Fernando de Haro
Si pretende paliar la desaceleración, es muy improbable que lo consiga con un pago para dentro de unos meses, pago que puede generar expectativas negativas. Durante los dos primeros años del Gobierno de Zapatero la presión fiscal, según los últimos datos de la OCDE, se elevó en dos puntos. Somos el cuarto país de esta organización que más ha subido la presión fiscal. Así que una rebaja de los impuestos nos vendría muy bien, ya que el Banco Central Europeo sigue muy preocupado por el control de la inflación y no está dispuesto a tomar medidas drásticas como las de la Reserva Federal, que esta vez parece haber estado menos atenta que en época de Greenspan. Los socialistas tendrían que haberse dejado de prometer regalitos y haber entrado en la discusión sobre qué reforma fiscal consideran pertinente después de que Rajoy haya concretado su propuesta: un IRPF con tres tramos, frente a los cuatro actuales, con un apreciable recorte en los tipos, que quedarían en el 20 por ciento, el 30 por ciento y el 40 por ciento; y exención para las personas con ingresos inferiores a los 16.000 euros.
Un nuevo modelo fiscal
En realidad España necesita abrir un auténtico debate fiscal, pero no sólo como el que se ha producido estos días, centrado en mantener la progresividad, para que paguen más los ricos que los pobres. Ésta es una cuestión evidente. El melón que está por abrir es el de la subsidiariedad fiscal, principio que ha acuñado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. En nuestro país todavía hay una cultura tributaria, propia de un modelo burocrático, en la que se tiende a pensar que el Estado debe redistribuir y restituir al ciudadano, en forma de servicios, aquello que ha pagado con sus impuestos. Siempre restándole, claro, el coste de la gestión, coste que además suele ser alto por la ineficacia del sector público.
Este modelo fiscal se corresponde con un modelo de servicio público gestionado directamente por la Administración en régimen de monopolio o de cuasimonopolio. Si algún ciudadano decide obtener los servicios públicos -en el terreno educativo, de sanidad, o de transportes- a través de empresas privadas o de entidades de iniciativa social, debe pagar otra vez. Es la mentalidad paternalista que subyace al cheque-voto de los 400 euros. El Estado, razona el Gobierno, después de haber cumplido con su labor de asistencia social, ha conseguido un superávit de más del 2 por ciento y está en condiciones de “devolver” algo de lo que le sobra. Frente a este estatalismo, que en este caso está acompañado de inmoralidad electoral manifiesta, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha acuñado la doctrina de que la renta debe ser tutelada como herramienta de la libertad personal y que el ahorro fiscal tiene prioridad frente a la asistencia social.
No es, pues, la teoría liberal clásica, que simplemente se limita a reclamar menos Estado y a confiar ingenuamente en las bondades del mercado. El Constitucional alemán, lo que asegura es que el sostenimiento de la propia persona es más relevante que la asistencia social, porque los recursos que se reciben a través del Estado, en forma de servicios públicos, no proporcionan la misma libertad que los recursos que se consiguen de forma autónoma. Esta jurisprudencia genera un nuevo concepto de derechos sociales, alejado del estatalismo del último siglo, que ha convertido con frecuencia a los contribuyentes en “ciudadanos asistidos”. El Estado obliga a pagar impuestos altos y los contribuyentes se ven obligados a recibir unos servicios (tan importantes como los educativos) que no han elegido. Por el contrario, la subsidiariedad fiscal, basada en una concepción antropológica que exalta la libertad personal y la capacidad que tiene la iniciativa social de responder a las necesidades de cualquier tipo, se concreta en exenciones, deducciones y desgravaciones que fomentan la libre elección. Lo importantes es que los contribuyentes puedan elegir cómo beneficiarse de un Estado del Bienestar que se va transformado cada vez más, gracias a la creatividad de los cuerpos intermedios, en Sociedad del Bienestar.
Con esta perspectiva, la reforma propuesta por Rajoy va en la buena dirección porque otorga más margen de decisión al bajar los tipos impositivos del IRPF. Es especialmente relevante que haya prometido una subida del 40 por ciento de los mínimos familiares exentos. La familia es la gran castigada en España y una auténtica progresividad exige que los padres con hijos paguen por la renta real de la que disponen, renta que es siempre mucho menor que la de los singles o de las parejas que no tienen hijos. Pero hay que seguir avanzando, no se trata sólo de que pague más quien más tiene, sino de pagar y poder elegir quién me presta los servicios.
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