El pasado que no pasa

La ley de la revancha histérica

Es de las pocas cosas que aún pueden salirle bien antes de que acabe la legislatura: la Ley de Memoria Histórica, es decir, la inversión de 1939. Zapatero la necesita para seguir mostrándose como líder de un amplio bloque “progresista”, capaz de absorber votos de la extrema izquierda y, al mismo tiempo, confinar a la derecha en los márgenes del fascismo vergonzante. Para eso ZP ha resucitado a los fantasmas de la guerra civil, sumiendo al país en una extraña atmósfera de pesadilla inacabada. El borrador aprobado en la Comisión Constitucional del Congreso no es más que un documento de trabajo, pero lo han vendido como un acuerdo definitivo. La verdad es que no hay tal. Aún es dudoso que llegue a haberlo.

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J.J.E.
 
Entonces, ¿qué hay? En realidad, sólo una serie de puntos que ofrecen una rara mezcla de revanchismo primario y pasteleo institucional.
 
Por ejemplo, la Ley dice que tendrán que ser borrados, bajo penas económicas, todos los nombres de vías públicas y monumentos que ensalcen la guerra civil y la dictadura. Sería bueno preguntar si en ese capítulo de ensalzadores de la guerra entran también los que desde el lado del Frente Popular clamaron incesantemente por armar al pueblo, aniquilar a los “enemigos de clase” y desencadenar la revolución, y ello desde bastante antes de 1936, como Francisco Largo Caballero o Margarita Nelken, por citar sólo dos de los numerosos nombres de guerracivilistas de izquierdas que hoy poseen calles en abundantes municipios españoles. Si aplicamos ese punto del borrador de la Ley, habría que empezar por derruir –o, más moderadamente, “desplazar”- la estatua de Largo Caballero que preside el complejo madrileño de los Nuevos Ministerios, por ejemplo; el mismo lugar donde se retiró la estatua de Franco. Sin embargo, todos sabemos que ese punto del borrador no se aplicará a cualesquiera figuras identificadas con la guerra civil, sino sólo a las de un bando: el que la ganó.
 
Lo mismo ocurre con ese otro punto del borrador socialista, según el cual todos los que hayan sufrido persecución por motivos ideológicos, políticos o religiosos se verán compensados. La introducción del término “religiosos” no tiene otro objeto que satisfacer a los nacionalistas vascos y catalanes, que aún reivindican su pertenencia a la órbita democristiana y que, por tanto, no pueden cerrar los ojos ante la evidencia de la cruel persecución republicana contra los católicos. Si finalmente la ley contempla eso, será interesante ver cuántas de las 60.000 víctimas del terror rojo piden unas compensaciones que el régimen de Franco no les dio. Pero todos sabemos, de antemano, que ese caso no se producirá, y que la compensación sólo beneficiará a quienes puedan exhibir un pasado de persecución por la dictadura de Franco.
 
Al final, ¿qué quedará de la Ley de Memoria Histórica? Si realmente llega a convertirse en ley firme, esta iniciativa no va a hacer otra cosa que instaurar en el país un clima irrespirable de buenos y malos, de revanchas y contrarrevanchas. Zapatero ha conseguido que otra vez vuelva a haber dos Españas. Esta ley la consagra. Se entiende que los partidos secesionistas la hayan apoyado: es el mejor modo de crear división.

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