Regenerar la vida pública... ¿Pero quiénes y cómo?

Corrupción, indignación y demagogia

No es de extrañar que la mayoría de los españoles piense que el principal problema de nuestra nación es la corrupción política y que los políticos sean el grupo peor considerado y con peor imagen de cuantos componen nuestro entramado social.

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El titulado por los medios de comunicación “Caso Bárcenas”, con las posibles implicaciones que puedan surgir a lo largo de la investigación y que, presuntamente, involucrarían a dirigentes del Partido Popular y pondrían en entredicho la transparencia y legitimidad de algunas fuentes de financiación de dicho partido, es un escalón más, un añadido más y un nuevo escándalo en la imparable sucesión de irregularidades, chanchullos, corruptelas, abusos, nepotismos, prevaricaciones y delitos económicos que en los últimos años han salpicado a nuestra clase política, degradándola como tal, envileciendo el que debería ser noble ejercicio de la administración de la cosa pública y situando a los representantes electos para gestionar las instituciones del Estado bajo sospecha permanente. No es de extrañar que la mayoría de los españoles piense que el principal problema de nuestra nación es la corrupción política (más grave incluso que la crisis económica), y que los políticos sean el grupo peor considerado y con peor imagen de cuantos componen nuestro entramado social.

 Lo que tiene de especial el “Caso Bárcenas” es que ha ido a estallar en plena línea de flotación del partido del gobierno, en el que la mayoría de los votantes confiaron hace poco más de un año para salir de la exasperante, irresponsable y devastadora “gestión” de los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, con la confianza de que la acción de gobierno del PP, al menos, enderezaría el rumbo desquiciado, sectario e incompetente de sus predecesores. Resulta lógico que las reacciones a este escándalo sean clamorosas por cuanto, en buena medida, frustran de raíz la esperaza de que el gobierno del PP sea capaz no sólo de remontar la crisis sino de poner coto a la corrupción en las filas de su propio partido. Y si este partido y este gobierno se deslegitiman a sí mismos con asuntos como el de Bárcenas, la quiebra de confianza en los mismos resultará inmediata. Pocas expectativas fiables quedarán a la ciudadanía de superar esta situación de crisis y, lo peor de todo, arraigará la certidumbre de que nuestra clase política no sólo se manifiesta impotente para resolver los gravísimos problemas de la nación sino que, a mayores males, no están en el poder para arreglar lo que no funciona sino para enriquecerse con irritante descaro y ampararse en la impunidad que les confiere su posición de privilegio respecto a los demás ciudadanos.

Ahora bien, si preocupante es la sombra de la corrupción que el “caso Bárcenas” ha extendido sobre el gobierno del PP, más preocupante nos parece la actitud de la mayoría de partidos y movimientos opositores a este gobierno, por cuanto todo ellos, en vez de formular alternativas y propuestas que contemplen en sus pretensiones y alcance la solución a este caos político, económico y sobre todo moral en el que estamos obligados a sobrevivir, se han limitado a reaccionar al viejo y conocido estilo de siempre, convirtiendo el “Caso Bárcenas” en una causa general contra el PP cargada de demagogia y griterío (algunos colectivos “indignados” piden incluso la ilegalización del partido y, ya puestos, del PSOE); una desatada histeria con trazas antisistema y tufos golpistas que surge saturada de retórica, oportunismo y, en la mayoría de los casos, una desfachatez intolerable. Que políticos como Rubalcaba, Cayo Lara, Artur Mas o Gaspar Zarrías arremetan ahora contra “la corrupción del PP”, es ni más ni menos un acto de solemne desvergüenza. Recordar aquí, en este artículo, los innumerables casos en que se encuentran inmersos, acusados y procesados dirigentes del PSOE, IU y de los partidos nacionalistas sería tan prolijo como inútil. Lo desolador de todo esto es comprobar cómo quienes se postulan a sí mismos, sus programas y organizaciones, como recambio al actual gobierno, lo hacen con cínico olvido de su propio enfangamiento en el lodazal de la corrupción, convencidos de que ellos, por lo menos, “son menos corruptos” y por tanto tienen más derecho a gobernar. Al pueblo se la da a elegir, según esta lógica perversa, entre lo malo y lo peor, entre bandidos o gatopardos, entre el delito pregonado por medios de comunicación afines y el delito silenciado por esos mismos medios, “dormido” en el limbo de la administración de justicia, olvidado entre los miles de expedientes que colapsan el funcionamiento de nuestros tribunales.

Por otra parte, es de señalar la incapacidad de otros movimientos no vinculados (al menos en teoría), con los partidos citados y otros de similar trayectoria, para aportar alternativas reales a la presente situación, iniciativas que vayan más allá de la protesta airada, la algarabía y la multitudinaria exigencia de ruidosas vaguedades. El movimiento de “indignados” hace mucho que se escindió en cuantiosas ramificaciones o fue fagocitado por los partidos “de izquierda”. Atendiendo a su breve historia y conocidos usos, lo que surja ahora de este movimiento (si es que alguna vez lo fue), aportará ruido y nada más.

Nos encontramos pues ante una situación realmente penosa. No existe en puridad ni hay atisbos de que pueda emerger un sujeto real y confiable que realmente pueda hacer frente a este disloque de la crisis y la corrupción. Durante muchos años la clase política que ha gobernado España se ha dedicado asimismo, con notable éxito por cierto, a dividir y compartimentar a los españoles en distintas categorías artificiales que, al mismo tiempo y casi por obligación, los situaban en irreconciliables extremos ideológicos y no menos irreconciliables sentimientos “identitarios”: la furibunda exacerbación autonómico/nacionalista, las diferencias de “género”, la desigualdad de hombres y mujeres ante la ley, la forzosa partición de los ciudadanos entre “izquierdas” y “derechas”, entre homosexuales y heterosexuales, entre “feministas” y “machistas”, “miembros” y “miembras”, laicistas y clericales, taurinos y antitaurinos, los que reclican y los que no reciclan... Al final han conseguido su propósito: no existe una ciudadanía cohesionada capaz de vertebrarse en torno a un proyecto común que vincule de manera mayoritaria las conciencias y articule la acción colectiva en pos de objetivos generales. Esto último es una quimera, un absoluto imposible en la España actual, donde cada cual se sitúa rabiosamente anclado en “su colectivo” y posición ideológica y señala a los demás como culpables de cuantas calamidades suceden.

En definitiva, para que España pudiera superar la crisis política, económica, moral, de principios y valores que padecemos desde hace ya tantos años, como condición primera y necesaria tendría que haber españoles capaces de ponerse de acuerdo, señalar metas y actuar en consecuencia, dejando de lado las divisiones artificiosas, los enfrentamientos ideológicos vacíos de contenido, la demagogia y la aversión hacia quien piense distinto aunque los intereses de unos y otros sean los mismos. Y todo ello, como antes se indicaba, nos parece hoy, en España, extraordinariamente difícil. Ni siquiera los términos “España” o “españoles” tienen ya sentido para muchos, después de que durante décadas nuestros hábiles políticos los hayan sustituido por la grosería de “el Estado” y el folclore de “los andaluces y andaluzas, los vascos y las vascas... etc, etc....). Lamentamos decirlo, pero así, con este adoctrinamiento previo y el calado que ha tenido en la sociedad, resulta imposible no sólo superar la crisis y poner freno a la corrupción, sino recomponer unas bases medianamente sólidas y duraderas de convivencia cívica; convivencia y civismo indispensables para esbozar siquiera enunciados coherentes sobre el “¿Qué hacer?” respecto a nuestra dignidad como ciudadanos.

La inmensa mayoría seguirá estando integrada por súbditos de los dirigentes corruptos aunque, eso sí, continuarán muy felices y orgullosos de pertenecer a sus respectivos “colectivos” y, por supuesto, sus milenarias y gloriosas comunidades autónomas. De España como entidad histórica y política, y de los españoles como sujeto sobre el que recae el destino de nuestra sociedad, ya se acordarán el día en que se supriman ambas palabras del diccionario.

Y es lo que hay, de momento.

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