El Manifiesto está publicando magníficas colaboraciones sobre esa reforma de la Constitución que están tramando Rajoy, Sánchez y los golpistas de la Generalidad para someter al pueblo español a la dictadura del nacional-catalanismo. No nos limitemos a leerlos y acaso comentarlos en el bar para olvidarlos luego; hagamos lo posible para que los ciudadanos que se están movilizando estos días en defensa de la Nación los utilicen para articular debates e interpelar a los políticos. Del alcalde pedáneo al diputado provincial en el Congreso, del concejal al ministro, todos se financian con impuestos y juraron un día lealtad al Jefe del Estado y guardar y hacer guardar la Constitución. Es hora de hacerlos salir del anonimato en que tan cómodamente viven casi todos; es hora de que nos digan qué piensan y qué van a hacer.
Lo que se pretende con un régimen fiscal privilegiado para Cataluña y una nueva Carta Magna redactada como manden los apóstoles de Pujol para amontonar ocho, doce o veintisiete pseudoestados bajo el yugo del catalanismo, es que España desaparezca como nación.
Esos sesenta mil millones de euros anuales que nos arrancarán vía impuestos para entregárselos a los golpistas no se invertirán en sanidad, ni en infraestructuras, ni en investigación. Tampoco en pagar la deuda pública ni en garantizar las pensiones de quienes allí residen. Se lo gastarán en corrupción y en propaganda.
Pagaremos la persecución de todo lo que tenga que ver con España, su historia y su cultura. El español dejará de ser lengua oficial. El Instituto Cervantes y la Real Academia desaparecerán por falta de recursos. En publicaciones oficiales, cartelería y toponimia solo se usarán lenguas locales. Las partidas del presupuesto público que reciba una comarca o provincia dependerán de su grado de españolización; donde no haya otra lengua, donde no existan particularidades que oponer a la identidad común, no habrá inversiones y sus habitantes tendrán que emigrar.
Continuarán fomentando el odio a lo español en el País Vasco, Valencia, Baleares, Canarias y Galicia; después lo extenderán por todo el país. Financiarán movimientos separatistas antiespañoles y antisistema para imponerlos en todas partes. Las administraciones, dominadas por la Agencia Tributaria Catalana, nutridas con personal adepto, se aplicarán al expolio fiscal y al control ideológico de la población. Repartirán subvenciones y publicidad, decidirán quién puede ser empleado público, abrir un negocio, ejercer una profesión, acceder a becas u obtener un título oficial. El sistema de adoctrinamiento ideológico que es hoy la enseñanza en Cataluña se implantará de Almería a La Coruña, de Pamplona a Huelva, de Oviedo a Cádiz. Las embajadas catalanas en el extranjero seguirán dedicadas a saquear, insultar y desprestigiar lo que quede de España. Este nombre no aparecerá en el del nuevo Estado; la bandera rojigualda perderá su carácter oficial
Controlarán todos los medios de comunicación. La manipulación, la propaganda y las mentiras alcanzarán niveles asfixiantes. Viviremos en un basurero económico, intelectual y moral: toda España será TV3.
Quizá el pasado 12 de octubre celebramos el último día de la Hispanidad. Vendrá el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Fascismo Español y ya no habrá desfile de las Fuerzas Armadas, sino marchas en honor del Multiculturalismo, la Ideología de Género, el Animalismo …
Pero el pueblo español se resistirá a desaparecer. Rajoy, Sánchez y los sediciosos lo saben y por eso quieren evitar el referéndum. El engendro que salga de esa reforma (porque solo eso puede ser una ley inspirada por una ideología racista y supremacista como el nacionalismo catalán), servirá también para silenciar al pueblo. Reducirán las mayorías parlamentarias exigidas para regular los delitos y las penas, los derechos y libertades fundamentales: conciencia, expresión, asociación, manifestación, reunión. Acabarán con la inviolabilidad del domicilio, la propiedad, el secreto de las comunicaciones o la protección de datos personales. ¿Quién dijo que un consejero autonómico, o mejor, federal, no puede meter en la cárcel a un funcionario incómodo? ¿Quién impedirá a un director general o a un alcalde suspender o disolver una asociación molesta? ¿Qué es eso de manifestarse en la calle sin tener que cumplir otro requisito que el de avisar?
Aprobada la nueva Constitución, que será el doble de extensa y mucho más farragosa que la actual, vendrá el maremoto de nuevas “normativas” para sustituir las dictadas al amparo de la antigua. Las limitaciones al poder establecidas por la del 78 se eliminarán o si, por disimular, se conservan en el nuevo texto, se vaciarán de contenido en su desarrollo legal posterior.
¿Control de constitucionalidad? ¿División de poderes? ¿Independencia de los jueces? ¡Ay de ellos! Se les recordará la historia de Coro Cillán para que les sirva de ejemplo y de escarmiento.
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La conclusión de todo esto no es que la Constitución del 78 sea intocable. No: la conclusión es que debemos desconfiar de quienes pregonan su reforma in toto sin explicarnos qué es exactamente lo que quieren cambiar, cómo y para qué. Exijamos ante todo claridad.
La Ley Fundamental vigente no es tan larga ni tan difícil. Cualquier ciudadano de nivel cultural medio está capacitado para entenderla y medir el alcance de una reforma. Tenemos el derecho y el deber de exigir que nos la expliquen. Nada de pactos secretos, comisiones anónimas, documentos ininteligibles y seis meses de rumores, mentiras y desinformación. Desconfiemos también de los medios de comunicación que no sirvan a esa claridad.
Esta Constitución consagró el nefasto principio de la “autonomía de las nacionalidades y regiones”, pero afirma en el mismo artículo fundarse en la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Sirvió el famoso “café para todos” en el reparto de competencias, pero declara que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.” No al Estado, la autonomía o la región: a España.
