Impunes quedan los incendiarios
de nuestros bosques

La impunidad de los canallas

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«… la respuesta de Burke a Rousseau: el orden político es un contrato, pero no como sostiene Rousseau un compromiso entre los que viven, sino entre los que viven, los aún no nacidos y los muertos.»
 
 Las derechas no son conservadoras y los movimientos ecologistas son de izquierdas, circunstancias ambas más palmarias aún en España que en los demás países desarrollados. Por eso es difícil hablar de la devastación de la Naturaleza en nuestro país. En cualquier debate sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales, el sentido común, el sentido científico y no digamos el sentido de la justicia se ven eclipsados por la humareda de los prejuicios ideológicos. Y eso que en el fondo nuestra derecha –más heredera de Mendizábal que de Jovellanos– no está tan alejada de los postulados economicistas de la izquierda. A ninguna de las dos le importa mucho en realidad la conservación de la Naturaleza. Las dos aspiran al control económico de la sociedad.
 
 En los medios ecologistas reina, indiscutida, la estricta ortodoxia rousseauniana: el hombre es bueno y la sociedad es mala. O el hombre es bueno y el capitalismo es malo. Basta con ver los dictámenes publicados en los últimos días de agosto por las cinco grandes organizaciones ecologistas: Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, SEO-Birdlife y Amigos de la Tierra. Poco habían dicho hasta ahora de la terrible serie de incendios del verano, pero al fin desgranan en la Red la letanía de causas tal como las ven los bienpensantes. En esencia son calentamiento global, recortes presupuestarios y mala planificación. Es decir, los abusos del "capitalismo salvaje". Poco o nada se dice de los incendios provocados. Como mucho, se habla de los “pirómanos”, con lo cual el dogma rousseauniano queda a salvo, puesto que los causantes son unos enfermos –por culpa de la sociedad– y por tanto inocentes. Pero todo el mundo sabe que en su mayoría los grandes incendios son provocados, y no por imprudencia sino por intención criminal. También por eso es insuficiente pedir que se cambie la ley para castigar con más severidad esos delitos. El problema no es tan sólo la lenidad de las penas, con ser notable. Está sobre todo en que la ley no se aplica. Incluso cuando se ha capturado al sospechoso y ha sido juzgado y condenado, ocurre que o no cumple la pena o ésta se queda reducida a un tiempo mínimo. La prueba está en que de un año para otro quedan en la cárcel muy pocos o quizá ninguno de los convictos y confesos. Y por cierto, los datos estadísticos que acreditan la lenidad de la justicia en estos delitos son de difícil acceso, cuando no imposible.
 
 Por otro lado, la escasez de datos sobre la profesión de los causantes de los incendios dan pábulo a conjeturas –muy verosímiles pero tal vez injustas o incompletas– que están en la mente y en la boca de todos, pero no en la pluma. Además, parece que los jurados populares son reacios a condenar a los incendiarios, y hablan distintas fuentes de encomendar estos casos a jueces y magistrados profesionales. No es chica ironía que esa conquista democrática haya resultado ser un fracaso, al menos en estos asuntos donde acaso los jurados populares se consideran pertenecientes al mismo demos que los incendiarios. Maravilla que concurran por igual en este desencanto juristas progresistas, que no hurtan sus togas al polvo del camino, y ministros del actual gobierno.
 
 La derecha española no es propiamente conservadora. Es cierto que no es nuestro país el único donde tal cosa ocurre. En el Reino Unido el centro de gravedad del Partido Conservador se alejó del conservatismo para pasarse al liberalismo librecambista. Siempre se dijo que Margaret Thatcher estaba más cerca en su ideología de Gladstone que de Disraeli. En lo referente a la conservación de la Naturaleza, dos de los más notables pensadores ingleses de hoy, John Gray y Roger Scruton, subrayan que el llamado ecologismo debería ser –como lo fue en sus inicios en el siglo XIX– una causa muy ligada al Partido Conservador británico. Es más, ambos citan la misma fuente, la respuesta de Burke a Rousseau: el orden político es un contrato, pero no como sostiene Rousseau un compromiso entre los que viven, sino entre los que viven, los aún no nacidos y los muertos. La población actual del planeta puede tener interés en consumir todos los recursos, pero no para eso trabajaron nuestros mayores, y nuestros descendientes aún no nacidos dependen de nuestra moderación. A largo plazo, el equilibrio social ha de incluir, pues, el equilibrio ecológico.
 
 En la derecha española las dos corrientes están muy marcadas. Una de ellas tiene incluso un nombre que me atrevo a usar aquí pese a su tono burlesco. Me refiero a conservaduros, cuyo primer uso documentado que encuentro está, precisamente, en esta página del diario ABC, hace 75 años. Se trata de una denuncia feroz del ánimo codicioso de un cacique de derechas al que dieron el apodo de Tío Conservaduros y a su rival, Tío Sociolisto (ABC, Sevilla, 4 marzo 1937). El caso es que el ansia de conservar las monedas de a duro no lleva a ningún empeño en conservar la Naturaleza. Ni los ecologistas de izquierdas ni los derechistas librecambistas atribuyen a la Naturaleza un valor más que instrumental. Por eso ambos sectores la llaman Medio Ambiente, es decir, mero escenario para las posturas e intereses de ellos, los grandes actores. Por eso tampoco creo que les sorprenda mucho la tragedia de este verano en llamas. Pueden estar seguros de que dentro de poco ya se nos habrá olvidado lo ocurrido; después de todo, 165.000 hectáreas son poca cosa al lado del casi medio millón calcinado durante el verano de 1985. O de las más de 400.000 que quemaron en 1978, en 1989 y en 1994. Por cierto que el primer año en que se rebasaron las 150.000 hectáreas quemadas (cifra hoy por debajo de la media, pero que parecía inquietante entonces) fue 1975. También se nos ha olvidado ya que en 2005 un incendio mató a 11 personas y quemó 13.000 has, y que siete años después han condenado a un solo acusado “por un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave, a dos años de prisión” (que no tendrá que cumplir) y multas y responsabilidad civil de 10 millones de euros, que no pagará.
 
 Al final –triste estrambote– surge la pregunta que acaso interese a los conservaduros: ¿qué hace más daño a nuestra imagen turística y económica en el extranjero, los incendios provocados o la impunidad de los canallas incendiarios?

© Bítacora del Marqués de Tamarón

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