Ignacio Santa María
Hagamos memoria. En abril del año pasado, cuando habían pasado tres meses del atentado de la T-4, el proceso de negociación del Gobierno con ETA aparentemente agonizaba. Sin embargo, había fundadas sospechas de que, al mismo tiempo que Zapatero aseguraba que los contactos se habían roto, el Estado seguía hablando con la banda terrorista. La gran pregunta en aquel momento era si se le iba a permitir a Batasuna o a algún partido heredero de esta formación ilegalizada concurrir a las elecciones municipales. Los responsables gubernamentales y los dirigentes socialistas contestaban invariablemente con una fórmula ambigua por lo obvia: “si cumplen la ley podrán estar”.
No concretaban qué significaba exactamente “cumplir la ley”, pese a que la Ley de Partidos es muy clara al señalar que, para levantar una prohibición como la que pesaba sobre el partido abertzale, era necesario que sus promotores condenaran explícitamente la violencia y demostraran no tener vinculación con ninguna organización terrorista.
En este contexto, el 11 de abril, una misteriosa formación llamada Acción Nacionalista Vasca presentaba candidaturas en el País Vasco y Navarra. Sólo dos días después, la vicepresidenta De La Vega les concedía un importante aval al manifestar que dicho partido manifestaba “explícitamente su rechazo a la violencia” y que “cumplía todos los requisitos”. ¿Qué necesidad había de que la ministra de Presidencia diera un espaldarazo como ése al enigmático partido?
Pronto se supo que las listas de ANV incluían nombres de conocidos miembros de Batasuna. Sin embargo, la Fiscalía, en lugar de instar a la ilegalización de toda la formación, como establece la ley, decidió aplicar otro criterio inventado para la ocasión: anular sólo aquellas listas que incluyeran a más de dos miembros de Batasuna. Esto permitió que 123 listas pasaran todos los filtros, entre ellas las que reunían mayores posibilidades de obtener mayorías y por tanto hacerse con el control de los ayuntamientos. Tras los comicios, ANV obtuvo un total de 40 alcaldías y 437 concejales. Una vez más, la Fiscalía prefería “adaptarse a los tiempos” en lugar de cumplir la ley.
Indudablemente, se trataba de una operación de complicada ingeniería táctica que no se había improvisado, lo cual lleva a pensar que en su origen había un pacto entre el Gobierno y ETA. Algunos meses más tarde, un boletín interno interceptado a los terroristas señalaba a los asesores de La Moncloa como los inventores de la fórmula de ANV. Podemos creer esta versión o no, pero lo cierto es que la Fiscalía no aplicó la ley. Más bien se la saltó a la torera.
Un daño irreparable
Ahora, el Gobierno del PSOE quiere colgarse la medalla de la ilegalización, pero lo cierto es que ni siquiera será capaz de reparar el daño que generó y de paliar sus desastrosos efectos. Los concejales de ANV seguirán ostentando esa condición hasta 2011, aunque las siglas sean ilegales, y gestionarán 915 millones de euros de dinero público. Esto será posible debido a que una sentencia de ilegalización o una suspensión judicial no impedirá que los alcaldes de la formación abertzale sigan en el poder y elaborando anualmente los presupuestos.
