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Quien ha hecho público el propósito del Gobierno filipino es Humberto López Morales, un filólogo cubano nacionalizado español que ejerce como secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Según ha informado EFE, López Morales, en la inauguración de un coloquio en Buenos Aires sobre la lengua española, afirmó que la gobernante filipina hará su petición de ayuda a España durante la visita que tiene prevista a nuestro país en el mes de diciembre.
La colaboración de España con su antigua colonia puede consistir, según el filólogo cubano nacionalizado español, en el envío de profesores y material bibliográfico para la enseñanza del idioma, entre otras medidas. Si logra ayuda de las autoridades de España, posiblemente en enero dicte un decreto que oficialice el idioma español, sigue informando EFE, siempre citando a López Morales.
En abril pasado, el Instituto Cervantes de Manila pidió al Gobierno filipino que volviera a incluir el estudio del español como lengua oficial dentro del currículum de los alumnos de la escuela pública. Filipinas suprimió el español de su sistema educativo en 1987, durante el Gobierno de la presidenta Corazón Aquino, bajo la nueva Constitución que se redactó tras la caída del régimen de Ferdinand Marcos. Más de 5.000 personas estudian actualmente español en el país, según datos del Instituto Cervantes. Es una cifra ridícula.
En el terreno práctico, España posee recursos sobrados para colaborar en el proyecto de la presidenta Macapagal Arroyo. La proyección exterior de la cultura española, una vez desaparecido el Instituto de Cultura Hispánica creado por Franco, pasó a oscilar entre los ministerios de Exteriores y Cultura hasta pivotar sobre el Instituto Cervantes, ya en época de Felipe González. Se abrió entonces un periodo de confusión y solapamiento de competencias que, aún dando sus frutos, pudo haber ofrecido mejores rendimientos.
El papel del Instituto Cervantes bajo el gobierno de Aznar fue afinado y clarificado, pero lo esencial del esfuerzo de cooperación cultural venía a recaer en Exteriores, ministerio cuyas prioridades rara vez coinciden con la potenciación de la cultura española. Después, con Zapatero, se impuso la doctrina de que el Cervantes debía evitar perfiles “expansionistas” y, aún más, integrar la proyección exterior de las lenguas vasca, catalana y gallega. La gestión de César Antonio Molina (hoy ministro de Cultura), generalmente elogiada, ha atemperado esa doctrina, pero el hecho es que la proyección exterior de la cultura española sigue pareciendo demasiado escasa.
