Segunda medida de órdago en estos momentos iniciales de una crisis que, quizá, algunos aún se empeñan en llamar “deceleración”: prohibir a los ayuntamientos de todo el Estado endeudarse a partir de enero de 2011. ZP no sólo rebaja una media del 5 % el sueldo a los funcionarios (decisión popular donde las haya), sino que ha empezado a barajar el despido de todos los interinos y personal laboral de los municipios, así como de todos los trabajadores de subcontratas y servicios específicos; pronto, supongo, les llegará el turno a las comunidades autónomas, que, por otra parte, ya se lo esperan.
Evidentemente, la medida es repugnante, pues deja el trabajo sucio a cada uno de los ayuntamientos, mientras ZP intentará mantenerse al margen y atacar a aquellos consistorios que adopten una decisión impopular, nefasta para los españoles y para la supervivencia de muchas familias. De hecho, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dado cifras: la prohibición de ZP va a suponer la pérdida de 850.000 puestos de trabajo. La gran mayoría, esto lo añado yo, españoles. El paro, por tanto, se incrementará en ese número de personas, yendo el porcentaje, sin prisa pero sin pausa, al 30 % de la población laboral. En Grecia, no lo olvidemos, el paro no roza el 10 %.
Sin embargo, no deja de ser paradójico que ciudadanos españoles, hijos y nietos de españoles, padres de españoles, pierdan su lugar de trabajo y, con ello, el sustento de sí mismos y de sus familias, mientras se sigue exportando la imagen de España como país de promisión, con un efecto llamada imparable y con centenares de empadronamientos diarios de recién llegados. No es cuestión de hacer casuística, pero la cosas está muy mal y todos ustedes tendrán ejemplos españoles cerca: ese matrimonio en el paro que ha de ir a comer a una casa de caridad y cuando les llega el turno les dicen que ya no queda comida; esa familia con los padres sin trabajo y cuatro hijos en edad escolar a los que se les quita la ayuda de comedor porque ganan demasiado; esa anciana que cobra algo más de 400 € al mes, y cuya pensión sería más alta si las ayudas sociales tuvieran una cierta lógica; esa medida de algunas comunidades de dar un “cheque bebé” superior a los 2.500 € que acaba de quitar Rodríguez Zapatero, sin discriminar positivamente a los ciudadanos españoles… Y ahora, para no menoscabar esos “derechos” igualitarios, se empieza a amenazar con despedir a los de dentro.
El tema es tabú y ningún político se atreverá a enfocarlo con valentía. La realidad, sin embargo, es tozuda. Hace ya más de un año, un diputado del PP en las Cortes Valencianas esgrimía: “O sea, que ahora hemos de pagarles el billete de regreso a sus países a aquellos que venían a pagar nuestras pensiones”, mostrando la paradoja de una mala gestión política socialista… o de una gran mentira. Quizá es hora de plantearse si verdaderamente son tan básicos para nuestra economía los flujos descontrolados de trabajadores extranjeros, cuando vemos cómo cierran PYMES, cómo algunos jóvenes españoles empiezan a emigrar (Francia, Países Bajos, Dinamarca…), cómo se exprime al trabajador de manera cada vez más escandalosa (subida del IVA, congelación de pensiones, multas en la carretera que son un atentado al sentido común…), cuando el paro crece sin remedio y se habría de discernir qué priorizar.
Ahora que está cada vez más de moda alabar el decrecimiento, deberíamos aplicarnos felizmente. España vive un tiempo en que no puede seguir siendo solidaria sin medir muy bien cada una de sus acciones. Si en una casa no hay comida, no hay comida para nadie. ¿Qué se va a dar a los de fuera si no hay nada para repartir?