La financiación de los partidos políticos es un problema en España desde el mismo nacimiento de la transición. Todo ciudadano informado recuerda los sucesivos escándalos que han sacudido a la opinión pública desde los años ochenta, escándalos que han surgido en torno a asuntos tan dispares como las fundaciones alemanas de proyección internacional, la especulación inmobiliaria, las comisiones por grandes obras de infraestructuras o, aún más recientemente, la condonación “gratuita” de deudas bancarias al socialismo catalán. Ha habido reiteradas iniciativas para mejorar (es decir, aumentar) la financiación de los partidos políticos españoles, pero parece que nunca es bastante. 

La ley vigente es de 1987: la más antigua de Europa. En veinte años, la realidad ha desbordado con creces la previsión legal. El Tribunal de Cuentas ha reclamado varias veces que se actualice, pero los partidos se resisten: como cada cual se financia por diferentes métodos, la nueva ley es un campo de batalla idóneo para reforzar la vía de financiación propia y obturar la vía ajena.

¿Qué quiere cada cual? 

El PSOE quiere, ante todo, dos cosas. Una, tener mayores facilidades para que los bancos y cajas condonen las enormes deudas que los socialistas arrastran desde el referéndum de la OTAN, nada menos. La otra, dificultar la financiación del PP, lo cual pasa por rebajar las cantidades de las donaciones de personas físicas y jurídicas tanto a los partidos como a sus fundaciones. El PP, por su lado, se opone a que los bancos perdonen las deudas del PSOE y, además, pretende dar más agilidad a las donaciones, vía de financiación que, al no ser anónima, presenta suficientes garantías jurídicas (no hay “financieros opacos”), y que es precisamente la que más dinero aporta al PP. Ahora bien, este último punto eriza los cabellos de los partidos nacionalistas –vascos y catalanes-, que se han alimentado abundantemente de donaciones anónimas durante los últimos veinte años.

Por medio ha surgido un asunto de la mayor gravedad: Batasuna. El PP, para evitar que Batasuna reconstruya su aparato financiero, reclama que la nueva ley prohíba expresamente “que se entreguen subvenciones públicas, sean estatales o autonómicas, a formaciones que incurran en conductas sancionadas en la Ley de Partidos o que incluyan en sus órganos directivos a condenados por terrorismo”. El PSOE, por su parte, ha aceptado que se permita la suspensión de la entrega de subvenciones públicas, pero sólo por decisión de la autoridad judicial y a propuesta del Ministerio del Interior, y en aquellos casos en los que ya se haya iniciado el “procedimiento de ilegalización” del partido en cuestión. Lo cual, evidentemente, beneficia a las eventuales “nuevas marcas” de Batasuna. 

¿En qué se gastan el dinero?

“La democracia cuesta dinero”, suelen decir los políticos cuando alguien les plantea estos temas. El gran espectáculo de la democracia, con sus campañas y su escenografía, es carísimo. Los gastos ya no se concentran sólo en las grandes citas electorales, sino que ahora las campañas “de información” son permanentes. “Asegurar la comunicación con el ciudadano significa que hay que poner medios, y esos medios cuestan dinero”, dice a elmanifiesto.com un antiguo responsable político, reconvertido hoy en la empresa privada. “Es algo totalmente limpio y honesto –declara-. Si yo quiero adoptar medidas que mejoren la situación de los minusválidos, por ejemplo, tengo que enterarme de sus problemas, recibir al sector, a sus asociaciones, reunirlos, organizar encuentros muy numerosos, y después tengo que dar a conocer todo eso a la opinión pública, porque la información forma parte del trabajo. Todo eso cuesta mucho dinero y hay que pagarlo”. 

En torno a ese trabajo de comunicación gravita, al parecer, buena parte del gasto de los partidos. “Casi te gastas más en despachos de consultores que en pagar a las secretarias”, señala un eurodiputado, hoy fuera del zafarrancho de la política nacional. “La gente se impresiona mucho por los grandes aparatos burocráticos del PSOE o el PP, pero ese es un capítulo de gasto relativamente pequeño si lo comparamos con las contrataciones externas. Hay mucha gente ahí fuera que vive de los partidos políticos, y muchos, por cierto, son periodistas”.

Por otro lado –declara un ex diputado del PSOE a elmanifiesto.com- los políticos españoles están muy mal pagados: “No es fácil encontrar a un buen profesional dispuesto a dejar su carrera para entrar en política: perderá dinero y ganará preocupaciones. Por eso los partidos han ido llenándose de profesionales de la política, gente que nunca ha hecho otra cosa en la vida. Eso rebaja el nivel”. ¿De verdad están mal pagados los políticos españoles? “Sin duda, muy mal pagados –contesta un diputado en activo del PP-. Cualquier ejecutivo de rango alto en cualquier empresa importante gana mucho más que un diputado de a pie. Entrar en la Administración tampoco te arregla las cosas: desde que Aznar quitó a los secretarios de Estado la remuneración por sentarse en consejos, dedicarse a la política es un mal negocio. Hace falta mucha vocación y, además, tener las espaldas cubiertas desde el punto de vista económico. O eso, o te conviertes en personal fijo de aparato”. 

Un aspecto distinto del asunto es la proliferación de cargos públicos en las administraciones municipal y, sobre todo, autonómica. La multiplicación de cargos públicos de ámbito regional –diputados, asesores, funcionarios de distinto nivel, etc.- ha aumentado de manera exponencial el gasto. “Hoy el gasto público en España es relativamente bajo –señala un analista económico-, pero nunca ha habido tanta gente viviendo del erario público”. Eso no lo pagan los partidos, sino el Estado, es decir, los ciudadanos. Pero el dato sin duda influye a la hora de hacer de los partidos enormes máquinas devoradoras de dinero.

El problema de fondo es que los partidos se han convertido, en España como en otros países, en la única pieza clave del sistema democrático. En España es inimaginable una democracia donde los partidos jueguen un papel menor al que hoy desempeñan. Y como la democracia se sostiene sobre los partidos, asegurar su financiación es una tarea esencial. La pregunta, de todos modos, sería la siguiente: ¿De verdad es preciso que los partidos gasten tanto? Los ciudadanos responderán casi unánimemente que no; los partidos responderán que sí. Y los que mandan, al final, son los partidos.