Roberto de la Cruz
La experiencia demuestra que muchos políticos, cuando pasan de la oposición a ocupar el poder, cambian de forma notable las posiciones que han defendido antes de acceder al Gobierno. Esta semana hemos podido comprobarlo, en este caso con una de las leyes más polémicas que ha impulsado el Gobierno socialista. En el Congreso de los Diputados se votó este miércoles la Ley de la Memoria Histórica. En el turno de defensa de la propuesta, la vicepresidenta De la Vega afirmaba que la esencia de la norma es el reconocimiento y la ampliación de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Memoria oficial
Todos los grupos, salvo el PP y Esquerra Republicana, apoyaron el texto. En el debate, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, acusó al PSOE de caer en el mismo error que el franquismo “al imponer una memoria oficial”. El diputado popular argumentó que la mejor ley de la memoria histórica sigue siendo la Constitución. La Carta Magna encarnó el abrazo de todos y para todos, recordó Zaplana.
Hubo un pasaje en la intervención de Zaplana que evidenció los cambios de los que anteriormente se hablaba. El diputado popular recordó que en 1999, tras la aprobación en el Congreso de una norma de reparación a las víctimas de la Guerra Civil, Zapatero señaló que "se culminaba el proceso de reconciliación”. Siete años después, según se recoge en el preámbulo de la ley que ha escrito, “quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos -los afectados por la Guerra Civil-. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia (...) no puede dejar de atender”.
No es casualidad que dos figuras históricas del socialismo español se hayan opuesto en los últimos días a los intentos revisionistas de Zapatero. El ex presidente Felipe González ha afirmado que la memoria no es una materia que se pueda someter a regulación. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, la jornada previa a la aprobación de la ley en el Congreso, también recalcó que una ley no es el formato más adecuado para honrar a los muertos. Los objetivos se podrían haber logrado, según Múgica, con normas parciales. Las mismas que apoyaba el jefe del Ejecutivo hace ocho años y que ahora desecha.
