La crítica principal es clara, Nuremberg transforma un tribunal internacional en un relato esencialmente norteamericano. El espectador asiste a una confrontación casi exclusiva entre fiscales estadounidenses y dirigentes alemanes, mientras las demás potencias aliadas desaparecen o quedan reducidas a una presencia decorativa. Esta representación no es una simplificación inocente, es una falsificación histórica.
El Tribunal Militar Internacional fue una construcción cuadripartita. Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia participaron en pie de igualdad jurídica. Cada una de estas potencias aportó jueces, fiscales, tradiciones jurídicas y prioridades políticas propias. Ninguna de ellas podía imponer unilateralmente su interpretación de los hechos ni su marco legal.
La marginación de Francia resulta particularmente reveladora. El juez Henri Donnedieu de Vabres, heredero de la tradición jurídica continental, desempeñó un papel importante en los debates sobre la legalidad del tribunal, la responsabilidad penal individual y los límites de la retroactividad. Su ausencia refuerza la ficción de una justicia universal de matriz anglosajona, cuando en realidad Núremberg fue un compromiso precario entre sistemas jurídicos profundamente divergentes.
Más grave aún es la casi total desaparición de la Unión Soviética del relato cinematográfico. Como recuerda la tribuna ucraniana, los soviéticos fueron actores centrales del proceso. El fiscal Román Rudenko protagonizó algunos de los interrogatorios más duros, en particular frente a Hermann Göring. Pero, sobre todo, la URSS representaba a los pueblos que habían soportado la mayor parte de la violencia alemana, destrucciones masivas, hambrunas organizadas, brutalidades contra la población civil y trato inhumano a millones de prisioneros de guerra. Al borrar esta dimensión, la película borra también a Europa oriental de la memoria del conflicto.
Esta omisión conduce a una segunda distorsión, más sutil pero decisiva. El film convierte la tragedia sufrida por los judíos de Europa en el eje central del proceso, como si hubiera constituido desde 1945 el corazón exclusivo de los debates. Los archivos desmienten esta lectura. En Núremberg, el genocidio de los judíos fue integrado en la categoría más amplia de los crímenes contra la humanidad. El centro de gravedad jurídico del tribunal residía en otro lugar, en la criminalización de la guerra de agresión como crimen internacional, una noción impulsada con insistencia por la delegación soviética. El objetivo principal era sentar el principio de que iniciar una guerra de conquista constituye en sí mismo un crimen.
Este desplazamiento revela un fenómeno bien conocido. Como escribió Raymond Aron, toda lectura del pasado está condicionada por las preocupaciones del presente. Nuremberg proyecta sobre 1945 una jerarquía moral construida posteriormente, a costa de relegar otros crímenes alemanes, especialmente los cometidos en el Este contra poblaciones eslavas.
La focalización en Hermann Göring participa de esta lógica. Göring fue sin duda la figura más destacada del banquillo de los acusados. Su defensa, basada en la soberanía del Estado, la denuncia de la justicia de los vencedores y la legitimidad estratégica de las decisiones alemanas, constituye uno de los momentos intelectualmente más reveladores del proceso. Carl Schmitt identificó con claridad esta transformación del conflicto político en juicio moral, donde el vencedor se arroga el derecho de definir unilateralmente el bien y el mal.
El tribunal de Núremberg no escapa a esa lógica. La retroactividad de las incriminaciones, la ausencia de procesos por los bombardeos aliados, el silencio sobre crímenes soviéticos como la masacre de Katyn o las deportaciones masivas muestran que se trató menos de una justicia imparcial que de un acto político fundador del orden internacional surgido de la victoria. Como recordó Julien Freund, el derecho internacional nunca puede desligarse por completo de la correlación de fuerzas que lo sostiene.
Esta cuestión desborda ampliamente el caso de Núremberg. Afecta al modo en que las civilizaciones se relacionan con su propio pasado. El catolicismo, por ejemplo, ha integrado su historia completa, incluidas sus sombras, dentro de una continuidad simbólica. El culto a los mártires, la centralidad del recuerdo y la ritualización del pasado han permitido a la Iglesia católica ocupar de forma duradera el espacio cultural cristiano. El protestantismo, en cambio, al rechazar el culto de los muertos y de las imágenes, ha tendido a disolver su pasado, dejando el terreno del relato a otros más persistentes.
Este desequilibrio memorial se manifiesta con particular claridad en el caso de España. Durante siglos, el mundo hispánico ha sido prisionero de la leyenda negra, forjada por sus rivales protestantes y liberales y difundida con constancia por la historiografía, la literatura y, en tiempos más recientes, por el cine anglosajón. La Inquisición convertida en símbolo absoluto del fanatismo, la conquista de América reducida a una empresa exclusivamente genocida, el Imperio español presentado como arcaico y sanguinario, esta caricatura se impuso en ausencia de un contra-relato sólido.
España comienza apenas ahora a disputar ese relato. Durante demasiado tiempo interiorizó la versión de sus adversarios y aceptó una culpabilidad histórica elaborada desde fuera. Hollywood y la producción cultural anglófona desempeñaron un papel decisivo en esta hegemonía simbólica, imponiendo una visión maniquea del pasado donde los vencedores morales son siempre los mismos.
Sin embargo, la historia del Imperio español no se deja reducir a esa simplificación. España fue también una potencia jurídica y teológica que produjo debates inéditos sobre la legitimidad de la conquista, el estatuto de los pueblos indígenas y los límites del poder imperial. El debate de Valladolid, las Leyes de Indias y la temprana reflexión sobre el derecho de gentes muestran una complejidad sistemáticamente omitida por el relato dominante. Recuperar esta dimensión no significa negar las violencias, sino reinsertarlas en su contexto histórico real.
La película Nuremberg se inscribe plenamente en esta tradición. No pretende comprender la complejidad del tribunal, sino extraer de él un mito útil, el de una justicia universal encarnada por Estados Unidos. Como escribió Ernst Jünger, el vencedor no se limita a ganar la guerra, aspira también a ganar la memoria.
Existen otras vías. Marguerite Yourcenar demostró en Memorias de Adriano que es posible dar vida a una figura histórica sin traicionarla, combinando rigor documental e inteligencia psicológica. La mayor parte de la producción cinematográfica contemporánea opta, en cambio, por la simplificación y la utilidad ideológica.
La conclusión es evidente. La memoria colectiva no se hereda, se conquista. Los pueblos que renuncian a narrar su propia historia aceptan, tarde o temprano, vivir dentro del relato de los otros. De ahí la importancia de quienes, contra la corriente dominante, han decidido volver a contar el pasado desde una perspectiva propia.
En España, los trabajos de José Javier Esparza, publicados por Planeta o por Áltera (hoy Ediciones El Manifiesto), constituyen un ejemplo significativo de esta recuperación del relato histórico. Sus libros han alcanzado un amplio público precisamente porque responden a una carencia real, la ausencia de un discurso histórico capaz de disputar la hegemonía cultural anglosajona y liberal. Estos ensayos no se limitan a enumerar hechos: construyen un relato inteligible, coherente y transmisible, condición indispensable para que una memoria histórica arraigue en la conciencia colectiva. La polémica en torno a Núremberg, por tanto, no concierne sólo a una película ni a una discusión erudita sobre el pasado, sino a una cuestión decisiva: quién controla hoy el relato histórico y con qué finalidad política, moral y cultural.
