Escribo estas líneas desde Bretaña, frente a un mar que durante siglos enseñó a sus habitantes una verdad elemental: las costas pertenecen menos a quien las dibuja en un mapa que a quien puede guardar sus puertos, asegurar sus pasos y mandar sus navíos cuando arrecia el temporal. Acaso por haber nacido en Buenos Aires y vivir ahora en esta vieja península atlántica miro la cuestión de las Malvinas sin la comodidad de las certezas patrióticas. Conozco demasiado bien la pasión argentina que despiertan aquellas islas y vivo demasiado cerca de Inglaterra para olvidar que los ingleses construyeron buena parte de su historia precisamente sobre la obstinación marítima.
Durante muchos años el litigio pareció congelado. Buenos Aires repetía que las Malvinas eran argentinas; Londres respondía que las Falklands eran británicas; las Naciones Unidas invitaban periódicamente a negociar y los isleños continuaban criando ovejas, vendiendo a gallegos derechos de pesca al calamar y votando por la Corona. El ritual podía durar otro siglo. Donald Trump acaba de introducir una pequeña grieta en esa aparente eternidad al dejar entender que el apoyo norteamericano a Gran Bretaña ya no debe considerarse una obligación inscrita en las tablas de Moisés.
No ha reconocido la soberanía argentina ni ha cambiado formalmente la posición de Washington. Ha hecho algo más característico de su política: recordar que para él una alianza vale mientras sirve. En un mundo donde el presidente norteamericano puede hablar del Groenlandia como de un territorio negociable, amenazar al Canadá y emplear la fuerza contra Irán sin demasiado respeto por las liturgias diplomáticas que Europa confundió durante decenios con el orden natural de las cosas, la vieja certeza según la cual Estados Unidos acudiría necesariamente en ayuda de Londres empieza a ser menos cierta.
No es todavía una revolución. En geopolítica, sin embargo, la duda puede pesar casi tanto como un tratado.
1982 pertenece a otro mundo
Conviene recordar al lector español qué ocurrió en 1982, porque aquella guerra ha terminado convertida en una estampa demasiado simple: una dictadura argentina desesperada invade las islas, Margaret Thatcher manda la flota y, setenta y cuatro días más tarde, la bandera británica vuelve a izarse en Puerto Stanley. Hubo 649 muertos argentinos, 255 británicos y tres isleños; la junta militar recibió el golpe que precipitaría su caída y la primera ministra británica salió de la aventura transformada en la Dama de Hierro que todos recuerdan.
Inglaterra venció porque reunía tres cosas que las naciones prudentes procuran conservar juntas: voluntad política, fuerza militar y aliados. Thatcher poseía la primera en cantidades poco comunes; la Royal Navy conservaba todavía suficiente espesor para movilizar portaaviones, destructores, fragatas, submarinos nucleares, buques anfibios, transportes y una amplia flotilla auxiliar; Estados Unidos aportó finalmente información, material y apoyo logístico. La victoria británica estuvo bastante más cerca de la catástrofe de lo que después quiso recordar su mitología. Hubo navíos hundidos, otros gravemente dañados y bombas argentinas que alcanzaron sus blancos sin explotar. Londres podía, sin embargo, perder barcos y seguir combatiendo. Esa profundidad militar valía casi tanto como la superioridad tecnológica.
Nada de eso autoriza a imaginar una revancha argentina próxima. La Argentina de 2026 sigue sin disponer de los medios para conquistar las islas y sería infantil pretender lo contrario. Los F-16 adquiridos recientemente son importantes porque señalan el comienzo de una recuperación después de décadas de abandono, no porque constituyan una fuerza capaz de ganar una guerra en el Atlántico Sur. La Armada necesita buques, submarinos, aviación naval, medios anfibios y una logística que no se improvisa con discursos. Los militares argentinos serios lo saben, y los muertos de 1982 constituyen una advertencia bastante más elocuente que cualquier cadena nacional.
Lo que ha cambiado es el sentido de la evolución. Buenos Aires sigue siendo débil, pero comienza lentamente a reconstruirse; Londres continúa siendo mucho más fuerte, aunque posee una marina considerablemente más pequeña que la de Thatcher. Los grandes barcos modernos impresionan, llevan misiles excelentes y cuestan fortunas; también pasan por mantenimiento, sufren averías y no pueden encontrarse simultáneamente en el Atlántico Norte, el golfo Pérsico, el Pacífico y las Malvinas. El drama de numerosas fuerzas armadas europeas consiste precisamente en disponer de armas magníficas en cantidades demasiado escasas.
Hasta la derecha británica comienza a decirlo sin circunloquios. Kemi Badenoch ha acusado al gobierno laborista de acostumbrar al mundo a contemplar una Gran Bretaña que cede, poniendo como ejemplo las Chagos, y resumió su pensamiento en una sentencia digna de Palmerston: los países respetan la fuerza, no la debilidad. Javier Milei parece haber llegado a idéntica conclusión desde la otra orilla.
La cuestión, por tanto, no consiste en averiguar si la Argentina podría desembarcar mañana en Puerto Argentino. No puede. Consiste en preguntarse qué relación de fuerzas existirá dentro de quince o veinte años si una potencia austral persevera en reconstruirse mientras una antigua potencia mundial continúa adelgazando sus instrumentos de fuerza y su principal aliado empieza a cobrarle cada servicio.
La victoria británica de 1982 pertenece a la historia. El mundo que la hizo posible ya no es exactamente el nuestro.
Dos legitimidades que se estorban
La cuestión histórica tampoco admite la simplicidad confortable con que suele presentársela a uno y otro lado del océano. Las Malvinas no enfrentan a un propietario indiscutible con un ladrón manifiesto. Británicos y argentinos poseen títulos suficientemente serios para alimentar una controversia de dos siglos y suficientemente incompletos para que ninguno haya conseguido cerrar el expediente.
Los franceses fueron los primeros en establecer allí una presencia permanente en 1764 bajo el impulso de Bougainville. Poco después cedieron su establecimiento a España, mientras los británicos ocupaban otra parte del archipiélago. Los españoles expulsaron a los ingleses, Londres amenazó con hacer hablar a los cañones, éstos regresaron y finalmente abandonaron su posición en 1774 dejando constancia de que la retirada no significaba renunciar a sus derechos. Hay algo admirablemente británico en esa forma de marcharse dejando escrita la promesa de volver.
España administró después las islas durante decenios. La Argentina independiente se consideró heredera de los derechos españoles correspondientes al antiguo Virreinato del Río de la Plata, ejerció allí autoridad y estableció una administración. En 1833 apareció una fuerza británica, las autoridades argentinas fueron obligadas a retirarse y Londres reinstaló su dominio. Desde entonces, salvo durante las semanas de 1982, Gran Bretaña administra el archipiélago.
Los británicos invocan, por consiguiente, una pretensión muy antigua y casi dos siglos de posesión continuada. La Argentina responde con la sucesión de los derechos españoles, su administración anterior a 1833 y el hecho bastante difícil de disimular de que fue desalojada por la fuerza de una potencia naval incomparablemente superior. Para un lector español, Gibraltar viene inevitablemente a la memoria, aunque los dos casos disten de ser idénticos. El mero transcurso del tiempo consolida situaciones; no siempre consigue extinguir la controversia que las originó.
La geografía tampoco resuelve el pleito. Las Malvinas están frente a las costas patagónicas y pertenecen naturalmente al espacio estratégico austral argentino. Eso importa mucho en términos geopolíticos y bastante menos como título jurídico. Si la proximidad bastara para determinar soberanías, los atlas europeos tendrían un aspecto bastante distinto.
Los isleños y el último gran argumento británico
Londres ha ido concentrando progresivamente su defensa en un argumento de extraordinaria fuerza política: los habitantes quieren seguir siendo británicos. El referéndum celebrado en 2013 produjo uno de esos resultados que en nuestra América habrían despertado antaño cierta admiración profesional: prácticamente todos votaron por conservar su condición de territorio británico de ultramar y solamente tres personas eligieron la opción contraria.
Esa voluntad no puede ignorarse. Los isleños no constituyen una mercancía susceptible de ser transferida entre dos cancillerías. Poseen casas, tierras, familias, recuerdos, cementerios y una identidad construida durante generaciones. Cualquier arreglo que pretendiera obligarlos sencillamente a convertirse en argentinos sería humanamente injusto y políticamente absurdo.
Otra cosa es afirmar que su voluntad decide por sí sola la soberanía. La población actual se constituyó esencialmente bajo administración británica después de 1833, y ésa es precisamente una de las razones por las que las Naciones Unidas han considerado durante décadas que existe una disputa bilateral entre Buenos Aires y Londres. En el lenguaje tradicional de las resoluciones se habla de tomar en cuenta los «intereses» de los habitantes; no se les ha reconocido sin más el derecho de transformar su voluntad actual en título soberano retroactivo.
La diplomacia argentina habla por ello de una población implantada. La expresión es desagradable a los oídos británicos y demasiado administrativa para describir a personas vivas, aunque el argumento jurídico que encierra no sea despreciable. Los habitantes tienen derechos; otra cosa es que su presencia pueda resolver retrospectivamente quién tenía soberanía en 1833.
Curiosamente, Javier Milei vuelve ahora con gran energía a esa doctrina tradicional después de haber utilizado durante años un lenguaje bastante más abierto. El cambio sería menos llamativo si no coincidiera con el momento político más incómodo de su presidencia.
¿Por qué la REMIGRACIÓN es la única posibilidad de evitar la guerra entre ellos y nosotros?
Más información aquí
Milei descubre la bandera
Javier Milei jamás fue un malvinero de procesión y estampita. Ha expresado repetidamente su admiración por Margaret Thatcher, lo que en Argentina produce aproximadamente el mismo efecto que antaño elogiar a Wellington en una reunión de veteranos napoleónicos. Durante la campaña de 2023, Diana Mondino, luego canciller, llegó a mencionar la necesidad de respetar la voluntad de los isleños. Milei decía todavía en 2025 que aspiraba a convertir la Argentina en un país tan próspero que algún día los habitantes de las Malvinas prefiriesen espontáneamente ser argentinos.
No era una idea estúpida. Una nación deseable ejerce una fuerza que no necesita fragatas. El problema es que aquella concepción chocaba con la doctrina histórica argentina, porque concedía a los isleños un poder de elección que Buenos Aires nunca reconoció.
De pronto, en septiembre de 2026, el Presidente reunió a todos sus ministros bajo los oros de la Casa Rosada, proclamó a Malvinas «la causa más sagrada de los argentinos», anunció nuevas sanciones contra empresas extranjeras, habló de reforzar la presencia naval en Tierra del Fuego e invitó al país entero a suspender por un momento sus querellas alrededor de la bandera nacional. Según La Nación, la impronta de Santiago Caputo, su principal estratega político, resultó evidente en toda la operación.
La oportunidad era magnífica porque Milei atraviesa dificultades mucho más serias de lo que permiten suponer sus intervenciones triunfales. La baja de la inflación fue el gran éxito político de la primera etapa libertaria, pero el paso del tiempo modifica la vara con la que los pueblos juzgan a sus gobiernos. Los argentinos ya no comparan únicamente el índice mensual con la catástrofe anterior; comparan su sueldo con la cuenta del supermercado, sus deudas con sus ingresos, la situación del empleo con las promesas presidenciales y los sacrificios realizados con la prosperidad anunciada.
El endeudamiento de los hogares, la fragilidad de diversas actividades económicas, la fatiga social y el deterioro de la popularidad presidencial han cambiado el clima. La Nación llegó a describir un rechazo superior a los dos tercios, mientras distintas controversias golpean a colaboradores cercanos y a Karina Milei, hermana del Presidente y centro indiscutible de su dispositivo político. A un año de las elecciones presidenciales, la administración se encuentra obligada a disputar estadísticas, explicaciones y relatos que durante sus primeros tiempos podía permitirse imponer.
Existe además un adversario especialmente incómodo. Victoria Villarruel, antigua compañera de fórmula y hoy rival abierta, ocupa precisamente el terreno que Milei dejó durante demasiado tiempo abandonado: las Fuerzas Armadas, los veteranos, la memoria de la guerra y un nacionalismo que el libertarismo presidencial observó con cierta distancia. Malvinas ofrece a Milei la posibilidad de recuperar ese espacio y de colocar a cualquier crítico en la incómoda situación de parecer indiferente a una reivindicación compartida por una inmensa mayoría de argentinos.
No hace falta atribuirle al Presidente un maquiavelismo de opereta para advertir la utilidad de la maniobra. Un político puede creer sinceramente en una causa y descubrir, al mismo tiempo, que la causa le cae providencialmente bien.
La derecha nacionalista no compra la conversión
Las críticas más interesantes no proceden, por eso, de la izquierda ni del peronismo. Llegan también de sectores nacionalistas y soberanistas situados a la derecha de Milei, para quienes Malvinas constituye una cuestión demasiado seria como para reducirla a escenografía presidencial.
Los hombres de CEIBO Argentina han formulado el reproche con el tono inflamado que nuestra tradición política reserva para estas materias. Hablan de entrega, claudicación y traición, términos que conviene tomar con las debidas precauciones, aunque debajo del exceso verbal exista una objeción de peso: buena parte de las herramientas jurídicas que el Gobierno presenta ahora como una política nueva estaban vigentes desde hace más de una década.
Las leyes aprobadas en 2011 y endurecidas en 2013 ya permitían sancionar a empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas reclamadas por la Argentina sin autorización de Buenos Aires. Si estos instrumentos existían, preguntan los nacionalistas, ¿por qué la administración Milei no los empleó con el mismo entusiasmo durante los casi tres años anteriores? El proyecto petrolero Sea Lion tampoco apareció ayer. Lleva tiempo avanzando y adquiere ahora, cuando conviene cambiar la agenda política, el rango de amenaza existencial.
El reproche resulta particularmente dañino porque no discute la reivindicación argentina. Discute la coherencia de quien la encabeza. Siempre es más sencillo defenderse del adversario que niega nuestra causa que del aliado que asegura haberla defendido antes y mejor.
Chile, el vecino al que la Argentina mira demasiado poco
Existe, sin embargo, una ausencia aún más grave en el pensamiento estratégico argentino: Chile. La Argentina posee una extraña propensión a mirar con pasión unas islas situadas a quinientos kilómetros de su litoral mientras presta mucha menos atención al país con el que comparte más de cinco mil kilómetros de frontera, Tierra del Fuego, los accesos antárticos, el acceso a los pasos bioceánicos y prácticamente toda la arquitectura geopolítica del extremo austral de América.
Buenos Aires conoce poco a Chile y, peor todavía, comprende mal su psicología territorial. El argentino suele mirar el mapa desde las pampas hacia el oeste y considerar la Patagonia como la prolongación natural de su espacio. El chileno lo contempla desde una franja estrecha encajonada entre el Pacífico y los Andes y conserva otra memoria. En ciertos sectores permanece la convicción, históricamente falsa pero políticamente real, de que Chile perdió en la segunda mitad del siglo XIX una parte de la Patagonia que consideró suya a partir de 1843. Después vinieron los litigios limítrofes, la cuestión del Beagle y aquel diciembre de 1978 en que ambos países estuvieron a unas horas de resolver mediante las armas lo que finalmente resolvió la mediación papal.
Sería un error juzgar esa sensibilidad chilena con suficiencia argentina. Las naciones no viven solamente de tratados; también viven de recuerdos, temores y agravios transmitidos. Una frase pronunciada alegremente en Buenos Aires sobre Magallanes puede parecer insignificante a quien la dice y despertar en Santiago viejos fantasmas que el argentino ni siquiera sabía que seguían allí.
De ahí la torpeza del Decreto 457 de 2021 y de la formulación que introdujo acerca de un supuesto «control conjunto» relacionado con el Estrecho de Magallanes. El Estrecho está bajo soberanía chilena. Los acuerdos entre ambos países garantizan su navegación y fijan con bastante claridad el régimen jurídico existente, pero eso no equivale a cosoberanía ni a dominio compartido. Mantener una expresión equívoca que no corresponde ni al derecho ni a la realidad sirve únicamente para proporcionar municiones a los sectores chilenos que sospechan de cualquier gesto argentino en el sur.
Buenos Aires debería corregirla o borrarla sin aspavientos. No perdería un metro cuadrado, porque no posee lo que esas palabras parecen atribuirle, y ganaría algo bastante más útil: confianza. Reconocer sin anfibologías la soberanía chilena sobre el Estrecho y explicar que ninguna autoridad argentina seria contempla otra cosa desarmaría buena parte de una controversia que se alimenta actualmente de susceptibilidades, titulares de prensa y declaraciones mal escuchadas.
La ambición debería ir bastante más lejos. La solución nacida de la mediación papal y consagrada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984 cerró el camino de la guerra y estableció un marco para el espacio del Beagle. Al sur de aquella solución aparece un universo marítimo inmenso: mar de Hoces, pasos bioceánicos, pesca, hidrocarburos, cables submarinos, proyección antártica y recursos que dentro de treinta años pueden ser más importantes que hoy. Argentina y Chile pueden dedicarse otro medio siglo a observarse de reojo o comprender que, coordinados, constituyen la llave austral de Suramérica.
No haría falta inventar una entelequia supranacional ni revivir las declamaciones de hermandad latinoamericana que tanto papel consumieron y tan pocos problemas resolvieron. Bastaría construir intereses comunes: coordinación naval, seguridad de la navegación, infraestructura, puertos, investigación antártica, comunicaciones, pesca y una doctrina compartida destinada a impedir que otras potencias decidan por ambos lo que ocurrirá en su propio sur.
Para la Argentina, esa política debería ser prioritaria. A corto plazo Chile vale bastante más que las Malvinas. No porque Buenos Aires deba abandonar su reivindicación, sino porque ninguna estrategia argentina seria en el Atlántico Sur puede construirse teniendo a Santiago como vecino desconfiado. Un Chile amistoso, neutral o simplemente convencido de que el fortalecimiento argentino no amenaza sus fronteras tendría para Buenos Aires un valor estratégico inmenso.
La reciente iniciativa de crear una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las islas muestra precisamente lo que ocurre cuando la Argentina no trabaja esa relación. Desde Magallanes, abastecer a los isleños con alimentos, repuestos, materiales o energía parece lo más natural del mundo. Hay un mercado cercano y empresarios dispuestos a aprovecharlo. Desde Buenos Aires, cada nueva línea entre el continente y el archipiélago disminuye su aislamiento y consolida el statu quo británico.
Indignarse con Chile no servirá de gran cosa. Los chilenos harán negocios mientras les resulten provechosos como lo hicieron comprando el botín de los malones. La verdadera política consistiría en lograr que los intereses de Santiago en el Atlántico Sur coincidieran progresivamente con los argentinos. Eso exige paciencia, atención y, sobre todo, dejar de tratar al vecino como un personaje secundario que debe comprender espontáneamente las obsesiones de Buenos Aires.
La Argentina debería empezar por comprender las de Chile.
El extraño protector norteamericano
La relación con Washington encierra otra paradoja. Milei ha convertido su amistad con Trump en el eje de su diplomacia y, en el asunto de Malvinas, esa apuesta puede producirle un beneficio inesperado. Si el presidente norteamericano se distancia de Londres, Buenos Aires tendría que ser muy torpe para no aprovecharlo.
La dificultad comienza cuando una oportunidad se transforma en dependencia. Los nacionalistas argentinos observan con recelo la creciente cooperación militar con Estados Unidos, especialmente alrededor de Ushuaia y de la proyección antártica. Recuerdan un detalle poco romántico: en 1982 los norteamericanos ayudaron a los británicos.
Trump simpatiza hoy con Milei, se muestra irritado con Londres y considera a la Argentina un socio útil. Nada garantiza que el presidente que ocupe la Casa Blanca dentro de cuatro, ocho o doce años piense lo mismo. Los hombres cambian más rápido que los intereses permanentes y los presidentes bastante más rápido que los estrechos.
Existe, por ello, algo paradójico en querer recuperar autonomía estratégica en el Atlántico Sur apoyándose cada vez más en la potencia que aseguró la superioridad británica durante la última guerra. El problema no se resuelve rechazando a Estados Unidos —sería una necedad—, sino evitando confundir alianza con subordinación.
La Argentina necesita aliados. También necesita conservar libertad de maniobra.
Trump y el regreso de la vieja política
La importancia de Trump para la cuestión malvinense supera, de todos modos, su simpatía por Milei. El presidente norteamericano representa algo más profundo: el abandono progresivo de una ficción sobre la que Europa organizó buena parte de su pensamiento desde 1945, según la cual el derecho internacional habría conseguido domesticar definitivamente la fuerza.
La Carta de las Naciones Unidas sigue existiendo, los tratados siguen teniendo valor y nadie sensato debería celebrar el regreso de las guerras territoriales. La experiencia reciente demuestra, sin embargo, que la potencia nunca abandonó la escena. Estaba detrás de los textos, esperando.
Trump se limita a descorrer la cortina. Cuando habla de Groenlandia como de un objeto estratégico susceptible de cambiar de manos, presiona al Canadá o utiliza la fuerza contra Irán, no inaugura una ley nueva; recupera una muy antigua. Los Estados continúan defendiendo intereses, territorios, rutas y recursos, y el derecho pesa tanto más cuanto mayor es la capacidad de quienes desean hacerlo respetar.
Para la cuestión de Malvinas, el cambio intelectual es enorme. Durante decenios Londres pudo confiar simultáneamente en el derecho de los isleños a conservar su forma de vida, en su ocupación efectiva, en su superioridad militar y, al final de la cadena, en Estados Unidos. Si esta última garantía se vuelve incierta mientras la fuerza británica disminuye relativamente, la controversia entra en una etapa distinta aunque no cambie una sola línea del mapa.
Carl Schmitt habría reconocido sin dificultad este regreso de la política detrás de la norma. Las potencias europeas fingieron durante demasiado tiempo que habían abolido el mundo antiguo porque ya no les gustaba hablar su lenguaje. El mundo antiguo tuvo la indelicadeza de sobrevivirlas.
La vieja tentación argentina
Todo esto haría todavía más imperdonable una aventura militar argentina. La guerra de 1982 dejó una enseñanza cuyo precio fue demasiado elevado para olvidarla: una reivindicación puede ser legítima y la guerra emprendida en su nombre completamente insensata.
La junta creyó entonces que recuperar las islas le devolvería una legitimidad que había perdido en las calles, en la economía y hasta dentro de los cuarteles. Durante unas semanas pareció tener razón. Buenos Aires se llenó de banderas, multitudes que detestaban a los militares celebraron la recuperación del archipiélago y la Plaza de Mayo volvió a aclamar a hombres que poco antes nadie quería ver. Después llegó la flota británica.
No existe equivalencia posible entre aquella dictadura y el gobierno democrático de Milei, y nada permite suponer que el Presidente argentino contemple una guerra. La semejanza es más tenue y, por eso mismo, interesante: Malvinas continúa poseyendo una formidable capacidad para cambiar la conversación interna cuando el poder atraviesa dificultades.
En 1982 debía salvar a los generales. En 2026 puede ayudar a Milei a recuperar algunos puntos perdidos y a disputar a Villarruel el terreno patriótico. La historia no suele repetirse con suficiente exactitud como para satisfacer a los profesores; le basta conservar algunos decorados y cambiar los actores.
La paciencia de las naciones
Si Buenos Aires quiere modificar algún día la situación, su mejor arma será precisamente la que menos agrada a los políticos: el tiempo. La Argentina necesita reconstruir sus Fuerzas Armadas sin amenazas inútiles, recuperar una verdadera marina oceánica, consolidar Tierra del Fuego, desarrollar la Patagonia, reforzar su presencia antártica y volver a convertirse en un país cuya estabilidad económica haga creíble aquello que proclama.
Necesita además comprender que las Malvinas no se recuperarán contra sus habitantes. Cualquier solución futura deberá garantizar de forma extraordinariamente amplia su autonomía, sus propiedades, su lengua, sus instituciones y sus vínculos con Inglaterra. Puede imaginarse una transición de décadas, una soberanía argentina compatible con derechos británicos específicos o alguna fórmula que hoy parecería extravagante. La historia está llena de soluciones imposibles que se volvieron evidentes cuando cambió la relación de fuerzas.
Antes de todo ello conviene hacer algo menos glorioso y mucho más útil: entenderse con Chile. Corregir torpezas innecesarias sobre el Estrecho, disipar las sospechas nacidas de la vieja rivalidad patagónica y construir con Santiago una política común hacia el gran espacio austral daría a la Argentina una profundidad estratégica que ninguna proclama sobre Malvinas puede proporcionarle.
Las naciones fuertes saben esperar porque trabajan mientras esperan. Las débiles suelen reemplazar el trabajo por aniversarios, mapas pintados y discursos de circunstancia.
En 1982, Gran Bretaña poseía los barcos, la voluntad y a Estados Unidos. La Argentina tenía una reivindicación nacional, combatientes valerosos y un gobierno que confundió el fervor con una estrategia. Cuarenta y cuatro años después, Buenos Aires todavía carece de los medios necesarios, aunque ha empezado lentamente a reconstruirlos; Londres conserva una superioridad incontestable, pero ya no dispone de la abundancia que permitió la expedición de Thatcher; Washington, finalmente, ha dejado de parecer una certidumbre eterna.
Las Malvinas siguen allí, verdes y ásperas bajo el viento austral, indiferentes a los discursos de Westminster y de la Casa Rosada. Tampoco el Estrecho ha cambiado de sitio, ni los Andes, ni el cabo de Hornos, ni Chile, ese vecino cuya importancia la Argentina haría bien en aprender a medir.
La geografía permanece.
Lo que empieza a cambiar es la marea del poder.
