JOSÉ JAVIER ESPARZA
}… La consigna es aniquilar a la “quinta columna” de Madrid, es decir, a los partidarios –reales o supuestos– del alzamiento que abarrotan las prisiones. El 1 de noviembre, el agente soviético Koltsov empieza a entrevistarse con los comisarios políticos de las unidades republicanas. Koltsov quiere acelerar la evacuación de los presos. Para el hombre de la NKVD, “evacuación” significa “exterminio”. Por lo que ha trascendido de aquella reunión, que no sería la última, no es posible decir que todos sus interlocutores lo entendieran de la misma manera, pero parece evidente que los responsables del orden público en la capital sí estaban en la misma posición: había que ejecutar a los “fascistas”.
Pasan los días y el cerco de las tropas nacionales sobre Madrid es angustioso: han tomado Campamento, Carabanchel, el Cerro de los Ángeles y Villaverde. El 5 de noviembre, unidades especiales del Quinto Regimiento, la unidad emblema del Partido Comunista, han empezado a controlar todas las salidas y accesos de Madrid: no es sólo una medida de protección, sino también un alarde de fuerza ante el propio conglomerado republicano. El Gobierno del Frente Popular decide abandonar la capital de España para instalarse en Valencia. El traslado comenzará el 6 de noviembre. A partir de este momento, los hechos se suceden de manera tan vertiginosa como elocuente. El jefe del Quinto Regimiento, Enrique Castro Delgado, recibe a Santiago Carrillo y otras personas de las Juventudes Socialistas Unificadas (entre ellos, Serrano Poncela y Cazorla) en el seno del Partido Comunista. Casi simultáneamente, Mijail Kolstov se entrevista con el comité central del PCE y le insta a ejecutar a los presos de las cárceles de Madrid. Acto seguido, Castro Delgado convoca al comisario del Quinto Regimiento y le dice: “Comienza la masacre. Sin piedad. La quinta columna de que habló Mola debe ser destruida antes de que comience a moverse. ¡No te importe equivocarte!”.
Esa tarde Carrillo y Cazorla se han entrevistado con Largo Caballero en el Ministerio de la Guerra y, después, con el comité central del PCE. Nadie ignora ya que el Gobierno se dispone a emprender la huida. En su lugar va a funcionar inmediatamente una Junta de Defensa integrada por todos los partidos del Frente Popular. La preside el general Miaja. La consejería de Orden Público se encomienda precisamente a los jóvenes recién ingresados en el PCE: Santiago Carrillo será el consejero; Cazorla, su suplente; Serrano Poncela, el lugarteniente de Carrillo con el cargo de Delegado de Orden Público.
En esos mismos momentos se presenta en la cárcel modelo de Madrid un contingente de policías y milicianos. Los testigos relatan que el edificio de la prisión estaba acordonado por los milicianos y, tras el cordón, era posible ver a centenares de presos, atados, embarcando en camiones y autobuses. Según los milicianos de guardia, la expedición se dirigía “hacia Levante”. Esa era, en efecto, la explicación oficial, pero no era lo que iba a pasar. Así lo relata la edición pública de la Causa General:
“El 6 de noviembre de 1936 se presentaron en la Cárcel Modelo de Madrid policías, adscritos a la Dirección General de Seguridad, y milicianos de Vigilancia de Retaguardia, al mando del Inspector General, Federico Manzano Govantes, con una orden de libertad de presos, sin indicación de nombres ni de número; en autobuses de la Sociedad Madrileña de Tranvías se llevaron a los presos que tuvieron por conveniente, sacándolos atados, y los asesinaron en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Al día siguiente, 7 de noviembre, se repitieron los mismos hechos, siendo asesinada una nueva tanda de reclusos. La orden de extracción de la Cárcel de todos estos reclusos fue firmada por el Director General de Seguridad, que dispuso que el Director de la Cárcel Modelo entregase a los portadores de dicha orden los presos que verbalmente le indicasen. Según declaración prestada en la Causa General por el funcionario de la Dirección General de Seguridad, D. Ángel Jiménez Bella, el mandato referido se extendió y firmó después de una conversación que con dicho Director general sostuvo la diputado socialista Margarita Nelken”.
No es sorprendente encontrar a Margarita Nelken en este episodio: la agitadora comunista disponía de su propio grupo de milicianos para ejecutar tareas represivas. En el zafarrancho de esos días de noviembre, alguien así podía imponer su autoridad sin demasiados problemas; en Madrid había incluso quien la daba por nueva responsable de orden público. Por eso, al caer la tarde del día 6 se dirige a ver a Manuel Muñoz y, tras halagarle con el argumento de que él es, en ese momento, la única autoridad en Madrid, obtiene una orden genérica de traslado de presos. De la declaración de Muñoz tras la guerra parece inferirse que éste dio aquellas órdenes por puro temor a los milicianos de la Nelken y en la seguridad de que los documentos carecerían de valor real. El hecho es que lo tuvieron.
También conocemos cuál era el tenor literal de esas órdenes oficiales dispensadas por Seguridad. Por ejemplo, esta, correspondiente a una saca de la Modelo, que, significativamente, no firma Muñoz: “Sírvase V.S. entregar a las milicias … a los detenidos comprendidos en la adjunta relación para su traslado al Penal de San Miguel de los Reyes. Madrid, 6 de noviembre de 1936, el subdirector, Vicente Girauta Linares”. Pero ninguna relación de detenidos acompañaba a la orden: la lista la confeccionaban in situ los milicianos en la propia prisión, ficheros en mano. Son los ficheros que había dejado preparados el ministro Galarza. Esa misma noche, Galarza, que ha huido ya con el Gobierno camino de Valencia, se detiene en Tarancón y hacia la una de la madrugada telefonea a Serrano Poncela, el segundo de Carrillo en la recién constituida Junta de Defensa: quiere verificar que ha comenzado la “evacuación definitiva”. Así la consejería de Orden Público de la Junta de Defensa se habría limitado a recoger el testigo, ejecutando un exterminio previsto con anterioridad.
¿Quién fue el culpable?
Las versiones más proclives al Frente Popular, como la de Jorge Martínez Reverte, sirven una interpretación algo distinta de los hechos: subrayan la culpabilidad de los soviéticos, a través de Koltsov, en la decisión de los asesinatos masivos; defienden que el Gobierno desconocía los hechos y distribuyen la responsabilidad de la ejecución entre los comunistas y los anarquistas de la capital. Estas versiones nos remiten a la primera sesión de la Junta de Defensa, en esa misma noche del 6 de noviembre. En ella, sus miembros comunistas recién llegados de las Juventudes Socialistas Unificadas –Carrillo y compañía– se reúnen en un aparte con los miembros anarquistas de la Junta, capitaneados por Amor Nuño, y deciden acometer la “limpieza” de la retaguardia, a la que los agentes de Moscú venían instando desde días atrás.
La operación debía comenzar por una segregación de los presos políticos en tres categorías. La primera sería la de los “fascistas y elementos peligrosos”; a éstos había que aplicarles la muerte inmediata, “cubriendo la responsabilidad”, vale decir ocultando el origen de la decisión y el nombre de quienes la habían tomado. La segunda categoría será la de presos con responsabilidades menores; a éstos habría que enviarlos a la prisión de Chinchilla (Albacete). La tercera categoría estaría integrada por quienes no tenían responsabilidades políticas; éstos serían puestos en libertad para ofrecer a los embajadores extranjeros un prueba del “humanitarismo” de la Junta de Defensa. Sin embargo, por presión soviética, la consejería de Orden Público terminará eliminando a presos de todas las categorías, contra lo acordado con Amor Nuño. Los anarquistas, por su parte, esgrimen las actas de la Junta de Defensa de Madrid para demostrar que toda la responsabilidad sobre la eufemísticamente llamada “evacuación” de los presos recayó sobre el núcleo comunista de Orden Público, sin intervención de la CNT. Fue efectivamente esa consejería de Orden Público, sucesora administrativa de la Dirección General de Seguridad, la que se hizo cargo de las nuevas sacas y las matanzas masivas. El comunista Ramón Torrecilla, miembro del consejo, lo declara así en la Causa General:
“La noche del 6 al 7 de noviembre tuvo aviso el declarante de que iba a ser nombrado vocal del Consejo de la dirección general de Seguridad (nuevo organismo que entonces se creaba) y aunque hasta el día 10 del mismo mes no recibieron él y los demás consejeros sus nombramientos escritos, expedidos por Santiago Carrillo, ya en la madrugada del 7 de noviembre celebró con otros consejeros una reunión y a partir de este momento empezó a funcionar aquel Consejo (…) Serrano Poncela (delegado de Orden Público) tenía que ir a despachar diariamente con el consejero de Orden Público en la oficina de éste. Además, Santiago Carrillo iba con frecuencia a conferenciar con Serrano Poncela. Se llevaba en la Dirección General de Seguridad un libro registro de expediciones de presos para asesinarlos. Calcula el declarante que fueron alrededor de 20 ó 25 las efectuadas, de ellas cuatro de la cárcel Modelo, cuatro o cinco de la de San Antón, seis a ocho de la de Porlier; seis a ocho de la de Ventas. Le parece que de la cárcel Modelo se extrajeron para matar alrededor de mil quinientos presos”.
La mecánica del exterminio
Probablemente la noticia de estos sucesos habría tardado meses en trascender si no hubiera mediado la intervención de un diplomático de la legación noruega, Félix Schlayer, que de manera casi fortuita cobró conocimiento de lo que estaba pasando. Es verdad que el cuerpo diplomático acreditado en Madrid conocía perfectamente la intensidad de la persecución política desatada por el Frente Popular, pues varios miles de personas habían buscado refugio precisamente en las embajadas y consulados, y la embajada británica, por ejemplo, ya había emitido alguna nota de protesta oficial por las sacas de octubre. Pero nadie podía imaginar que los presos políticos estuvieran siendo excarcelados y asesinados masivamente. Ahora bien, Schlayer llevaba tiempo ocupándose de uno de esos presos: Ricardo de la Cierva (padre del historiador), que era abogado de la legación noruega. Y así Schlayer supo de las sacas y las matanzas masivas. Schlayer visitó al presidente de la Junta de Defensa de Madrid, general Miaja, ante quien denunció las sacas; Miaja le prometió ocuparse del asunto y le dio las mayores garantías sobre la seguridad de los presos. Lo mismo hizo el diplomático ante Santiago Carrillo, quien igualmente dijo ignorarlo todo acerca de las matanzas masivas. Es difícil creer que Miaja y, sobre todo, Carrillo ignoraran a fecha 7 de noviembre el auténtico destino de las expediciones de presos. En todo caso, a partir de aquella fecha ya lo supieron. Y las sacas continuaron.
En efecto, en la noche del 7 al 8 de noviembre continuó la matanza de presos en Madrid. Los autobuses seguían dirigiéndose a Paracuellos, pero el número de muertos era tan elevado que ya no había espacio en las fosas para albergar más cadáveres. Los cadáveres acumulados en las matanzas anteriores seguían sobre el campo, envueltos en sangre. Los vecinos del pueblo de Paracuellos fueron obligados, pistola en mano, a cavar nuevas zanjas; hasta ellas fueron arrastrados los cadáveres, amontonados, mediante cuerdas y garfios, a fuerza de mulas. Y las nuevas víctimas, el día 8, fueron llevadas a otro lugar: Soto de Aldovea, junto a Torrejón de Ardoz, donde los presos eran fusilados o ametrallados al borde de una gran acequia y allí mismo sepultados. De esta acequia fueron exhumados tras la guerra 414 cadáveres.
En conjunto, la cifra de presos asesinados durante el mes de noviembre superará los 2.500. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936 “sacan” de la cárcel de San Antón a unos 1.000 presos; 400 serán fusilados. De la saca de la cárcel Modelo, el 7 de noviembre, matan a 970. De Porlier sacan entre el 18 de noviembre y el 4 de diciembre a 561 presos, de los que fusilan a 318 como mínimo. Las sacas durante la etapa de Carrillo como responsable de Orden Público se traducen en un mínimo de 2.000 muertos. Pero esta cifra comprende sólo a las víctimas que figuran en las relaciones de las cárceles; otras muchas nunca figuraron en ninguna lista.
En cuanto al método para perpetrar estos crímenes, no fue en modo alguno discreto. El principal testimonio al respecto es el del policía Álvaro Marasa, que declaró ante la Causa General el 7 de noviembre de 1939. Según el testigo Marasa, las víctimas eran seleccionadas por el delegado de Orden Público, Serrano Poncela, bajo el efugio de órdenes de traslado. Al caer la tarde, los presos, previamente despojados de cualquier objeto personal, salían maniatados de las cárceles, en convoyes de autobuses escoltados por milicianos. Cuando llegaban al lugar de la ejecución, se los hacía descender formando largas filas. Allí aguardaban cientos de milicianos, sobre todo comunistas y anarquistas, traídos expresamente desde la capital, que se relevaban en los piquetes de ejecución.
(…)
Las pruebas de la acusación
Hoy es indiscutible la culpabilidad directa de Santiago Carrillo y, más extensamente, del Partido Comunista de España en los crímenes de Paracuellos, Torrejón y otros lugares de la provincia de Madrid durante aquellas semanas. Es algo que señalan sin ambages historiadores pro republicanos como Gibson y Cabanellas. No en vano Carrillo fue cesado de su cargo el 24 de diciembre de 1936 –junto con Serrano Poncela– y sustituido por Cazorla. Las pruebas de convicción sobre la culpabilidad comunista son abrumadoras. Además de los testimonios mostrados en la Causa General y de las decisivas actas de la Junta de Defensa de Madrid, hay numerosos testigos que confirman la responsabilidad de Carrillo en la “limpieza” de la retaguardia, es decir, en el exterminio de los prisioneros.
(…)
Paracuellos ya había sido escenario de fusilamientos desde el principio de la guerra. Hoy, según la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos, hay enterradas en este cementerio unas 4.200 víctimas totalmente identificadas –sin exhumar– procedentes de las cárceles de Ventas, Porlier, San Antón y la Modelo. Otras víctimas caídas en distintos lugares de Madrid fueron exhumadas tras la guerra e inhumadas también en Paracuellos, elevando la cifra a 4.900. Conviene precisar que no es posible saber el número exacto de personas enterradas en Paracuellos ni tampoco es factible su identificación completa. Tampoco se sabrá nunca el número preciso de los allí asesinados. Por comparación de informaciones y contraste de las distintas fuentes, el número de víctimas enterradas hoy en aquel paraje puede evaluarse en torno a las 5.000, quizá más, entre víctimas identificadas y sin identificar.
Para la credibilidad internacional del Gobierno del Frente Popular, las matanzas de Paracuellos fueron un golpe durísimo. Y para la posteridad, estos crímenes acercan el Terror rojo español a los procedimientos empleados por los comunistas, antes y después de 1936, en otros lugares de Europa.~
