El papel paralizante del poder judicial
Dos tercios de los europeos consideran que hay demasiada inmigración en Europa y, sin embargo, el año pasado, más de 4 millones de extranjeros no europeos, procedentes del mundo árabe-musulmán, de África o de Asia, entraron en Europa para quedarse. ¿Cómo es posible que exista tal discrepancia entre los deseos de los ciudadanos y la realidad de las políticas aplicadas? Hay tres posibles explicaciones: la malicia o la cobardía de los dirigentes políticos, la influencia de la doxa mediática, pero también el papel paralizante del poder judicial. Es este último punto el que me gustaría abordar ante ustedes.
Empezaré refiriéndome a dos ejemplos franceses: en 2023, el Parlamento aprobó una ley de inmigración. Esta ley incluía elementos bastante favorables para los inmigrantes y otros más restrictivos en cuanto a las condiciones de estancia y de establecimiento. Se recurrió al Consejo Constitucional para que se pronunciara sobre la validez de dicha ley y éste anuló tres cuartas partes de las disposiciones que presentaban el más mínimo carácter restrictivo. Resultado: Parlamento 0, poder judicial 1.
¿Desean otro ejemplo? ¡Aquí lo tienen! Un alto funcionario francés, hoy diputado europeo del Rassemblement National, fue, durante siete años, director de Frontex, el servicio de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Fabrice Leggeri intentó cumplir con su labor limitando la inmigración ilegal, pero las autoridades europeas le obligaron a dimitir y hoy se enfrenta a un proceso ante el Tribunal de Apelación de París. Por, agárrense bien, «crimen contra la humanidad» (sic). Se trata, evidentemente, de disuadir a políticos y funcionarios de intentar regular la inmigración.
Este fenómeno del poder judicial no es exclusivo de Francia: todos los países europeos se ven afectados en mayor o menor medida a través de las actuaciones de sus tribunales superiores de justicia o de sus tribunales constitucionales, o simplemente de las instituciones judiciales más tradicionales.
Esto es lo que acaba de ocurrirle a nuestro amigo Dries Van Langenhove, condenado por un tribunal belga que reconoce que tiene razón, desde el punto de vista científico y estadístico, en su análisis de la inmigración, pero añade que criticarla revela una intención de incitación al odio que debe ser condenada. Mediante una interpretación liberticida de una ley que ya de por sí es liberticida.
Este poder judicial tiene múltiples efectos: un efecto retardador, un efecto de censura y, lo que es aún peor, un efecto de autocensura, ya que el miedo a ser desautorizado intimida y paraliza tanto la voz de los denunciantes como la actuación de los gobiernos y los legisladores: esto conduce a la adopción de medias tintas por temor a que se censure una acción realmente útil.
A menudo presentado como la quintaesencia de un «Estado de derecho», portador de elevados valores morales, este poder judicial acumula sesgos antidemocráticos:
1 — Salvo en Suiza, no se trata de un poder elegido y, a menudo, es incluso un poder corporativista que se autopromueve.
2 — Se trata de un poder que ejerce su función basando sus decisiones en la aplicación o, más exactamente, en la interpretación de textos generales —convenios internacionales y otros— que se prestan a todo tipo de manipulaciones.
3 — Este poder está sometido a influencias ideológicas progresistas: a modo de ejemplo, el 20 % de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —cuya jurisprudencia inspira la de todos los Estados— están vinculados a asociaciones relacionadas con el entorno de Soros.
4 — El poder judicial carece de responsabilidad: no tiene en cuenta las consecuencias prácticas de sus decisiones de principio. A modo de ejemplo, en Francia, el Tribunal Nacional de Derecho de Asilo dictaminó que todas las mujeres afganas tenían, por naturaleza, derecho al asilo en Francia y, por ende, a la residencia en Europa. ¿Es responsable decidir que sería posible acoger a 30 millones de personas procedentes del propio Afganistán, lo que daría derecho a otros 30 millones de personas en virtud de la reagrupación familiar? Es sencillamente irrazonable, pero durante las vistas, los abogados que defienden los derechos de los solicitantes de asilo a título individual —ya sean homosexuales togoleses, albinos congoleños, musulmanas de Sri Lanka o transexuales peruanos, cito jurisprudencia— explican a los jueces que éstos no deben tener en cuenta en ningún caso las consecuencias colectivas de sus decisiones individuales.
5 — Este es el punto ciego del poder judicial: pronunciarse exclusivamente desde el punto de vista de los extranjeros, sin tener nunca en cuenta el interés general ni el bien común.
¡Hacia el JUGEXIT!
Por eso, la identidad europea solo podrá salvarse si los pueblos europeos recuperan la plena soberanía sobre sus leyes y sus decisiones administrativas. Esto supone lo que he denominado, en mi obra Remigración a Europa de nuestros hijos, el JUGEXIT. ¿Qué es el JUGEXIT? Es la supremacía de la ley sobre la jurisprudencia arbitraria. Esto supone varios requisitos previos:
1 — Sin duda, la denuncia de convenios internacionales abstractos, que se remontan a la década de 1950 y que se adoptaron en contextos infinitamente diferentes de la situación actual: me refiero al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño o a la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. Esta última se concibió para proteger a las poblaciones europeas desplazadas tras la Segunda Guerra Mundial, no para acoger al mundo entero en función de consideraciones pseudohumanitarias.
2 — También es necesario que nuestros países reafirmen la supremacía de su legislación interna posterior sobre los tratados internacionales posteriores.
3 — Por último, es necesario que los jueces estén obligados —bajo pena de prevaricación— a aplicar las leyes aprobadas y que se les prohíba censurarlas en función de su estado de ánimo o de sus sensibilidades ideológicas.
No nos dejemos engañar por lo que denominan «el Estado de derecho», que con demasiada frecuencia no es más que una dictadura judicial, emparentada a su vez con La Nave de los locos, ya que la jurisprudencia de numerosos Estados europeos, entre ellos Francia, en materia de derecho de asilo, otorga el derecho de entrada y residencia en Europa a 600 millones de personas, lo que supondría cementar la mitad de nuestro continente.
Hay que devolver el poder a los pueblos europeos: directamente mediante referéndum en los países que lo practican o a través de sus parlamentarios en los demás.
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