Dos ejemplos recientes de importancia similar: la imposición en todo el país de un vergonzoso sistema de denuncia de irregularidades, y el actual escándalo de una ministra del Interior que utiliza a sus propios servicios secretos y a los medios de comunicación públicos para desacreditar a uno de sus más estrechos colaboradores, dos hechos que, de haber ocurrido en Polonia o Hungría, habrían provocado una protesta general por el fin del "Estado de Derecho", y una seria acción política por parte de la Comisión Europea.
Apoyo público al chivatazo político
En primer lugar, el sistema de denuncia. La nueva Hinweisgeberschutzgesetz —la "ley de protección de los denunciantes", aprobada el 2 de julio de 2023— obliga a todas las empresas con más de 49 empleados a crear una Meldestelle ("célula de denuncia"), lo que supone la creación ex nihilo de un total de 90.000 (!) células de este tipo en el sector privado y varios miles más en la esfera pública. Las empresas que se nieguen a participar en esta iniciativa tendrán que pagar una multa de hasta 20.000 euros. El objetivo de estas células de denuncia de irregularidades es recibir, evaluar y transferir todas las formas de denuncia de los empleados o incluso de extranjeros, e iniciar las investigaciones oportunas. A continuación, la información pertinente debe transferirse al Estado, donde un decreto publicado el 11 de agosto de 2023 crea un nuevo servicio central de denuncia de irregularidades con 22 empleados y un presupuesto de 5 millones de euros al año, sólo para empezar... A partir de 2024 también podrán utilizar un software creado especialmente para permitir la comunicación inmediata entre el nuevo servicio y los denunciantes anónimos que deseen ponerse en contacto directo con el Estado.
Esta medida es el resultado de una nueva ley europea sobre la protección de los "denunciantes", que el gobierno alemán ha transformado en un programa proactivo para facilitar las denuncias políticas. En lugar de dirigirse únicamente a las comunicaciones relativas a delitos concretos y materiales, las células alemanas de denuncia de irregularidades también deben recibir, evaluar y transmitir las más variadas formas de denuncia, entre las que se incluyen expresamente las sospechas de falta de "lealtad a la Constitución" (Verfassungstreue) y la
autorización para violar deliberadamente el secreto fiscal o social. Ni que decir tiene que la ley obliga a las nuevas unidades a tomarse en serio incluso las denuncias anónimas. Es más, la ley especifica que los denunciantes, aunque se demuestre que están equivocados, gozarán de una protección legal especial contra el despido, lo que supone un incentivo adicional para ejercer su dudosa prerrogativa.
Por desgracia, esta reciente sistematización de la denuncia pública, sin precedentes desde el final de la República Democrática Alemana, no es más que el último, aunque el más importante, de una larga serie de hechos similares: desde hace años, se han creado en todo el país decenas de las más diversas "aplicaciones de información" que permiten denunciar supuestos "delitos de odio" o actos de "deslegitimación del Estado" (ahora tipificados como delito grave en Alemania). Tan sólo
La ciudad de Berlín ha gastado sólo este año 830.000 € en subvencionar una app destinada al chivatazo político
este año, la ciudad de Berlín ha gastado 830.000 euros en subvencionar una única aplicación para denunciar ante las instituciones públicas las más diversas formas de delitos de pensamiento. Como era de esperar, estas iniciativas emanan casi exclusivamente de la izquierda política y suelen estar estrechamente vinculadas a las numerosas ONGs que supuestamente "defienden la democracia" en su "lucha contra la derecha" ("Kampf gegen Rechts"), generalmente financiadas directa o indirectamente con fondos públicos con un presupuesto cada vez mayor, todo ello bajo la enérgica supervisión de la ministra del Interior Nancy Faeser (SPD) (leer más abajo).
El uso de los medios de comunicación públicos y los servicios secretos por parte de la ministra del Interior
En segundo lugar, veamos el último escándalo en torno a la ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD). Faeser es conocida por considerar la "lucha contra la derecha" el principal objetivo de su ministerio, y entre otras innumerables medidas contra toda forma de conservadurismo, el año pasado fue la responsable de autorizar el despido de funcionarios bajo la única sospecha de creencias o comportamientos "anticonstitucionales": en una chocante inversión de los fundamentos mismos del Estado de Derecho, ahora corresponde a los acusados demostrar su inocencia si no quieren ver destruida su existencia material.
Hoy, el despido por parte de la Sra. Faeser del anterior jefe de ciberseguridad del Ministerio, Arne Schönbohm, le vuelve a saltar a la cara, al salir a la luz nuevas y casi increíbles pruebas de connivencia generalizada entre intrigas políticas, el ministerio, la televisión pública y los servicios secretos. En 2022, Arne Schönbohm fue acusado en un programa satírico producido por la ZDF (la segunda cadena de televisión pública alemana) de mantener dudosas relaciones con determinadas empresas rusas especializadas en ciberseguridad, y fue inmediatamente despedido por la Sra. Faeser. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones pudo confirmarse posteriormente, pero no importó: el Sr. Schönbohm nunca volvió a su anterior trabajo, sino que fue degradado a un puesto mucho menos influyente.
Hoy, nuevos documentos demuestran que, incluso meses después del asunto, Faeser había dado instrucciones al Verfassungsschutz (servicio secreto interno alemán) para que buscara por todas partes pruebas que pudieran incriminar a Schönbohm; y aunque los expertos encargados no pudieron encontrar ninguna prueba, les ordenó que continuaran su investigación y le informaran al respecto. Además, existe incluso una fuerte sospecha de que las acusaciones iniciales, no probadas, formuladas por el programa de televisión de la ZDF, fueron hechas por la propia ministra y transmitidas a la cadena pública a través de contactos informales entre el personal de Faeser y el periodista encargado del programa satírico en cuestión, Jan Böhmermann (conocido desde hace años por sus ataques rabiosos contra todos los que se oponen a la izquierda política y goza de la más alta estima del gobierno en el poder).
El 5 de septiembre de 2023, la Sra. Faeser canceló su asistencia a una audiencia ante una comisión parlamentaria por "motivos de salud" (aunque estuvo presente para hacerse una foto); el 7 de septiembre se negó a asistir a una segunda audiencia, ofreciendo enviar a uno de sus colaboradores. Su partido, los socialdemócratas alemanes del canciller Scholz, rechaza todas las acusaciones e intenta actualmente trasladar todas las futuras comparecencias parlamentarias a octubre, justo después de las elecciones en el Bundesland alemán de Hessen, donde Nancy Faeser es la principal candidata de su partido...
¿Cómo podemos seguir tomando en serio a una ministra del Interior que ha establecido un sistema de denuncias inaudito desde la caída del comunismo, al tiempo que parece estar metida hasta el cuello en un uso desagradable de sus poderes? ¿Y qué pensar de un gobierno que, en lugar de destituirla en el acto, hace oídos sordos mientras se erige en árbitro de la rectitud democrática en Europa?
© Valeurs Actuelles
