Se llama Odyssey Marine Exploration, reside en Florida (EE.UU.) y los amantes de la arqueología subacuática la conocen bien: es la empresa privada más importante en el descubrimiento de tesoros submarinos, una práctica a mitad de camino entre la cultura y la piratería. Odyssey lleva muchos años detrás de los tesoros españoles. Recordemos: grandes rutas marítimas trasatlánticas, cuantiosas cargas de oro y plata que venían de América a la península, corsarios ingleses, holandeses o franceses con sed de botín, capitanes españoles dispuestos a entregar la vida antes que arriar pabellón… Ahora Odyssey dice que ha encontrado bajo el mar, en algún lugar del Atlántico, 17 toneladas de monedas coloniales, en su mayoría de plata –que podrían ser reales españoles de a ocho- y con un valor estimado de 400 millones de euros. El mayor tesoro jamás descubierto, añaden. La empresa estadounidense, en un comunicado poco preciso, asegura que el tesoro no está sometido a la soberanía de ningún país. El gobierno español, sin embargo, no piensa lo mismo. La solución de este conflicto tendrá que pasar por los tribunales.
El pasado 18 de mayo Odyssey anunciaba el descubrimiento, que se habría producido en algún lugar del Atlántico. El gobierno de España ha pedido a Odyssey que aclare la identidad y el lugar exacto en el que se ha producido. Según la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, “Estamos ante un presunto delito de expoliación”. Las autoridades españolas han encargado a la Guardia Civil que investigue, sobre todo, los movimientos realizados por los barcos norteamericanos en el Estrecho de Gibraltar. Se sospecha que el pecio localizado por Odyssey podría estar situado en las costas andaluzas. En ese caso a la Junta de Andalucía, titular de las competencias en materia de patrimonio histórico, correspondería la mayor responsabilidad política por el expolio.
Por el momento, lo que hemos hecho es “llamar a nuestros abogados”. El abogado James A. Goold, del bufete Covington & Burling de Washigton, ha emprendido acciones legales contra Odyssey en nombre del Gobierno de España. Lo ha hecho ante la Corte Federal de Florida, donde la empresa ha declarado el descubrimiento. Dice Goold que estos primeros pasos forman parte de investigaciones abiertas en múltiples frentes sobre las opacas actividades de esta empresa. Este abogado se encargó también de los casos “Juno” y “Galga”, dos fragatas españolas que se hundieron en las costas de Virginia y expoliadas por la empresa Sea Hunt, otra del mismo gremio. El juicio tuvo lugar hace siete años y la Justicia de Estados Unidos ordenó la devolución a España “de todos y cada uno de los objetos extraídos por Sea Hunt”. Para Goold “los mismos precedentes legales son aplicables en este caso”.
El 19 de enero del 2001 Bill Clinton, cuando aún era presidente de Estados Unidos, hizo unas declaraciones en la Casa Blanca en las que comparaba los restos de los buques oficiales con tumbas militares y pedía las mismas consideraciones de respeto para ambas, además de establecer un marco de cooperación con otros países. Aprovechando estas declaraciones, algunos días más tarde, las Embajadas de España y Gan Bretaña en Washington publicaron en el Federal Registrer, especie de B.O.E. del Ejecutivo federal, un explícito recordatorio -tanto para autoridades como empresas privadas- en el que ponía de manifiesto que el Reino de España permanece como el propietario legítimo de todos los barcos hundidos con pabellón español y sus respectivos cargamentos: “De acuerdo con la legislación española e internacional, España no ha abandonado o de otra forma renunciado a la propiedad u otros intereses con respecto a tales barcos y/o su contenido”. El texto advertía de que “la recuperación o alteración de estos pecios o sus contenidos no está autorizada y no se puede realizar sin expreso consentimiento”.
El abogado J. Goold insiste en que la empresa ha operado sin ninguna autorización del Reino de España y que la recuperación de objetos de valor histórico supone una “violación directa de principios legales perfectamente establecidos en España, Estados Unidos y el derecho internacional”. El letrado añade que está demostrado que Odyssey ha ignorado las peticiones formuladas tanto en España como en EE.UU. para aclarar la naturaleza de su descubrimiento.
Por todo ello, pedirá la devolución íntegra de cualquier propiedad del Reino de España que Odyssey haya podido extraer del mar, sin importar que el descubrimiento tuviera o no lugar en aguas territoriales o de jurisdicción, punto este último en el que viene insistiendo la empresa. Para el letrado, el hecho de que un barco se encuentre fuera del alcance territorial de su país “no significa que cualquiera pueda extraer propiedad en violación de los derechos de los propietarios; es como si los turistas de cruceros corrieran el riesgo de que sus equipajes fueran sustraídos por Odyssey Marine Exploration en aguas internacionales”.
Será porque no les dejan.
