Salimos del estado de alarma, pero que nadie se engañe, al gobierno de Sánchez e Iglesias se le ha visto el plumero con toda claridad y, como es evidente, no se va a detener en la aplicación de su agenda política. Los españoles somos mayoritariamente gente mansa, y ante la apariencia de normalidad tendemos a la relajación y a dejar hacer mientras las bases morales de nuestra sociedad siguen siendo sustituidas por la nueva ortodoxia. No digo que, después de lo que hemos pasado, no tengamos derecho a relajarnos y a disfrutar de la libertad recuperada; pero sin olvidarnos de que esta historia no ha terminado (y no me refiero al virus). La pandemia no ha sido más que un paréntesis —y una excusa— que ha servido al gobierno para acelerar su proceso de conversión social.
Hagamos balance, en un Estado democrático comme il faut jamás se habría permitido que el gobierno vulnerase los límites del estado de alarma para aplicar de facto un estado de excepción, limitativo de derechos fundamentales. Los ciudadanos deberíamos haber bramado desde nuestras madrigueras forzando a que todos los grupos parlamentarios con más de cincuenta diputados o senadores, el Defensor del Pueblo, los gobiernos de las Comunidades Autónomas y sus asambleas legislativas interpusieran, desde el primer momento, recursos de inconstitucionalidad contra los Decretos-Leyes del abusivo gobierno. En un Estado democrático como Dios manda, una vez terminada la excepcionalidad debería ser abrogada toda la legislación extraordinaria y restablecido el régimen jurídico anterior a la declaración del estado de alarma. La opción contraria evidencia falta de buena fe, porque el mantenerla únicamente puede significar dos cosas: o que no se trataba en realidad de una regulación extraordinaria, o que se quiere mantener la excepción a pesar de haberse extinguido el estado de alarma.
Como es sabido, el gobierno carece del apoyo parlamentario suficiente para desplegar a sus anchas su “nueva” política. En el fondo, le ha venido muy bien que se desatase la pandemia. ¿De qué otro modo podría haber modificado, entre otras, la ley que regula el CNI para dar cabida en la comisión que supervisa este centro a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias? Si tal reforma tuvo su causa en el estado de alarma, ¿por qué no se devuelven las cosas al punto en el que estaban el día 13 de marzo?
Ante esta situación, ¿qué actitud deberían adoptar nuestros partidos derechistas? Les aseguro, queridos amigos lectores, que la respuesta a esta pregunta no es sencilla, si tenemos en cuenta el actual espíritu de la mayoría de los españoles (al que antes me he referido). Dia sí y día también casi todos los medios de comunicación nos bombardean con la publicación de encuestas en las que se dice que ocho de cada diez encuestados reclaman al gobierno y a la oposición un “gran acuerdo de reconstrucción”. Los directores de los diarios y sus editoriales se manifiestan en el mismo sentido. Digamos que existe un estado de opinión generalizado que refleja que cualquier atisbo de confrontación está penalizado por los ciudadanos. Algunos dirán que tal circunstancia no sólo limita a la oposición, sino que también afecta al gobierno, lo cual en términos absolutos es cierto, aunque en los relativos no tanto. El gobierno ha hecho lo que hemos visto durante el estado de alarma, se ha quitado por completo la careta (pues hacía tiempo que lo veíamos venir) y nos ha demostrado, a todos, su falta de respeto por la Constitución y la democracia representativa; pero resulta muy difícil estar recriminándoselo y al mismo tiempo intentando llegar a acuerdos con él para tratar de resolver la crisis económica e institucional que podría terminar por sepultar a España. Este juego, en términos relativos, sigue beneficiando al gobierno. Si la oposición se muestra agresiva exigiéndole responsabilidades –lo cual sería lo más lógico, pues ha incurrido en muchas y muy graves— se dirá que actúa de forma egoísta tratando de desgastarlo, olvidándose del bien de los españoles. Si, por el contrario, se comporta de manera colaborativa y se aviene a llegar a acuerdos –digamos que dulcemente—, el gobierno se podría marchar de rositas y, en unos meses, como dirían los ingleses, habría pasado el momentum.
Quizá sea tiempo de “atarse lo machos” y, siguiendo el símil taurino, esperar lo más quieto posible la embestida del toro, esto es, del gobierno. Es cierto que el ruedo está envuelto de espectadores y de “toreros de salón” (los tertulianos y otros opinadores) que no hacen más que vociferar y exigirle al matador que abandone su aparente pasividad y que se ponga a la faena que en este caso es “pactar” con el gobierno, aunque por parte de éste todavía no haya la más mínima propuesta. La actitud del morlaco es poco dialogante, su único objetivo, en realidad, es cornear al diestro y, si le fuera posible, salir del encierro. El gobierno tiene muy clara su política. En ningún momento ha dejado de tener la agenda que le condujo hasta el 8-M. Sin embargo, si el diestro sabe esperar la oportunidad, aún permaneciendo quieto, y si consigue darle al toro un soberbio capotazo, seguramente arrancará una gran ovación y a los espectadores se les olvidará el tiempo que tuvieron que esperar. Escribió el sabio Sun Tzu que “si sabes llevar a tus enemigos a un punto del que no puedan salir, morirán antes de poder escapar”. La Derecha debe dejar que el gobierno “pida agua”. En esta corrida hay un personaje extraordinario que no suele verse en la mayoría de los festejos, que es el que paga la fiesta. Ante la bancarrota de las arcas públicas españolas, ya deficitarias de por sí, pero más todavía a consecuencia de la nefasta gestión de la Covid-19, el pagano tendrá que ser la Unión Europea. El modo en que lo haga es lo de menos. Ya sea por medio de subvenciones o de préstamos, los socios del norte de Europa no van a aflojar la pasta si no se cumplen unas mínimas condiciones. Entre ellas se encuentra la de que se produzca un acuerdo de gestión, sostenible en el tiempo, entre PSOE y PP, es decir, los dos partidos que en el corto y en el medio plazo pueden liderar el gobierno de España.
Como esta situación es impepinable, el gobierno en breve no va a tener más remedio que acatar los requerimientos de la UE para poder sufragar los altísimos costes de su política; pues de lo contrario tendría que someter a los contribuyentes a una presión fiscal poco menos que insoportable. La otra opción sería, al estilo bolivariano (la cual no es completamente descartable) empezar a expropiar y confiscar (hay quien a esto lo llama “nacionalizar”), empresas, fondos y propiedades. Pero para eso hace falta una reforma importante del ordenamiento jurídico que tanto mediante, como sin, estado de alarma requiere de un cierto tiempo, del cual carece actualmente el gobierno. Menos mal, porque de no ser así, tal y como pintan las cosas, más nos valdría empezar a ponernos a temblar.
Al final PSOE y PP no van a tener más remedio que negociar. Así que lo importante va a ser el precio. Si la Derecha desea cumplir plenamente su función, y si no, ¿para qué nos sirve?, tendrá que poner todo su empeño en salvaguardar los intereses de las llamadas “clases medias”. La clase media es la clave del arco de todo el sistema, y actualmente la razón de existir de la propia Derecha. Cuando la clase media se debilita corre peligro el capital moral de la nación, pues la nación existe y persiste en tanto en cuanto hay una clase media. Para los muy ricos la nación es prescindible, o como diría aquel, “es un concepto discutido y discutible”. Para los más pobres ocurre lo mismo ¿qué más da?, si a fin de cuentas no tiene nada que aportarles. Y lo que se dice de la nación se podría afirmar igualmente del Estado de Derecho y de las libertades públicas. Los muy ricos tienen su propio Estado de Derecho internacional muy consolidado. Los fondos de capital siempre encuentran algún refugio a salvo de los embates impositivos del fisco y sus propietarios son los primeros que cogen las maletas (quiero decir el jet) cuando las cosas se empiezan a complicar, como cuando se declaraba una peste en alguna villa o ciudad, pues los primeros en huir siempre eran los ricos, los únicos que tenían algún otro lugar donde poder ir. Los ricos se toman la libertad por la propia mano mientras que los pobres ya tienen otras cosas de las que ocuparse como para pensar en si el sistema de libertades y derechos fundamentales le cubre suficientemente (“¿libertad para qué?”, que diría Lenin).
Mientras llega la negociación conviene a los partidos derechistas no dejar de cumplir el resto de sus funciones, como es la de exigir la responsabilidad política, y en su caso jurídica, de quienes con su nefasta gestión han producido un considerable daño a los españoles. Una cosa no es incompatible con la otra. Respecto de esta inevitable tarea, acertar con el tono acaso sea lo más difícil. Se debe ser contundente mas no hiriente. Se puede ser riguroso sin parecer altanero ni amenazador. Se puede ser radical en los principios y al mismo tiempo amable en las formas. Son malos tiempos para ser político de derechas. Exige una especial habilidad que no se encuentra al alcance de todos. Así era incluso antes de la pandemia. Sin embargo, siempre hay algún modelo del que se puede tomar nota o alguien que ha sabido encontrar el tono y el compás adecuado; parafraseando a Joaquín Sabina, “pongamos que hablo (del alcalde) de Madrid”.
Juanma Badenas es catedrático de Derecho civil, ensayista y miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica.
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