Elmanifiesto.com/Hazteoir.org
Diversos padres de Toledo que han notificado su decisión de ejercitar su derecho constitucional a la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía se han quedado estupefactos al recibir en sus domicilios una carta de la delegación provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se les informa de que se les "desestima" su "solicitud". "No cabe mayor desprecio a la legalidad en el empeño de que aceptemos cabizbajos el adoctrinamiento que se les impone a nuestros hijos en las escuelas”, declara Ignacio Arsuaga, presidente de HO-. No cabe buscarle más sentido a esta carta que el intento de amedrentar, que es lo que les queda cuando se cierran en banda al diálogo y el consenso y cuando la justicia empieza a dar la razón a los padres".
"Los padres objetores –añade Arsuaga- no solicitamos nada de la administración, porque el derecho a la objeción y el de educar a nuestros hijos nos los reconocen nuestra Constitución, las leyes y los tribunales. Simplemente notificamos -sea a la administración o a la dirección del centro en el que estudian nuestros hijos- que hemos decidido ejercitar un derecho. La delegación del Gobierno podrá darse por enterada o, si la reconcoma es supina, hacer lo que les parezca con esa notificación de los padres, pero nunca intentar amedrentar afirmando sin legitimidad alguna que deciden suprimir un derecho constitucional, y como decimos, tampoco hacer aparecer lo que es una notificación como una solicitud".
Querella contra la Junta
No es la primera vez que la Junta de Castilla-La Mancha emplea el miedo para frenar el auge de las objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Es pasado mes de junio, el Delegado Provincial en Toledo de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Ángel Felpeto Enríquez, emitió una circular por la que ordenaba a todos los Centros Educativos no evaluar a los alumnos que objetaran en conciencia a su impartición, impidiendo así su promoción de curso.
A raíz de aquellos hechos, el Centro Jurídico Tomás Moro presentó una querella que ahora acaba de ser admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Toledo. El Centro Tomás Moro recalca que “la asignatura Educación para la Ciudadanía introduce objetivos, materias y criterios de evaluación que afectan directamente a la formación moral de los alumnos desde los 10 a los 18 años, terreno en el que sólo corresponde a los padres decidir, tal como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española. A través de esta nueva asignatura se pretende educar a los alumnos en la peculiar visón ética de la persona y de la afectividad que tienen los actuales gobernantes, en contra de la conciencia de la mayoría de padres y madres españoles”.
La querella fue presentada directamente contra el Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, Ángel Felpeto Enríquez, porque pretendía imponer a todos los Centros Educativos el que impidieran el ejercicio constitucional a la objeción de conciencia. “Tal imposición –señalan fuentes del Tomás Moro- supone la comisión del delito contemplado en el artículo 542 del Código Penal, que pena con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de entre uno y cuatro años a la autoridad o funcionario que impidiere el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución.
