FERNANDO DE HARO
En un artículo del pasado mes de enero (“El PSOE quiere hablar de ciudadanía, es un gran tema”) Páginas Digital denunciaba que el PP se había dedicado, en su mejor tradición, a todo lo que tenía que ver con la economía y había soslayado las grandes cuestiones referidas a la ciudadanía. Por fin los señores de Génova se han atrevido en ese piélago distante de la cómoda costa (quizás habría que escribir Costa) de las reformas fiscales y la travesía no les ha ido mal (más del 50 por ciento, según El País, apoyan el contrato de integración).
Es la ciudadanía, Mariano, es la ciudadanía lo que interesa a los votantes: las cuestiones relacionadas con el sentido, con las formas justas para una convivencia cada vez más plural. El problema de nuestra identidad como personas, como sociedad y como nación, siempre alejado del debate público, reaparece con una urgencia insoslayable ante la realidad de la inmigración. El diálogo sobre lo que fundamenta la unidad social, siempre dado por supuesto o siempre invadido por la confrontación nacionalista, reaparece en cuestiones muy prácticas en una España en la que ya viven un millón de musulmanes, y en la que, además de los 800.000 regularizados por el Gobierno, hay un millón de inmigrantes extracomunitarios sin papeles (datos de CC.OO).
Definir valores
El contrato de integración de Rajoy no se ha concretado y es más un gesto que una propuesta jurídica, pero ha tenido tanto éxito porque sale al paso de una necesidad percibida por todos que hasta ahora se ha tratado como un tabú. El problema de las dos Españas empieza a quedarse muy viejo porque las dificultades ya no surgen por las diferencias ideológicas entre gente de la misma cultura, sino por las diferencias entre gente de diferentes culturas. Volvemos a los retos del siglo XV y del siglo XVI.
Es evidente que no se puede pedir a los inmigrantes un compromiso formal con las costumbres de España, es una fórmula muy imprecisa. Todos entendimos que el líder del PP quería hablar de valores. Y eso ha provocado, en el país de lo previsible, un estimulante cambio de papeles. Hasta ahora la oposición, para criticar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), ha subrayado que esa materia sólo es lícita si transmite el contenido de la Constitución, de la ley. Pero el PP, al formular su propuesta de integración, al hablar de una ciudadanía práctica, ha dejado claro que hay que ir más allá de la ley. Zapatero también ha movido ficha para criticar el contrato de integración y, paradójicamente, ha asegurado que a los inmigrantes sólo se les puede exigir el cumplimiento de la ley, menos que a los escolares que cursan EpC.
La pre-campaña, más allá de las declaraciones incoherentes del presidente del Gobierno, ha puesto de manifiesto que los dos grandes partidos, aunque no estén dispuestos a admitirlo, coinciden en que el compromiso ciudadano tiene que estar fundamentado en valores. La gran cuestión es definir cuáles son esos valores. Los contenidos mínimos de la asignatura de EpC han dejado claro que el Estado no puede optar por una fórmula de máximos: no se pueden imponer como valores comunes los que realidad son valores de una ideología particular. De hecho, sólo la necesidad de que la EpC salga de los planes de estudio justifica un voto a favor de Rajoy para propiciar un cambio de Gobierno.
Pero la propuesta que ha hecho el PP sobre el velo tendría que matizarse mucho. No es solución privatizar las creencias. La prohibición del hiyab en las escuelas copia la solución adoptada por la ley francesa de 2004, que exigía a los alumnos no utilizar ningún signo religioso llamativo. El islam no obliga a las niñas a taparse y aun es discutible que exija hacerlo a las mujeres adultas. No estamos, por tanto, ante una prescripción que se derive de una pertenencia a una comunidad religiosa, más bien ante una práctica social que está siendo utilizada por ciertas corrientes que en algunos casos están cercanas al islamismo. Si el velo supone, en ciertos casos, discriminación, es lícito prohibirlo. Pero no se puede establecer una regla universal porque en aquellos casos en los que el velo es la expresión libre de una mujer que, a determinada edad, quiere hacer pública su pertenencia social y religiosa, el Estado de Derecho debe tutelar su libertad de creencias y de conciencia.
Para resolver los retos decisivos que nos plantea una sociedad plural, por miedo a las consecuencias del relativismo cultural, no nos conviene una asignatura ideológica como la actual de EpC pero tampoco un modelo que acabe imponiendo la uniformidad de unos valores laicistas. Rajoy ha abierto un debate apasionante: al Estado le conviene fomentar una ciudadanía que no mire con recelo lo que las diferentes tradiciones culturales y religiosas aportan a la vida en común.
