y democrática”.
Ciertamente no es difícil darse cuenta de que el “Plan Ibarreche” es un disparate, pero una leve mirada al Derecho nos hace comprender su ilegalidad. La Constitución, que es la ley de leyes nos guste o no (incluyendo al sr. Ibarreche y otros separatistas), prescribe en su artículo 149.1.32 de quién es la competencia para autorizar estas consultas. El tenor de la ley es claro, el artículo 149 se refiere a las competencias exclusivas del Estado. A menos que exista una esquizofrenia jurídico-política absoluta, el sr. Ibarreche es incompetente (en el sentido jurídico del término, en el sentido habitual no nos pronunciaremos aquí) para convocar a referéndum. Más todavía, la Constitución esboza solamente la cuestión en tanto que es luego desarrollada por Ley Orgánica. La Ley que trata la cuestión es mucho más clara al respecto, razón por la que encomendamos al sr. Rodríguez Zapatero que regale un manual de Aranzadi al “Luis XIV de Llodio”, a ver si le encuentra sentido a sus pretensiones. El artículo 2 de la Ley 2/80 vuelve a recordar cómo la competencia para los “referenda” es exclusiva del Estado “en cualquiera de sus modalidades”, lo que también comprende sin duda a un referéndum como este, por muy vasco que sea.
Sigue el punto segundo del artículo diciendo: “La autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente, salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados.” Es decir, que la responsabilidad de que este desafuero se lleve a cabo si es que ocurre, derivará en todo caso de la inanidad de quien ocupe el Palacio de la Moncloa. De este modo, la cabal defensa del orden jurídico compete hoy por hoy al sr. Rodríguez Zapatero, que ya ha dicho un “no” a Ibarreche, a nuestro juicio un tanto con la boca pequeña.
A partir de aquí ya todo son preguntas: ¿Firmará el rey la convocatoria de un referéndum que trata de demoler de un plumazo todo el sistema político español? ¿Se dejará participar a todos lo españoles, o sólo a los vascos, o incluso sólo a los vascos bajo tutela de ETA? ¿Habrá entendido algo Ibarreche? O mejor ¿Qué parte del “no” es la que no ha entendido?
