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Empecemos por el principio: ¿Por qué los jueces españoles dependen de los partidos? La Constitución vigente dice así: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión” (Artículo 122.3).
Entre 1980 y 1985, ese artículo se interpretó del siguiente modo: doce vocales elegidos por los propios jueces y ocho por los grupos parlamentarios. Esto atribuía al poder legislativo –y, por tanto, al ejecutivo- una influencia notable sobre el poder judicial, pero la mayoría de los votos del Consejo (doce) estaba netamente en manos de jueces independientes de los partidos.
Sin embargo, en 1985 el PSOE, que gozaba de una amplia mayoría absoluta, desarrolló una Ley Orgánica en un sentido sensiblemente distinto: se depositaba sobre las cámaras la misión de proponer a los jueces y, además, se establecía un sistema de cuotas por asociaciones profesionales. El objetivo era que las asociaciones de jueces de izquierda, ostensiblemente minoritarias, tuvieran voz en el Consejo; una voz muy superior a su peso real en el mundo de la judicatura.
Politización de la Justicia
El sistema socialista de 1985 politizó definitivamente la Justicia. La mayoría necesaria para los acuerdos de renovación, fijada en tres quintos del parlamento, evitaba a priori que un partido pudiera imponer su voluntad sin consenso, pero eso no puede ocultar el verdadero problema: que el gobierno profesional de los jueces dependía de los partidos políticos y no de los jueces mismos.
El PP, teóricamente, estaba por volver al sistema original –esto es, un CGPJ mayoritariamente profesional-, pero en sus años de gobierno no hizo nada para caminar hacia ese objetivo. Al revés, el entonces ministro Michavila blasonó de haber logrado acuerdos con el PSOE para renovar el Consejo. En nombre del consenso, se perpetuaba el sistema de dominación partitocrática sobre la Justicia.
Desde su llegada al poder, Zapatero ha estado intentando renovar el CGPJ. El requisito de tres quintos de las cámaras para designar a los nuevos consejeros obliga al Gobierno a contar con el PP. Éste se ha negado a apoyar los nombramientos propuestos por el Gobierno y sus aliados, es decir, los comunistas y los secesionistas. Por eso se habla de “bloqueo”. El PP, en efecto, está bloqueando la renovación del CGPJ. Pero el Gobierno no tiene razón al decir que se trata de una acción contra las instituciones; en realidad, es una jugada política tan legal como cualquier otra en un sistema donde el peso de los partidos es determinante.
Respecto a los temores del PP de que los vocales escogidos para satisfacer a los partidos secesionistas resulten problemáticos, nadie negará que son temores fundados: Pascual Estivil, vocal a propuesta de CiU, terminó manifestándose como un delincuente; López Tena, de la órbita de ERC, predica la independencia de Cataluña. La pregunta que se hace cualquier persona sensata es la siguiente: ¿Pueden sentarse en un alto órgano institucional del Estado personas que abiertamente trabajan para destruir a ese Estado? Evidentemente, no: no pueden o, por lo menos, no deben.
Lo más sensato sería, probablemente, volver al sistema vigente hasta 1985, es decir, el estrictamente contemplado por la Constitución, que pretendía proteger la independencia judicial. Pero eso sería tanto como privar a los partidos de una importante parcela de poder y, por otro lado, dejaría fuera de juego a las asociaciones autodenominadas “progresistas”, cuya relevancia en la judicatura no procede del voto de los jueces, sino del apoyo de los partidos de izquierda.
Está además el problema autonómico. En la senda marcada por el nuevo estatuto catalán, que aspira a conformar un poder judicial autónomo y también politizado, cabe prever que el sistema se extenderá a todas las demás comunidades autónomas. Tendremos así un error multiplicado por diecisiete. Pero el estatuto de Cataluña está recurrido ante el Tribunal Constitucional.
¿Moraleja? Sólo un lamento: nunca se debió permitir que los partidos metieran las narices donde no deben. Ahora, como en otros terrenos, también hay que desandar el camino andado… O resignarse al eterno caciquismo de los partidos.
