Mi hijo, que ha empezado a estudiar Derecho, está todo el santo día dándome la vara con que España es un Estado Social y Democrático de Derecho… No le digo nada, pues no quiero desanimarle antes de tiempo, pero para muestra no un botón, sino tres:
1º.- Un abogado iluso, un pobre hombre que cree vivir en un Estado de Derecho, en una palabra, yo mismo, formuló denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por entender que la “concesión” gratis et amore de un coche oficial con chófer y escoltas al ex presidente de la región, no tiene cobertura legal o reglamentaria alguna.
El Fiscal del TSJ, buen amigo y buena persona, por lo demás, evacuó –y nunca mejor dicho– un informe diciendo que hay presidentes de otras Comunidades Autónomas que por la correspondiente ley autonómica tienen “derecho” a despacho, coche oficial, chófer, escoltas, secretarias, y hasta a palanganero (de los que se utilizaban en las antiguas casas de meretrices). ¿Y a mí que coño me importa? Estamos hablando de Aragón, no de Cataluña, Galicia o Extremadura… Obviamente el TSJ emitió un Auto archivando la denuncia.
Tres de los cinco magistrados habían sido nombrados a instancia sde la Comunidad Autónoma: dos a propuesta del Parlamento regional, digo aldeano, y el Presidente con el visto bueno del gobierno regional.
2º.- Denunciados los hechos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ahora contra el ex presidente, por su calidad de Senador del Reino. El Fiscal del Supremo dice que soy un exagerado, que el derecho penal es la última ratio –estoy harto de oír esta expresión, sobre todo cuándo se utiliza para no imputar a los políticos– y que algo de ilegalidad o arbitrariedad hay en la actuación del gobierno regional, pero considera que debería acudir al Tribunal de Cuentas, que es el competente para “controlar” el despilfarro o desvío de los fondos públicos.
3º.- Así lo hago, faltaría más. Pero ahora el Fiscal ante el Tribunal de Cuentas –hay fiscales para dar y regalar– dice que no es problema suyo, que no está acreditado el derroche de los fondos públicos –son ellos quienes pueden investigarlo, no yo, que soy un simple particular–, y que no pasa nada, por lo que pide el archivo de la denuncia.
Previamente me han hecho acreditar mi condición de abogado y he tenido que comprometerme a pagar los gastos que la investigación del asunto ocasione si la denuncia es falsa. Pues ni por esas. Se niegan a investigar nada. Es lógico; en el Tribunal de Cuentas hay más de 700 personas empleadas (y no digo trabajando para no ofender a los auténticos trabajadores), con un sueldo medio de 3.000 euros mensuales, los simples funcionarios… De esos 700 más de 100 son familiares directos de los Consejeros y Letrados. Es una “empresa familiar”… ¡No van a indisponerse con quien les da de comer, y encima pueden vivir en Madrid, capital de la ex España!
Termino ya, que no quiero seguir cabreándome; soy hipertenso, y no me conviene. ¿España es un Estado de Derecho? No digas tonterías, hijo mío, España es un estado de desecho, eso es lo que es…
