EMC (Madrid). La historia es extremadamente sórdida: restos humanos tratados como basura, una investigación policial a la que nadie hace caso, una ex diputada de Izquierda Unida por medio y unas autoridades, las de la Comunidad de Madrid, que aún no han tomado medida alguna. Mientras tanto, las denuncias sobre la situación del aborto en España crecen incluso en medios pro-abortistas: la negligencia de la Administración está llegando demasiado lejos.
La historia empezó el 20 de febrero: fue en esa fecha cuando efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) encontraron abundantes fetos humanos en los contenedores de la clínica abortista “Isadora”, de Madrid, propiedad de la ex diputada de Izquierda Unida Marisa Castro, relevante figura del comunismo en la capital de España desde hace muchos años. Marisa Castro siempre se ha distinguido por su ferviente defensa del “derecho al aborto”. Después montó esta clínica privada, sin duda para facilitar el ejercicio de tal derecho.
La acción de la guardia civil tuvo por origen una denuncia de la Plataforma “La Vida Importa”. A raíz de ella, inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid y los mencionados efectivos del Seprona verificaron que en los contenedores del abortorio había abundantes “residuos biosanitarios materiales mezclados con residuos biosanitarios humanos”, lo cual incumple la normativa vigente, que es el Decreto 83/1999 sobre gestión de residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.
Los técnicos se deshicieron de los residuos materiales y, al parecer, enviaron los restos humanos al Instituto Anatómico Forense para estudiar la causa de defunción. La Plataforma sospecha que puede haberse dado un delito de infanticidio, “pues es habitual en abortos de más de 20 semanas provocar el parto con Citotech, con lo que se procede a dar muerte al niño fuera del útero, en lugar de dentro del mismo, tal como marca la ley”. Mientras tanto, la Plataforma “La Vida Importa” solicitó a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid el cierre cautelar de la Clínica Isadora “mientras las autoridades competentes finalizan sus investigaciones”, pero la Comunidad nada ha hecho al respecto.
Por otro lado, en Barcelona, la Notaría Bosch-Bages ha levantado acta con documentación fotográfica de los abundantes restos biosanitarios encontrados en la basura del Centro Médico Aragón. Este acta notarial ha sido remitida al Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, “a fin de que evalúe la posible infracción, así como su gravedad”. El Centro Médico Aragón está siendo investigado también por otras presuntas infracciones, como los presuntos certificados psiquiátricos firmados en blanco, que ya también denunció la misma entidad. Esos certificados tienen por objeto agilizar los trámites para provocar abortos so pretexto del riesgo para la salud psíquica de la madre.
La Plataforma “La Vida Importa” ha convocado a “todas aquellas asociaciones y particulares comprometidos con la defensa de la vida”, a manifestarse el próximo viernes 20 de abril ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Aduana, 29, a las 19,00 horas. Han firmado la convocatoria las siguientes entidades: Consejo de Laicos del Arciprestazgo de Madrid, Federación Internacional de Médicos Católicos, Hazteoir, Centro Jurídico Tomás Moro, Unidos por la Vida, Fundación Madrina, Alternativa Española y Partido Social Europeo. Se ignora la decisión que pueda tomar al respecto el Partido Popular.
