El párrafo esencial del auto de Garzón dice así: "Ante la ausencia del más mínimo indicio de pertenencia, integración, vinculación orgánica, ni siquiera temporal o transitoria de ANV con ETA-BATASUNA debe afirmarse la plena legalidad de la formación cuestionada y su ajenidad a la presente causa, seguida por el presunto delito de integración en organización terrorista". La causa referida había sido promovida por la asociación Dignidad y Justicia, que pedía que no se permitiera a ANV participar en las elecciones municipales por sus vínculos con Batasuna.
Durante las últimas semanas, la policía y la guardia civil habían emitido informes discrepantes sobre la vinculación entre ANV y ETA-Batasuna. El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ante los medios de comunicación que “llegaríamos a tiempo” de frustrar la participación de ANV en las elecciones. Finalmente, un informe conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado aportaba indicios concretos y señalaba pìstas bastante obvias como, por ejemplo, que las listas de ANV y ASB (otra marca “abertzale”) han sido elaboradas por un batasuno. Garzón, sin embargo, cree que no.
La decisión del juez Garzón contradice otra del mismo juez cinco años atrás. En efecto, en agosto de 2002, Garzón sentó las bases jurídicas para actuar contra Batasuna sobre los siguientes puntos: ETA fija los objetivos que desarrolla políticamente la llamada “izquierda abertzale”; Herri Batasuna es el “instrumento de ETA” y el eje del “frente institucional” de la banda; el entramado organizativo Herri Batasuna-Euskal Herritarrok, como el conjunto de la llamada “izquierda abertzale”, forma parte de la estrategia terrorista. Respecto a Acción Nacionalista Vasca, que es la marca electoral que ahora representará al mundo de Batasuna-ETA, Garzón decía en 2002 que ANV formó parte del núcleo inicial de Herri Batasuna (la Mesa de Alsasua, de 1977) y que siguió prestando apoyo a Herri Batasuna en los años siguientes. En consecuencia, del auto de 2002 se sigue sin ningún género de dudas que ANV forma parte de ese entramado organizativo que cubre el “frente político” de ETA.
Por el contrario, ahora el mismo juez, cinco años después, ve las cosas de esta otra manera: Primero, que no hay una relación de copertenencia directa entre la actividad terrorista de ETA y la actividad política de la “izquierda abertzale”; segundo, que ANV carece de relación con ETA-Batasuna. Para más desconcierto, el juez Garzón hace estas últimas afirmaciones el mismo día en que ha decretado prisión incondicional para un detenido al que acusa de haber elaborado las listas de ANV en Navarra.
La decisión del juez Garzón favorece las pretensiones del Gobierno de que Batasuna –o sus proyecciones- esté presente en las instituciones, como parte del proceso de negociación con ETA. El Gobierno, por su parte, insiste en que no se ha derogado la Ley de Partidos, que, entre otras cosas, vetaba la participación en convocatorias electorales de formaciones con vínculos con asociaciones violentas; ese era el caso de Batasuna.
Resumen: ANV, que era Batasuna y por tanto estaba sometida a ETA, ha dejado de ser Batasuna; la Ley de Partidos, que vetaba el acceso de Batasuna a las instituciones, sigue vigente, pues no se va a aplicar a una formación que era Batasuna en 2002, pero que ahora, súbitamente, ha dejado de serlo por decisión del mismo juez que en su día dictaminó lo contrario.
Las plataformas más señaladas del movimiento cívico, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Fundación para la Defensa de la Nación Española, ya han anunciado su intención de convocar nuevas movilizaciones contra esta decisión del juez Garzón.
