LUIS BOUZA BREY
Estos días he intentado buscar apoyos para emitir este manifiesto, pero me he encontrado solo. No obstante, como creo que la situación del país es gravísima y uno no puede desentenderse de la necesidad de impulsar la movilización de la ciudadanía, a fin de impedir o frenar la destrucción de la democracia, he decidido hacerlo público por mi cuenta, enviándolo a asociaciones cívicas, blogs y medios de comunicación digital.
El que quiera apoyar este manifiesto o alguno similar, que lo publique o lo firme. Lo importante es que estas ideas cuajen: no importa quién sea el autor.
“Las asociaciones cívicas y ciudadanos individuales que apoyamos este manifiesto queremos hacer llegar a la opinión pública nuestra indignación y preocupación ante el proceso de crisis de la democracia española inducido durante la última legislatura.
Durante los últimos años se ha impulsado desde el poder una ruptura de los acuerdos fundacionales de la transición que se plasmaron en su momento en la definición constitucional del modelo de Estado democrático y autonómico.
Estos acuerdos se fundamentaron en una política de amplio consenso que obligó a todos los actores políticos a renunciar a sus postulados máximos en aras de la convivencia. Pero después de la aprobación de la Constitución, los partidos nacionalistas han estado incrementando constantemente sus demandas de descentralización, sin que los Gobiernos sucesivos del PSOE y el PP hayan sido capaces de ponerles freno, forzados a concesiones permanentes a cambio de conseguir apoyos para alcanzar el poder o mantenerse en él.
Y en esta última legislatura se han traspasado todos los límites, llevando a su extremo la pauta de concesión constante a los nacionalistas:
Mediante las alianzas frentepopulistas diseñadas por el liderazgo sectario e inepto de Rodríguez Zapatero, el Gobierno del PSOE, autodenominado de izquierdas pero alejado de los postulados igualitarios y patrióticos de la izquierda, respaldado en el anacronismo de IU-IC y la deslealtad de los nacionalistas, ha impulsado una ruptura de los equilibrios básicos del sistema democrático y la violación de la Constitución.
La ruptura se ha concretado en un proceso de promoción de la legitimidad de la Segunda República, de reapertura de las heridas de la Memoria Histórica, de deslegitimación sectaria de la oposición democrática y de la democracia vigente, complementado por diversas reformas estatutarias inconstitucionales orientadas a la búsqueda del pacto con los grupos soberanistas, independentistas y terroristas.
Para realizar este proceso de ruptura el Gobierno ha incumplido su obligación de defensa de la Constitución y de los valores constitucionales, manipulando el poder judicial y el Ministerio Fiscal y desactivando los controles judiciales de la constitucionalidad y legalidad de las decisiones políticas.
Las consecuencias de este proceso de ruptura han sido el fortalecimiento del terrorismo y la deslegitimación del Estado democrático, el impulso del nacionalismo periférico hacia el soberanismo, y la imposición de sus políticas antidemocráticas en la educación sectaria, el monolingüismo, la inconstitucionalidad, la bilateralidad confederal, la insolidaridad fiscal y el vaciamiento del Estado.
El gobierno del PSOE ha conseguido en esta legislatura fortalecer el terrorismo y abrir camino a la continuación del chantaje de las minorías nacionalistas sobre los partidos mayoritarios, las cuales han comenzado a abusar de su papel necesario para la constitución de mayorías parlamentarias suficientes para formar gobierno, ampliando el alcance de sus objetivos hacia el soberanismo.
Como consecuencia de todo ello, el Gobierno ha desatendido el interés general, las necesidades de modernización de la economía y la sociedad y los problemas y necesidades reales de los ciudadanos en el ámbito de la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo, el transporte, las infraestructuras y la transparencia y responsabilidad democráticas.
Nos encontramos, por consiguiente, ante una encrucijada histórica de la democracia española. El 9-M tendremos que optar entre permitir que el proceso de crisis terminal de la democracia se prolongue y consume con un segundo gobierno ZP-PSOE y aliados, o buscar una salida democrática a la crisis.
Lo que ya resulta claro es que nuestra democracia será inviable si se continúa el camino de desvertebración emprendido. Se producirá un caos político y administrativo creciente y se incrementarán la perversión democrática, la mentira, la corrupción y la coerción. La democracia se paralizará y el Estado acabará de desarticularse mientras que crecerá el nacionalismo autoritario y totalitario y el caciquismo en diversas partes del país.
Mediante la movilización ciudadana hemos de demostrar si nuestra democracia es capaz de regenerarse y orientarse en función del interés general, cambiando el Gobierno y sus alianzas, o está condenada al hundimiento en el medio plazo, como consecuencia del caos derivado de la suma de intereses particularistas, el abandono de las prioridades y problemas reales de los ciudadanos o la secesión de partes del Estado.
Por ello, los impulsores de este MANIFIESTO POR UN GRAN ACUERDO NACIONAL
queremos impulsar la movilización de los ciudadanos y asociaciones cívicas a fin de que se comience a postular ya antes de las elecciones la necesidad de un gran acuerdo, al menos entre los dos partidos mayoritarios, dirigido a salvar a la democracia española del caos y el derrumbe.
Para lograr este acuerdo, es preciso que los dos grandes partidos modifiquen la forma de actuar seguida desde el comienzo de la democracia y se comprometan antes de las elecciones a rechazar el pacto con los nacionalismos soberanistas e independentistas como requisito inevitable para alcanzar el poder.
El instrumento para salir de la crisis es un GRAN ACUERDO NACIONAL PP-PSOE Y MINORÍAS NO NACIONALISTAS
cuyo contenido mínimo habría de concretarse en los siguientes puntos:
1. Reformar la Constitución e impedir la desvertebración y desintegración del Estado, mediante la definición de las competencias estatales intransferibles, la reforma del Senado y el incremento de los vínculos de cohesión y solidaridad entre los españoles.
2. Reforzar la división de poderes y el control judicial de la constitucionalidad y legalidad de las decisiones políticas y administrativas.
3. Reformar la ley electoral a fin de recuperar la vigencia de la voluntad de la mayoría de los españoles frente al chantaje de las minorías.
4. Regenerar la democracia e impedir el incumplimiento de las normas constitucionales y los compromisos electorales por parte de los representantes electos, incrementar la democratización de los partidos, la responsabilidad de los dirigentes y la apertura y renovación de las élites políticas.
5. Instaurar un Gobierno cuyas políticas prioricen el interés general, la atención a las necesidades de modernización de la economía y la sociedad y a los problemas y necesidades reales de los ciudadanos en el ámbito de la educación, la vivienda, el empleo, la sanidad, el transporte, las infraestructuras y la transparencia y responsabilidad democráticas.
