¡Qué hermosos tiempos aquellos en los que en cualquier lugar de España podías pedir un Vichy catalán y nadie te miraba raro! El separatismo ha alcanzado uno de sus objetivos estratégicos: que todo lo que suene a catalán sea sospechoso por definición. Si no tienen fuerza para desgajar Cataluña de España, esperan que sea el resto de España quien pida la secesión del Principado. Pero este escenario todavía queda lejos, aunque la desafección en España, provocada por tanto arrabalero secesionista, es un tumor demasiado arraigado.
Pero el escenario de esta semana, este interminable sainete que acabará en drama, nos lleva a una dimensión desconocida. Pocos son los referentes en la historia reciente de los países de nuestro entorno. La aplicación de un artículo no desarrollado en la Constitución española se puede convertir en arenas movedizas o aguas ponzoñosas para un gobierno bastante limitado como el actual. Si la gestión del secesionismo durante estos dos años, cuando el enmarque jurídico era claro y favorable, fue nefasta, ahora el gobierno puede encontrarse con un Vietnam en miniatura llamado administración catalana.
Querer dirigir a una parte de funcionarios autonómicos en condiciones de disidencia, huelga de celo o boicot no será tarea fácil… Ya lo hacen muchos habitualmente sin necesidad de confrontación política; imaginémonos, pues, en este nuevo escenario. Entre los campos minados que debería pisar el gobierno, en uno de ellos, vitalmente estratégico –la educación ya ha declarado que ni se plantea entrar. La escuela pública catalana en su mayoría está bunkerizada, es patrimonio exclusivo del secesionismo y los disidentes son aplastados o acallados sutilmente. Respecto a la cuestión policial, si el gobierno busca soluciones a medias, fracasará. Con grandilocuencia, el ministro del Interior ha avisado de amenazas a los Mossos sediciosos, expedientes sancionadores, suspensión parcial de sueldo, etc. ¿Cómo se aplicarán cuando afloren las bajas médicas masivas, brazos caídos, teléfonos que no se descuelgan, etc.? Para colmo, Cataluña va a sufrir una indigestión de procesos judiciales, penales y administrativos. Y cuando ya toda praxis política sea imposible, se recurrirá a indultos masivos. Nueva victoria para el secesionismo.
Veamos lo que nos enseña la historia. Cuando, tras su Golpe de Estado, Primo de Rivera decidió suprimir la Mancomunitat Catalana encontró suficiente respaldo popular, alcaldes y políticos catalanes dispuestos a combatir el catalanismo. En Cataluña había nacido la Unión Monárquica Nacional del egarense Alfonso Sala para combatir a la Lliga regionalista. De ella se nutrió la Unión Patriótica, de Primo de Rivera, en Cataluña. La vida ordinaria siguió funcionando durante el Directorio, pues había catalanes de orden dispuestos a asumir responsabilidades políticas y de cuya catalanidad nadie podía dudar. Igualmente, pasó durante el franquismo. Desde el primer momento, el General Franco no tuvo que traer políticos del resto de España, pues encontró suficientes catalanes de pro como para dirigir todos los ayuntamientos y diputaciones. Por cierto, la mayoría de ellos habían pertenecido a la catalanista Lliga y colaborado con Franco en la Guerra Civil.
Eso fue posible porque durante buena parte del siglo XX aún había sectores de la sociedad catalana fuertes, vitales y organizados, capaces de coger las riendas de las administraciones locales, independientemente de si en Madrid mandaba un General o quien fuera. Pero ya durante el franquismo se inició una falsificación de las formas orgánicas de la representación social. ¡Qué poco orgánica fue la denominada democracia orgánica! Eso explica que el Sindicato único fácilmente se transformara –con su patrimonio y todo– en los sindicatos mayoritarios de la democracia. El Movimiento –Partido único– se convirtió en un remolino de aparentes partidos diferentes unidos en una férrea lógica partitocrática. Resumiendo, la democracia y sus subvenciones liquidaron los restos de sociedad civil que hasta entonces habían pervivido incluso durante el franquismo.
Alguien tiene que decirle al gobierno central que no puede haber victoria política sobre el nacionalismo si no hay victoria social y cultural. Y esta última sólo es posible si hay cuerpos sociales y asociaciones libres, fuertes y sin las cadenas políticas que imponen de las subvenciones y los servilismos a la partitocracia. Tenemos un caso ilustrativo de lo que no queremos los catalanes que estamos luchando contra el nacionalismo y el secesionismo. Se trata de la Francia de Vichy. El drama de la fractura de Francia y el doloroso sacrificio de tener que gobernar una parte de ella, le costó a Petain su honra ganada a pulso durante la I Guerra Mundial.
Tras la II Guerra, los mal llamados “colaboracionistas” de Vichy –que ante el desastre de la República francesa, vieron en la Francia de Petain la única salida posible en la que conciliar sus principios– fueron terriblemente represaliados. Muchos de ellos eran buenos franceses que quedaron descolocados entre los entresijos de las decisiones de los altos políticos. Querían servir a su patria, pero sólo se les permitía hacerlo bajo las condiciones que imponía Alemania. Ello impidió que una Francia tradicional y católica, superviviente aún de la lejana Revolución francesa, pudiera resurgir.
El gobierno central español –seguimos nuestra exposición– sólo podrá contar para la aplicación del 155 o bien con catalanes al servicio de la partitocracia constitucionalista, lo cual creará revanchismo y se cortarán los últimos puentes que quedan entre las dos Cataluñas; o bien tendrá que recurrir a funcionarios venidos de fuera. Todo ello rebajará las posibilidades de que el 155 sea eficaz a corto y largo plazo. Entre otras cosas porque las asociaciones civiles, las corporaciones, gremios y formas de organización social fueron dinamitadas durante la Transición. El Partido Popular no encontrará voluntarios para hacer el papel de los “catalanes de Vichy”. Todo el que lo haga será tipificado por el nacionalismo como “colaboracionista”. Y los catalanes no podemos caer en esta trampa de servilismo a la partitocracia y a la administración pública que lo único que logrará es armar de razones a los nacionalistas.
Bajo forma de secesionismo, se esconde la quiebra de fidelidades en el seno de una administración pública, el Estado y sus autonomías (que no dejan de ser lo mismo), así como la lucha intestina en el seno de la partitocracia y arrastracueros sin escrúpulos. Este es el trasfondo que nadie quiere ver. Por nuestra parte, entendemos que el conflicto real es el que se está produciendo entre una sociedad que no quiere morir y desea mantener su identidad, contra aparatos burocráticos enfrentados y creadores de imaginarios colectivos para legitimar su pugna que derive en el triunfo de una de las partes. Por eso no caeremos en la trampa. Si el Partido Popular y el PSOE se han encargado de debilitar y extenuar a las asociaciones civiles durante décadas, que no busquen “colaboracionistas” para su 155. Los catalanes integrados en nuestras pobres asociaciones, despreciados tanto por separatistas como por los gobiernos centrales, sabemos cuál es nuestro lugar. Nadie nos podrá acusar de “botiflers”, porque no nos duelen prendas en meter el dedo en la llaga de los gobiernos centrales y los sediciosos nacionalistas. No somos ni de Madrid ni de la Generalitat. Somos catalanes españoles, nuestra fidelidad es para con la patria, no para con los partidos ni sus tacticismos. Y cuando no aceptas ser “colaboracionista” de alguno de los dos bandos, te conviertes en enemigo de todos; pero eres libre.
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