La rebelión de la que se trata se refiere a acontecimientos sucedidos en Francia. Sin embargo, como en todas partes cuecen habas (es decir, como en toda Europa son las mismas las causas de la descomposición de nuestras sociedades, así como la lucha de los izquierdistas por recuperar las posiciones que han perdido), se colige fácilmente que la rebelión de la que nos habla hoy Trystan Mordrel es perfectamente aplicable a cualquier otro país europeo. A España, sin ir más lejos.
La crisis que sacude las redacciones de BFMTV y RMC, dos grandes medios audiovisuales franceses, revela algo más que una querella entre periodistas. Una parte de la profesión, acostumbrada a ejercer una suerte de magisterio ideológico sobre la opinión pública, descubre con estupor que su antiguo monopolio comienza a desmoronarse. En esta singular rebelión, quienes se proclaman guardianes de la libertad de prensa exigen que se restrinja la de sus propios colegas.
El viento de noviembre soplaba aquella mañana sobre Léchiagat con esa porfía atlántica que los bretones conocen desde la infancia y que, para quien nació a orillas del Río de la Plata, conserva todavía cierto encanto de tierras septentrionales. Me había instalado en la terraza del bar des Brisants, frente al puerto, al abrigo de un muro que apenas conseguía detener las ráfagas. Algunos pesqueros descansaban amarrados a los muelles, y las gaviotas, siempre dispuestas a disputar cualquier pitanza, revoloteaban sobre las embarcaciones. Tenía delante un café solo, mi ordenador y la prensa francesa de la mañana. Hace ya muchos años que cultivo esta costumbre de leer los periódicos mientras contemplo el mar, acaso porque la inmensidad del horizonte permite relativizar las agitaciones de los hombres y las pequeñas vanidades de quienes pretenden gobernarlos.
La lectura de Le Figaro y de Libération me proporcionó aquel día una diversión que no esperaba. Ambos periódicos dedicaban largos artículos a una singular insurrección en las redacciones de BFMTV y RMC, dos de los principales medios audiovisuales franceses. Periodistas que denunciaban a otros periodistas, sindicatos que exigían vigilar la elección de los invitados, reporteros que reprochaban a sus compañeros tolerar opiniones consideradas inconvenientes. Todo ello acompañado de huelgas, comunicados solemnes, asambleas y amenazas de dimisión. La corporación parecía presa de una de esas fiebres doctrinales que, en otros tiempos, agitaban los congresos de los partidos comunistas, cuando cada fracción se empeñaba en demostrar que sus vecinos habían traicionado la verdadera línea revolucionaria.
Confieso que semejante espectáculo me produjo cierta hilaridad. No es cosa de todos los días contemplar a profesionales cuya razón de ser descansa sobre la libertad de expresión sublevarse contra la libertad de expresión de sus propios colegas. Y todavía resulta más sabroso cuando los amotinados se presentan como sus más celosos defensores. Sin embargo, detrás de aquel pequeño vodevil parisino se adivinaba un fenómeno bastante más considerable: la pérdida progresiva del poder cultural que una parte del periodismo francés había ejercido durante décadas, con la tranquila seguridad de quien considera natural su derecho a decidir lo que sus conciudadanos deben conocer y pensar.
Una hereje en la televisión francesa
Para comprender el episodio conviene explicar algunas particularidades del paisaje audiovisual francés, cuya organización no coincide exactamente con la de España ni con la de los países hispanoamericanos. BFMTV es una cadena privada de información continua, comparable por su formato a CNN, aunque consagrada fundamentalmente a la actualidad nacional. Durante años disfrutó de una posición preponderante entre las televisiones informativas. RMC, perteneciente al mismo grupo empresarial, es una radio de gran audiencia, célebre por sus programas de discusión y por cierta desenvoltura verbal que recuerda, en sus mejores momentos, las disputas de los cafés provinciales, cuando todavía se consideraba saludable hablar de política sin pedir autorización a ningún catequista.
La controversia comenzó con la contratación de Sonia Mabrouk, periodista francesa de origen tunecino, conocida por lo incisivo de sus entrevistas políticas y por su trayectoria en CNews. Esta última cadena, vinculada al grupo del empresario Vincent Bolloré, ocupa un lugar singular en la vida pública francesa. Su programación concede amplia atención a cuestiones como la inmigración, la inseguridad, el islamismo o la identidad nacional, y acoge a comentaristas conservadores que durante mucho tiempo encontraron escaso espacio en otras televisiones. Sus detractores la presentan como un instrumento de la extrema derecha; sus partidarios consideran que ha roto el conformismo intelectual del antiguo paisaje mediático. Sea como fuere, su éxito comercial constituye un hecho que sus competidores difícilmente pueden ignorar.
La dirección de BFMTV comprendió que debía ensanchar su público y decidió incorporar a Sonia Mabrouk para conducir un programa de entrevistas políticas. La operación resultaba perfectamente inteligible desde el punto de vista empresarial y no tenía nada de extraordinario desde el periodístico. Una cadena de televisión contrataba a una profesional reconocida, cuya presencia podía atraer nuevos espectadores y enriquecer su programación. Lo que parecía una decisión ordinaria de gestión se convirtió, sin embargo, en una cuestión de principios para una parte de la redacción, como si el ingreso de una periodista procedente de CNews amenazara la pureza doctrinal de una antigua congregación.
Apenas iniciado su programa, la poderosa Confederación General del Trabajo, la CGT, y el Sindicato Nacional de Periodistas, conocido por sus siglas SNJ, denunciaron la importación de una línea editorial ajena a la casa. Las acusaciones se sucedieron durante las semanas siguientes. Mabrouk invitaba a demasiadas personalidades de derechas, concedía una presencia excesiva a determinadas sensibilidades políticas y, pecado todavía más grave, no las contradecía con la energía que sus censores juzgaban necesaria. Se comprende que un periodista pueda ser criticado por la imprecisión de sus preguntas o por la insuficiencia de sus comprobaciones. Resulta bastante más singular que sus colegas pretendan medir su competencia por el grado de indignación que manifiesta ante las respuestas de sus invitados.
El periodista convertido en vigilante
La cuestión merece detenerse un instante, porque afecta a la naturaleza misma del oficio. El periodista, según una concepción que todavía me atrevo a considerar razonable, debe preguntar, investigar, contrastar informaciones y proporcionar al público los elementos necesarios para formar su propio juicio. Puede contradecir a su interlocutor, señalar sus errores y poner de manifiesto sus contradicciones. Incluso debe hacerlo cuando la situación lo exige. Otra cosa muy diferente es convertir la entrevista en una ceremonia de reprobación moral, durante la cual el presentador recuerda a cada momento cuáles son las opiniones que una persona decente tiene derecho a profesar.
Sin embargo, esto es precisamente lo que parecen reclamar algunos de los adversarios de Sonia Mabrouk. No basta con que el entrevistado explique sus ideas y responda a las preguntas que se le formulan; es menester que el periodista manifieste su desaprobación cuando aquellas se apartan de la doctrina admitida. Se diría que, en determinados ambientes profesionales, la neutralidad ha dejado de ser una virtud para convertirse en sospecha. La antigua obligación de informar cede su lugar a una misión de vigilancia ideológica, en virtud de la cual el periodista se transforma en una especie de comisario político, encargado de mantener la conversación dentro de los límites establecidos por sus compañeros.
El conflicto alcanzó proporciones casi grotescas cuando Igor Sahiri, veterano reportero de BFMTV, acudió al programa Quotidien, espacio televisivo de sensibilidad progresista, para explicar el malestar que provocaba la presencia de Mabrouk entre algunos de sus colegas. Sus declaraciones desencadenaron una nueva querella, con reprimendas de la dirección, explicaciones posteriores y manifestaciones de solidaridad enfrentadas. Más de doscientos periodistas firmaron un documento colectivo denunciando lo que consideraban una deriva editorial. Los sindicatos multiplicaron sus protestas y la empresa hubo de emplear buena parte de sus energías en administrar una discordia que, por momentos, parecía una guerra de religión.
La paradoja no puede ser más instructiva. Quienes invocan constantemente la libertad de prensa parecen dispuestos a restringirla cuando su ejercicio beneficia a colegas que no comparten sus preferencias. La discrepancia profesional, enteramente legítima, se convierte entonces en una cuestión de pertenencia ideológica. Ya no se discute solamente si una entrevista fue rigurosa o si determinada información resultó exacta; se pretende decidir quién merece hablar, quién debe ser escuchado y quién habría de permanecer fuera de los estudios. El periodismo, que debería abrir ventanas sobre el mundo, corre el riesgo de convertirse en una administración encargada de cerrarlas.
La larga hegemonía cultural
Antonio Gramsci, el pensador comunista italiano, comprendió tempranamente que el poder político no descansa únicamente en el control del Estado ni en el empleo de la fuerza. Para conservarse necesita también una hegemonía cultural, es decir, la capacidad de imponer ciertas representaciones del mundo hasta conseguir que parezcan evidencias naturales, sustraídas a toda controversia. La izquierda francesa, con sus múltiples familias y rivalidades, aprendió admirablemente esta lección. Durante décadas ejerció una influencia considerable en la universidad, el mundo editorial, las instituciones culturales y una parte importante del periodismo, contribuyendo a delimitar aquello que una persona respetable podía decir sin exponerse a la reprobación pública.
Este predominio nunca fue absoluto, ni convendría imaginar una conspiración perfectamente organizada. Pierre Bourdieu, en su ensayo Sobre la televisión, describió con particular agudeza los mecanismos de conformismo que intervienen en la producción de información. Los periodistas comparten a menudo una formación semejante, frecuentan los mismos ambientes sociales, leen los mismos periódicos y utilizan categorías intelectuales parecidas. La vigilancia recíproca de los miembros de una profesión puede resultar más eficaz que cualquier censura administrativa, porque cada uno acaba por anticipar las objeciones de sus colegas y por evitar espontáneamente los asuntos susceptibles de comprometer su reputación.
En Francia, esta homogeneidad cultural ha tenido consecuencias particularmente visibles en cuestiones como la inmigración, la inseguridad, la identidad nacional o las transformaciones demográficas. No era indispensable negar los problemas; bastaba con escoger cuidadosamente las palabras empleadas para describirlos. La delincuencia podía convertirse en un sentimiento de inseguridad, las preocupaciones populares en manifestaciones de ansiedad colectiva y las transformaciones culturales observadas por los habitantes de determinados barrios en simples dificultades de convivencia. El acontecimiento no desaparecía necesariamente, pero quedaba envuelto en un espeso aparato de explicaciones, reservas y admoniciones morales, hasta perder buena parte de su aspereza original.
Quien haya vivido suficientemente en Francia reconocerá este mecanismo. Las preguntas sobre las consecuencias de ciertas políticas migratorias o sobre la evolución de determinados territorios se acompañaban de tantas precauciones oratorias que, en ocasiones, resultaba difícil recordar cuál era el asunto discutido. Se podía hablar de casi todo, siempre que se comenzara por proclamar solemnemente lo que no debía pensarse. La información continuaba circulando, naturalmente, pero atravesaba una sucesión de filtros destinados a preservar una representación del mundo que algunos profesionales confundían con la realidad misma.
Cuando las imágenes se rebelan
Las violencias urbanas recientes han vuelto particularmente incómoda esta manera de proceder. Los disturbios del 17 de octubre, con sus incendios, saqueos, enfrentamientos y ataques contra las fuerzas de seguridad, obligaron a las televisiones francesas a mostrar escenas cuya gravedad no podía disimularse mediante los recursos habituales del comentario político. Los telespectadores contemplaron imágenes que suscitaron preguntas sobre el orden público, la cohesión social, la identidad de los sublevados y la capacidad del Estado para ejercer su autoridad. Y las imágenes, como suele suceder, se mostraron poco inclinadas a respetar las preferencias doctrinales de quienes debían comentarlas.
Para comprender la importancia de estos acontecimientos, el lector hispano debe recordar que Francia conoce desde hace décadas episodios de violencia urbana particularmente intensos, sobre todo en ciertos suburbios de sus grandes ciudades. Las revueltas de 2005, los disturbios de 2023 y las crisis posteriores se inscriben en una historia prolongada de tensiones sociales y territoriales. La concentración de la pobreza, el tráfico de drogas, las relaciones conflictivas con la policía, las dificultades de integración y los cambios culturales derivados de sucesivas oleadas migratorias forman parte de un cuadro complejo, que ninguna explicación monocausal puede agotar. Precisamente por ello, su examen exige investigaciones rigurosas, no una distribución previa de certificados de buena conducta ideológica.
La composición de los grupos implicados en las violencias, sus trayectorias sociales, sus motivaciones y sus eventuales vínculos comunitarios constituyen cuestiones legítimas para la investigación periodística. Las respuestas deben apoyarse en hechos verificables y las imágenes proporcionan rostros que denotan orígenes geográficos indiscutibles. Sin embargo, la prudencia metodológica no puede servir tampoco de pretexto para apartar sistemáticamente preguntas que una parte de la población considera cruciales. La misión de informar exige distinguir entre lo que se sabe, lo que se supone y lo que se ignora; no consiste en evitar una cuestión por temor a las consecuencias políticas de su respuesta.
Guy Debord había descrito en La sociedad del espectáculo un universo en el que las representaciones terminan por interponerse entre los hombres y su experiencia del mundo. Hay cierta ironía en observar cómo algunos herederos intelectuales de aquella tradición parecen hoy empeñados en preservar el control de las representaciones mediáticas. El problema, para ellos, no sería ya la fabricación del espectáculo, sino la posibilidad de que el público contemple escenas que escapan a los comentarios autorizados. El real, ese huésped impertinente, vuelve a entrar por las ventanas que los viejos administradores de la opinión creían haber cerrado.
Una curiosa inversión de responsabilidades
Hay en esta rebelión de las redacciones una contradicción todavía más inquietante. Los reporteros de BFMTV y RMC explican que encuentran una hostilidad creciente cuando trabajan sobre el terreno. Después del atentado de Trappes, dos periodistas de BFMTV fueron maltratadas por habitantes que les reprochaban la línea editorial de su cadena. Otros profesionales describen insultos, empujones y presiones que dificultan su trabajo cotidiano. Estas intimidaciones son inadmisibles, y ninguna divergencia política puede justificar que se amenace a quienes ejercen legítimamente su profesión.
Sin embargo, la conclusión que algunos de estos periodistas extraen de semejantes incidentes resulta verdaderamente desconcertante. En lugar de atribuir la responsabilidad de las amenazas a quienes las profieren, consideran que la hostilidad estaría relacionada con las opiniones expresadas por determinados invitados en los estudios de televisión. Habría, por consiguiente, que vigilar más severamente los debates, corregir los discursos considerados ofensivos y, llegado el caso, apartar a quienes los pronuncian. El razonamiento conduce a una extraordinaria inversión de responsabilidades: para proteger a periodistas intimidados, se propone restringir la libertad de expresión de otros periodistas.
Cualquiera que conozca los mecanismos de la intimidación política advertirá el peligro de semejante doctrina. Si una opinión provoca amenazas y la respuesta consiste en impedir que vuelva a expresarse, la violencia adquiere una eficacia formidable. Cuanto más agresiva sea la reacción, mayores serán las restricciones impuestas a quienes hayan suscitado su cólera. La libertad de prensa deja entonces de depender de la ley y de las garantías institucionales para quedar subordinada a la susceptibilidad de los grupos capaces de ejercer la presión más intensa. Lo extraordinario es que esta capitulación pueda presentarse como una medida de protección de los propios periodistas.
El caso de RMC añade al asunto una dimensión casi burlesca. Sus reporteros han expresado reservas sobre Les Grandes Gueules, uno de los programas de discusión más conocidos de Francia, conducido desde hace más de veinte años por Alain Marschall y Olivier Truchot. Allí se reúnen comentaristas de procedencias muy diversas, cuyo lenguaje directo y, en ocasiones, excesivo recuerda el de las antiguas tertulias populares. Un representante de la redacción reconoce incluso que se trata de una de las pocas emisiones donde las clases populares encuentran una tribuna relativamente amplia. Y, sin embargo, ciertos colegas desean vigilar más estrechamente lo que allí se dice, como si la palabra popular dejara de merecer respeto en cuanto se aparta de las convenciones intelectuales de quienes pretenden defenderla.
Se reconoce aquí una vieja inclinación de la izquierda ilustrada, que acostumbra a profesar un amor abstracto por el pueblo y una desconfianza muy concreta hacia sus opiniones. El pueblo resulta admirable cuando confirma las esperanzas que sus intérpretes depositan en él; se vuelve incómodo cuando describe sus dificultades con palabras poco conformes al vocabulario de las facultades universitarias. Entonces conviene explicarle que sus temores son imaginarios, que sus experiencias carecen de valor estadístico o que sus conclusiones revelan una deplorable falta de educación política. Se le concede generosamente el derecho a hablar, a condición de reservarse el de corregirlo.
La desagradable disciplina del mercado
Existe, por fortuna para los espectadores y desgraciadamente para los guardianes de la ortodoxia, una circunstancia material que las direcciones de los medios privados no pueden ignorar. BFMTV y RMC son empresas comerciales pertenecientes al grupo CMA Média, vinculado al empresario Rodolphe Saadé, cuya fortuna procede fundamentalmente del transporte marítimo internacional. Necesitan conservar una audiencia suficientemente amplia para atraer anunciantes, justificar sus inversiones y sostener sus estructuras. Una televisión puede permitirse muchas extravagancias intelectuales, pero difícilmente puede sobrevivir a una deserción prolongada de sus espectadores.
El éxito de CNews ha demostrado que existe en Francia un público considerable dispuesto a escuchar debates y opiniones que encontraba poco representados en otras cadenas. Esto no prueba que sus comentaristas tengan siempre razón, ni que sus métodos periodísticos sean irreprochables. Demuestra, sencillamente, que una parte de los franceses no se reconoce en la antigua oferta audiovisual. Para una empresa privada, semejante descubrimiento constituye una información de primera importancia. La contratación de Sonia Mabrouk responde, cuando menos en parte, a la necesidad de competir por ese público y de ampliar los horizontes de una programación que no puede vivir eternamente de sus antiguas certidumbres.
Se comprenderá la ironía de la situación. Profesionales habitualmente inclinados a denunciar las exigencias del mercado descubren que esas mismas exigencias amenazan su predominio intelectual. Mientras los propietarios de los medios parecían compartir sus preferencias, la condición empresarial de la prensa no suscitaba demasiados escrúpulos. Cuando las direcciones buscan nuevas audiencias mediante periodistas que no pertenecen al universo habitual de la redacción, la libertad de gestión adquiere de pronto los rasgos de una conspiración reaccionaria. Los mismos mecanismos económicos que ayer parecían tolerables se vuelven sospechosos cuando dejan de servir a los intereses culturales de quienes los denunciaban.
La situación presenta diferencias importantes en la radiotelevisión pública francesa. France Télévisions y Radio France, organismos financiados esencialmente mediante recursos colectivos, no dependen de la publicidad con la misma intensidad que sus competidores privados. Esta protección debería traducirse en una exigencia superior de pluralismo, porque sus programas son costeados por ciudadanos cuyas convicciones políticas, religiosas y filosóficas son profundamente diversas. Puede, sin embargo, favorecer también la perpetuación de ciertos conformismos profesionales cuando los mecanismos institucionales de responsabilidad resultan insuficientes. El ciudadano puede abandonar una cadena privada y contribuir indirectamente a sancionarla económicamente; no puede retirar con idéntica facilidad los impuestos destinados a financiar un servicio público cuya orientación considere discutible.
No pretendo, naturalmente, convertir el mercado en una escuela de virtud periodística. La búsqueda de audiencia favorece a menudo el sensacionalismo, las polémicas artificiales y la trivialidad intelectual. Tampoco la financiación pública condena inevitablemente a la propaganda. Cada sistema posee sus riesgos y sus servidumbres. Lo interesante, en el caso francés, es que la competencia introduce una restricción que ciertos ambientes profesionales habían llegado a olvidar: la obligación de dirigirse a un público real, formado por hombres y mujeres que no comparten necesariamente las convicciones de quienes les hablan desde la pantalla.
El ocaso de un magisterio
La crisis que agita BFMTV y RMC parece, en consecuencia, menos una simple querella corporativa que el síntoma de una transformación cultural de mayor alcance. Una parte del periodismo francés había adquirido la costumbre de definir las fronteras del debate respetable, distribuir certificados de legitimidad intelectual y establecer qué preocupaciones merecían ser escuchadas. Ese poder no procedía de una disposición legal ni de una autoridad expresamente conferida por la sociedad. Nacía de la posición ocupada por las redacciones en un sistema donde el acceso a la palabra pública estaba concentrado en relativamente pocas instituciones.
Las redes sociales, con sus innumerables miserias, han contribuido decisivamente a destruir esta antigua rareza de la información. Difunden rumores, falsificaciones y simplezas de toda especie, pero permiten también que un testimonio procedente de una pequeña ciudad, una escena filmada por un transeúnte o una contradicción descubierta en un discurso oficial alcance una audiencia considerable sin esperar la aprobación de los grandes periódicos. Los medios tradicionales conservan recursos técnicos, experiencia profesional y capacidades de investigación indispensables. Lo que han perdido es el privilegio de decidir por sí solos qué acontecimientos merecen existir en la conciencia pública.
Carl Schmitt, al colocar la distinción entre el amigo y el enemigo en el centro de su reflexión sobre lo político, describió una lógica que hoy parece insinuarse hasta en las relaciones entre periodistas. El colega deja de ser un competidor o un contradictor para convertirse en representante de un campo cuya presencia misma resulta intolerable. Ya no basta con discutir su trabajo; es necesario establecer si pertenece a la familia intelectual autorizada para ejercerlo. La sala de redacción corre así el riesgo de transformarse en una institución disciplinaria, donde la pertenencia ideológica importa más que la exactitud de los hechos y la honradez de los procedimientos.
Sería imprudente celebrar anticipadamente la desaparición de un monopolio intelectual como si anunciara necesariamente una edad de oro del periodismo. Los nuevos medios pueden engendrar sus propios conformismos y las sensibilidades conservadoras no están inmunizadas contra la tentación de convertir la información en instrumento partidario. La sustitución de una ortodoxia por otra no representaría progreso alguno. La cuestión consiste en restaurar una distinción elemental, que debería imponerse a todos los profesionales con independencia de sus opiniones: informar no es adoctrinar, del mismo modo que interrogar a una persona no equivale a otorgarle un certificado de respetabilidad política.
La marea creciente
Cuando terminé de leer aquellos artículos, el viento había comenzado a levantar pequeñas crestas de espuma en la entrada del puerto. El camarero recogía algunas sillas de la terraza, y los últimos clientes se refugiaban en el interior del establecimiento. En Bretaña, los hombres de mar saben que discutir con el viento constituye una ocupación bastante inútil. Cuando cambia de dirección, se ajustan las velas, se modifica el rumbo y se procura conservar la embarcación a flote. Pretender que las corrientes obedezcan a los decretos de una asamblea sería una extravagancia que ningún pescador experimentado se permitiría.
Los periodistas franceses que hoy se rebelan contra la evolución de sus propias cadenas podrían meditar esta antigua enseñanza marinera. Durante mucho tiempo confundieron sus preferencias políticas con los límites naturales del debate público. Ahora descubren que los espectadores no les pertenecen, que sus empleadores tienen otras preocupaciones y que los acontecimientos continúan produciéndose sin solicitar autorización a las sociedades de periodistas. Pueden multiplicar comunicados, convocar asambleas, denunciar a sus colegas y exigir que determinadas voces desaparezcan de las pantallas. Lo que ya no pueden hacer con la misma facilidad es impedir que el público vaya a informarse en otra parte.
Desde mi condición de argentino establecido desde hace años en esta extremidad de Bretaña, observo el fenómeno con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Francia fue uno de los grandes laboratorios intelectuales de Occidente y una tierra extraordinariamente fértil para las controversias filosóficas. También ha sido, durante generaciones, un país donde las certidumbres ideológicas adquieren con facilidad la gravedad de los dogmas religiosos. Quienes conocen su historia saben que sus intelectuales han sentido a menudo la irresistible tentación de transformar sus convicciones en una pedagogía obligatoria para el resto de la sociedad.
Tal vez estemos asistiendo a una nueva transformación de la vida intelectual francesa, o quizá, de manera más modesta, a la desaparición de un antiguo privilegio corporativo: el de ciertos periodistas convencidos de que su misión no consistía tanto en contar el mundo como en decidir qué debía pensar de él la población. En cualquier caso, la agitación que hoy sacude las redacciones parece menos una demostración de fuerza que la manifestación de una autoridad que comienza a dudar de sí misma. Cuando una institución necesita multiplicar las prohibiciones para conservar su influencia, suele ser porque su capacidad de persuasión ha empezado a declinar.
Al abandonar el bar, dirigí una última mirada hacia los viejos barcos amarrados frente al muelle. Algunos conservaban todavía una apariencia magnífica, con sus aparejos cuidadosamente ordenados y los nombres pintados en letras orgullosas sobre el casco. Sin embargo, el óxido comenzaba a devorar sus costados, y no todos parecían destinados a volver a hacerse a la mar. Pensé entonces que los imperios intelectuales se parecen bastante a esas embarcaciones: conservan durante largo tiempo sus banderas, sus oficiales y sus ceremonias, hasta el día en que una marejada descubre que el casco estaba podrido.
Trystan Mordrel
trystan.mordrel@gmail.com




















