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Ya son 26.600 y su número no para de crecer. Cada vez más padres de alumnos que están decidiendo ejercer su derecho a la objeción de conciencia ante la asignatura “Educación para la Ciudadanía”. Esta asignatura es parte fundamental del proyecto educativo socialista. Teóricamente, se inspira en las orientaciones de la Unión Europea para que en los centros de enseñanza se impartan nociones fundamentales acerca de la Constitución, la democracia y los derechos civiles. Sin embargo, el Gobierno Zapatero ha aprovechado esas orientaciones para introducir contenidos fuertemente ideologizados en materia moral, filosófica y política (vea nuestro pps “Por qué hay que objetar: razones de peso”).
La objeción de conciencia a esta asignatura se basa en dos preceptos legales. Por un lado, el artículo 27.3 prescribe: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Por otro, la Constitución recoge el derecho a la objeción de conciencia en su artículo 30 (para el servicio militar) y en su artículo 53 (con carácter más general). Asimismo, la declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas reconoce (art. 26.3) que “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Dado que la asignatura “Educación para la Ciudadanía” reviste carácter obligatorio, su imposición ha despertado resistencias desde el primer momento. Inicialmente, la oposición se ciñó al ámbito de grupos católicos. Poco a poco, sin embargo, ha ido ampliándose a otros sectores ciudadanos que, sin militancia religiosa, constatan que el Gobierno está arrebatándoles un derecho: el de decidir la formación religiosa y moral de sus hijos. El Gobierno, por su parte, ha optado por una actitud maximalista: insistir en la obligatoriedad de la asignatura y negar el derecho a la objeción de conciencia. Eso le coloca en una situación tan rígida como vulnerable.
Una sentencia decisiva
La trayectoria de este asunto en los tribunales ha sido sinuosa. En un primer momento, la presión política (del Gobierno) parece haber inhibido a los togados. Una primera sentencia, en Asturias, dibujó un panorama muy contradictorio: por un lado defendía el derecho a la objeción de conciencia, pero, por otro, sostenía que tal derecho no podía aplicarse ya que el Tribunal desconocía el contenido de la asignatura (una afirmación un poco extravagante). Pero la incertidumbre judicial al respecto se deshizo cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía vino a reconocer el derecho de una familia de Bollullos del Condado (Huelva) a objetar a la asignatura.
Esa sentencia del TSJA (véala aquí, en este pdf) ha cambiado las cosas. La asociación Profesionales por la Ética, uno de los grupos que ha abanderado la objeción de conciencia, entiende que “la sentencia constituye un precedente que sentará doctrina sobre objeción de conciencia educativa, tanto por sus fundamentos jurídicos como por su fallo, ya que a diferencia de otras resoluciones judiciales en la materia, entra en el fondo del asunto y pondera adecuadamente el derecho de los padres y los hijos a la educación. Dado que son decenas los recursos contenciosos administrativos pendientes en los tribunales españoles de familias que defienden democráticamente su libertad educativa frente a la intransigente abuso de poder del Gobierno, es una buena noticia que el Derecho se haya impuesto en este caso, porque legitima jurídicamente la objeción de todas las familias españolas que se muestran disconformes con el adoctrinamiento que supone Educación para la Ciudadanía”.
Al hilo de la sentencia de Andalucía, el poder político ha empezado a reaccionar. Ciertas comunidades autónomas gobernadas por el PP, y con competencias en materia de Educación, han decidido amparar el derecho de los padres a objetar. Primero fue la comunidad de Madrid. Después, la región de Murcia. Más tarde, la Comunidad Valenciana. A fecha de hoy se ignora qué hará otra de las regiones gobernadas por el PP, Castilla y León, así como Navarra, gobernada por UPN.
