Ignacio Santa María
El pasado 21 de octubre, en el transcurso de una comida con periodistas en Las Palmas, Zapatero presumió de haber escrito el preámbulo de la ley. Lo hizo dirigiéndose al ex ministro y alcalde de las Palmas, Jerónimo Saavedra, quizás el único dirigente socialista que se ha atrevido a criticar en público la iniciativa.
En la exposición de motivos escrita de puño y letra por el presidente del Gobierno se alude a la necesidad de honrar a “todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas”, durante la Guerra Civil y el franquismo. Parece que, con esta fórmula, el autor hubiera querido incluir a todas las víctimas independientemente del bando al que pertenecieran o de la zona en la que les hubiera sorprendido el conflicto. Sin embargo, sólo seis líneas más abajo ensalza a aquellos que “lucharon por la defensa de los valores democráticos” y entre ellos, ¡oh casualidad!, sólo se acuerda de citar dos grupos de combate encuadrados junto al Frente Popular (“Cuerpo de Carabineros y Brigadistas”) y a los “combatientes guerrilleros”, conocidos como “maquis”, que continuaron la lucha armada en los primeros años del franquismo.
Buenos y malos
Este párrafo explica en realidad el verdadero motivo que ha propiciado la elaboración de esta ley, que no es otro que dar carácter oficial a una interpretación de lo que fue la Guerra Civil. Esta interpretación no es nueva porque, de hecho, es la que se enseña en las aulas de los colegios e institutos españoles desde hace 25 años y que se resume en la simpleza de que la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre demócratas (bando republicano o Frente Popular) y fascistas (bando nacional o franquista), o, lo que es lo mismo, de buenos contra malos.
Pero sólo hace falta una breve mirada sobre la vastísima documentación de los últimos años de la República para percibir que este esquema, que se quiere elevar a la categoría de dogma, es en buena parte falso. Lo que han puesto de manifiesto varios historiadores que han huido de los tópicos y han dado prioridad a los hechos es que en todos los partidos que conformaron el Frente Popular se hicieron cada vez más fuertes, a partir de 1934, los sectores extremistas que propugnaban la urgencia de implantar en España la que llamaban “revolución proletaria”, a imitación de los bolcheviques rusos, al tiempo que una oleada de laicismo derivaba en una campaña de violencia contra la Iglesia y sus miembros. El éxito de ventas de algunos de estos historiadores ha hecho saltar las alarmas en los ambientes de izquierda en donde ha emergido la urgencia de decir la última palabra y defender el mito frente a la evidencia de los datos.
Y, ¿por qué un Gobierno socialista democrático en pleno siglo XXI pone tanto interés en sacar adelante una ley como ésta, hasta el punto de ser el propio presidente quien redacta el preámbulo?
Al margen de los pingües beneficios económicos que esta política está generando para algunos sindicatos y partidos, que están recibiendo cantidades astronómicas en concepto de devolución de patrimonio perdido al término de la Guerra Civil, la izquierda saca un rendimiento alto de la aprobación de todo este debate artificial y de la aprobación de una ley que los ciudadanos no demandan. Este rédito consiste en poner contra las cuerdas al Partido Popular, con el burdo argumento de que, si no ha votado a favor de esta norma, es porque todavía defiende el franquismo. La idea de fondo es, pues, alimentar en la conciencia colectiva el falaz esquema de que la izquierda actual aprueba el examen de democracia y la derecha, no.
El “derecho a la memoria”
En el Pleno del Congreso en el que se debatió y aprobó la ley, algunos portavoces, como los de IU-ICV, ERC o el PNV, dieron un bochornoso espectáculo de sectarismo e ignorancia. Dejemos de lado algunos de los argumentos más desorbitados y la afirmación hecha por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la que aseguraba que la nueva ley “permite recuperar la historia personal y familiar, reconociendo el derecho fundamental a reconstruir la propia biografía”. Este argumento puede parecer una sandez monumental o bien puede revelar un aspecto inquietante.
La exposición de motivos de la ley, escrita por Zapatero, nos saca de dudas cuando expresa que la norma reconoce “un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano”. He aquí la clave de la ley: sus creadores inventan un nuevo derecho, el derecho a recordar. Y lo que se sitúa antes de nuestro “derecho a recordar” es el propio Estado, que lógicamente no sólo “permite” esta facultad sino que se puede reservar el derecho a determinar de uno u otro modo cómo han de ser nuestros recuerdos. Es éste el elemento más pernicioso: el Estado quiere hacerse dueño de nuestra memoria.
