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La propuesta del PSOE andaluz tiene por objeto, según dice, favorecer la “movilidad laboral” de los andaluces. Estiman los socialistas que esto se logrará con más soltura si los andaluces conocen el catalán, el gallego y el vasco. Desde el punto de vista económico, los empresarios andaluces –y también los trabajadores- deberían ponerse a temblar: no cabe mayor muestra de desconfianza en la economía andaluza que la previsión formal de un nuevo flujo de emigración fuera de la propia comunidad autónoma. El asunto, sin embargo, presenta implicaciones que van todavía más lejos.
El PSOE como fuerza antinacional.
El dato es extraordinariamente revelador porque deja muy claro cuál es el horizonte que los socialistas prevén, implícita y explícitamente, para España: un país desagregado, separado por fronteras lingüísticas, cada una de las cuales actúa como valladar que protege la hegemonía política de los poderes regionales; una especie de Estado aproximadamente confederal, que ya no admitirá el calificativo de “nacional”, donde los elementos comunes, de integración, habrán retrocedido en beneficio de los elementos diferenciadores, de separación.
Desde ese punto de vista, se entiende mucho mejor la política de pacto permanente con los separatistas que el PSOE ha emprendido en distintos puntos de España e incluso en el propio nivel del Gobierno de la nación. Hoy el socialismo es una fuerza expresamente antinacional.
Andalucía sumisa
Es inevitable reflexionar sobre el grado de servidumbre y resignación que parece haberse apoderado de una buena parte de la sociedad andaluza. Si el PSOE es capaz de proponer una cosa así, si no tiene empacho en reconocer que los andaluces tendrán que buscar trabajo fuera de Andalucía, es porque cree que a sus votantes no les molestará esta constatación. En plata: el poder te dice que tendrás que emigrar para buscarte la vida, y tú vas y apoyas al poder. Ningún poder puede proponer eso a una sociedad si no está convencido de que ésta obedecerá; ninguna sociedad puede obedecer a un poder que le diga eso, si antes no está absolutamente domesticada. Ese es en buena medida el caso de la sociedad andaluza.
Fuera del contexto más dinámico y libre de las capitales, donde la gente mantiene otras perspectivas, la sociedad andaluza lleva tanto tiempo viviendo de subvenciones y asistencias que ha terminado por identificar al poder –es decir, al PSOE- con una gigantesca teta imprescindible para su supervivencia. Esa domesticación termina convirtiendo a los ciudadanos en sumisos súbditos dispuestos a transigir con cualquier cosa siempre y cuando les mantengan el subsidio. El propio hecho de que esto no pueda decirse sin escándalo ya da testimonio de hasta dónde llega la degeneración de la vida pública en esa comunidad.
El fracaso del bilingüismo
Por otro lado, y desde un punto de vista cultural, estamos asistiendo a un radical empobrecimiento de la cultura española. Las lenguas vernáculas, que son también lenguas españolas, deben ser defendidas, promovidas, estudiadas y utilizadas en sus respectivos territorios porque forman parte de nuestro legado cultural común. Su convivencia con el castellano las hace especialmente enriquecedoras: son el testimonio vivo de una nación plural y diversa. Pero el camino emprendido por los cacicazgos autonómicos ha adulterado por completo esa perspectiva: las castas del poder en Cataluña, País Vasco y Galicia, cada vez más abiertamente separatistas, han instrumentalizado la singularidad lingüística como una herramienta de dominio y, en la fase actual, contemplan imponer su exclusividad con la plena conciencia de que ello hará más inexpugnables sus poltronas. Lo que era un elemento positivo de diversidad cultural se ha transformado en un factor negativo, amenazante, excluyente, de hegemonía política y económica.
Esta misma semana los medios de comunicación denunciaban el caso de un médico andaluz en Gerona que ha tenido que abandonar su trabajo en la Sanidad pública porque no podía atender en catalán a sus pacientes. Simultáneamente, la obligación de rotular en catalán en los comercios ha generado miles de denuncias de los comerciantes catalanes, buena parte de ellos originaria de otros puntos de España; la patronal catalana, sin embargo, ha recomendado a los denunciantes que no den publicidad a su malestar.
