Alfredo Martorell
El desmesurado escándalo de la ofensiva anticlerical –quizá no tan artificial, no obstante- está sirviendo al Gobierno para camuflar las enormes grietas de una legislatura que agoniza entre claros signos de fracaso. La política económica, es, indudablemente, uno de esos signos. La política antiterrorista es otro de ellos. El Gobierno confía en que la frágil memoria de las cosas públicas, siempre efímera en el mundo de la televisión, borre del recuerdo la trayectoria de los últimos años y retenga sólo los acontecimientos más recientes. Así nadie recordará las contorsiones gubernamentales para excarcelar a De Juana Chaos y el ciudadano medio no tendrá presente más que las últimas detenciones. Por eso conviene dibujar, siquiera someramente, la trayectoria de la política de Zapatero respecto a ETA. Entre otras cosas, porque es el único elemento de juicio para augurar, aun entre brumas, la posible evolución del asunto.
Recordemos que el principal objetivo del Gobierno en esta legislatura, en materia de política antiterrorista, ha sido la búsqueda de una solución negociada a la violencia de ETA. Invirtiendo la política de Estado permanente contra ETA, básicamente común desde Franco hasta Aznar pasando por Felipe González, Zapatero se propuso un objetivo que no pasaba por la derrota de ETA sino por la renuncia de la banda a la violencia a cambio de determinadas concesiones. ¿Qué concesiones? Nunca estuvo claro, pero es evidente que pasaban por conquistas de carácter político.
ETA tenía tres reivindicaciones fundamentales. La primera era la autodeterminación para el País Vasco. Los socialistas pensaron que podría ser suficiente con alentar un proceso general de reformas estatutarias que llevara al País Vasco a una situación de autogobierno más allá de lo confederal, y ahí la reforma del Estatuto de Cataluña debía servir de prueba de buena voluntad. La segunda reivindicación de ETA era territorial: la incorporación de Navarra al proceso de autodeterminación vasca, objetivo en el que coincide con el nacionalismo vasco en general. En ese aspecto los movimientos del PSOE también han sido bastante inequívocos: los socialistas vascos y navarros prodigaron todo género de declaraciones que permitían vislumbrar una suerte de interpenetración progresiva de las dos comunidades. Zapatero pensó tal vez que, si no una anexión de Navarra, sí era posible ofrecer un camino de progresiva incorporación. La tercera reivindicación de ETA era la revisión general de la situación de sus presos, amnistía incluida. Incluso en este punto, extraordinariamente sensible para el Estado de Derecho, Zapatero dio pasos que abarcaron desde las sorprendentes declaraciones de los responsables de instituciones penitenciarias –sumamente respetuosos con los presos terroristas- hasta el lamentable episodio de De Juana Chaos, que, recordemos, llegó a pasearse libre por las calles de San Sebastián.
ETA exige y el Gobierno regatea
La situación puede resumirse así: donde ETA pedía diez, el Gobierno demostró estar dispuesto a conceder cinco o seis. Esto equivalía a poner al Gobierno de España directamente en manos de ETA, pero, por otra parte, el Gobierno pensó, y no sin razón, que también ETA estaba en manos del propio Ejecutivo, quizás en la presunción de que las bases del mundo etarra realmente deseaban cuanto antes la paz.
Aquí es donde, tal vez, está la clave del problema: es posible que un sector de Batasuna e incluso de viejos terroristas viera que por el camino de la violencia no iban a conseguir jamás ninguna de sus reivindicaciones históricas, especialmente después del acoso a que les sometió Aznar. Tal vez eso fue lo que movió a determinados líderes socialistas vascos, más ambiciosos que bienintencionados, a creer viable un proceso de diálogo político con el mundo de ETA. Pero era apresurado suponer que ese sentimiento podía extenderse a los nuevos asesinos de la banda, a los “chicos de la gasolina” de la kale borroka o a otros dirigentes históricos perfectamente conscientes de hasta qué punto la violencia ha sido el lubricante capaz de mantener engrasada la máquina del despotismo etarra en numerosos sectores sociales del País Vasco.
Hace ya tiempo que en ETA la dinámica del terror es tan importante como el horizonte político, hasta el extremo de que ya no es posible desgajar ambos factores: cualquier crimen sirve para justificar la pretensión política, y cualquier conquista política no hace sino avalar la eficacia de la estrategia del terror. Fue esto último lo que ocurrió: la amplia percepción de que ETA avanzaba políticamente gracias al “proceso” de Zapatero no movió a ese mundo más que a pensar que no tenía nada de lo que arrepentirse, sino, al contrario, que el “proceso” aumentaba su legitimidad moral.
El Gobierno ha insistido hasta la saciedad en decir que no ha hecho “concesiones políticas” a ETA. Claro que las ha hecho. Las ha hecho en el plano material de las instituciones al tolerar la presencia del PCTV y de ANV en el parlamento vasco y en buena parte de los municipios, respectivamente. Y las ha hecho, además, en el plano de la opinión pública, al adoptar una posición de equidistancia entre los terroristas y las víctimas, al hostilizar a éstas con una inquina escandalosa y al tolerar, por el contrario, la permanente presencia pública de portavoces de Batasuna en innumerables comparecencias en los medios de comunicación. Es justamente ese ambiente de superioridad de ETA, creado gracias a la pasividad deliberada del Gobierno, lo que debió de llevar a los terroristas a pensar que ya no precisaban a abstenerse de matar y que, al contrario, los nuevos gestos de violencia contribuirían a obligar al Gobierno a ir más allá de donde estaba dispuesto a ir; a aflojar la mano, en fin, en este indigno regateo.
En los últimos días de 2006, un Zapatero confiado anunciaba algo parecido al fin provisional de la violencia: hoy estamos mejor que ayer y mañana estaremos mejor que hoy. Veinticuatro horas después, ETA volaba la T-4 de Barajas y mataba a dos personas. El Gobierno, pasmosamente, no rectificó: el lamentable episodio de la excarcelación de De Juana Chaos y la estupefaciente semilegalidad de ANV son posteriores a la bomba de Barajas. ¿Quizás el Gobierno pensaba que aún era posible vender a la opinión pública la moto averiada de la paz? Después, como es sabido, De Juana Chaos volvió a la cárcel y la cúpula de Batasuna también. ¿Hay vuelta atrás? No está nada claro. El Gobierno sigue mareando indefinidamente la perdiz de la ilegalización de ANV. Y recordemos igualmente que, aún hace muy pocas semanas, el ministro del interior explicaba el asesinato a sangre fría de dos guardias civiles en Francia como producto de un “tiroteo fortuito”, empleando una fórmula que tácitamente atenuaba la culpabilidad de los etarras (¿quién empezó el supuesto tiroteo?) y faltando clamorosamente a la verdad. Y cuando a Zapatero le preguntan sobre una eventual negociación futura, el todavía presidente se pone de perfil. Hace falta una fe sin límites para no sospechar que el Gobierno sigue actuando con doblez.
