Molesta que al margen del poder haya una ola de revisión positiva de la Historia de España y que el público haya respondido comprando libros.
Lo más importante que ha pasado en la cultura española del último cuarto de siglo es el movimiento popular de reapropiación de la identidad histórica nacional. Hace veinticinco años era difícil publicar libros que hablaran bien de la Historia de España. Hoy, por el contrario, las librerías están llenas de obras que valoran positivamente la Reconquista, la conquista de América o la España de los Siglos de Oro, y no sólo las librerías: la ola inunda Internet y ha llegado incluso al cine independiente. Todo esto, y es muy importante subrayarlo, se ha hecho al margen del poder y contra él: el discurso oficial en España sigue descansando sobre los tópicos de la leyenda negra, y no por razones científicas, sino por razones políticas, porque en ese discurso convergen los intereses de la izquierda hispanófoba, la derecha globalista y los caciquismos separatistas. La endofobia, el odio a lo propio, ha sido en España política de Estado desde hace medio siglo. Pero ahora el muro se desmorona desde la base: una parte creciente de la sociedad ha dejado de tragarse ese discurso. Y el poder se inquieta, como es natural.
Ahora un par de profesores oficialistas (o sea, de izquierdas), alguno de ellos famoso por lo insensato de sus comentarios, ha publicado un “estudio” sobre el creciente peso de este patriotismo historiográfico, fenómeno que ellos juzgan con los acentos más severos e identifican con la “ultraderecha”. El “estudio” sólo ha trascendido porque ha hallado eco en Eldiario.es, cabecera preferente de la izquierda radical española. En el acta de acusación, varios nombres concretos: Rubio Donzé, Santamarta, Gullo, Díaz Villanueva… y un servidor de usted. Nuestros delitos: sobre todo tres. El primero: hacer divulgación histórica sin tener la carrera universitaria de Historia. El segundo: difundir una idea romántica e irreal de la Historia de España, alejada del “consenso académico”. El tercero, incurrir en errores de concepto como subrayar la “excepcionalidad española” o utilizar conceptos políticos presentes para interpretar el pasado. Veámoslos.
Por orden inverso: ninguno de los autores citados, al menos en lo que yo he podido leer, se abona al tópico de la excepcionalidad española ni cae en el anacronismo político. En lo que a mí concierne –pues el “estudio” me acusa de ello con bastante saña–, la realidad es exactamente la contraria. Tanto en Te voy a contar tu Historia como en otros muchos de mis libros comparo continuamente el devenir histórico español con el de otras naciones de su tiempo, que a veces se parece y a veces no, pero que sólo es posible entender cabalmente si dibujamos un marco general. Cada nación tiene su propia Historia, evidentemente, y en ese sentido la nuestra es singular, pero en absoluto es una “excepción” en el marco histórico de nuestra civilización. Una cosa es subrayar aquellos episodios históricos que sólo España estuvo en condiciones de afrontar -la apertura física de los océanos, por ejemplo- y otra otorgar un carácter de excepcionalidad a nuestra Historia colectiva. Si los españoles hicieron cosas que sólo ellos podían hacer (por ejemplo, leyes de protección de los nativos americanos), es natural recoger el hecho objetivo y explicar por qué. Eso no es abonarse a la “excepcionalidad española”, como si aquí hubiera algo en el agua que bebemos (o en el jamón, qué sé yo) que nos haga especiales. Aún más: en realidad, lo de la excepcionalidad española es un argumento típico de la izquierda negro legendaria. España enferma de su Historia, España como error histórico, España como anomalía en la Europa de las Luces… ¿Cuantas veces hemos oído esa cantinela? Pero ese es justamente el discurso clásico de la hispanofobia, no el mío ni el de ninguno de los acusados por nuestros “profesores”.
Lo mismo ocurre con el asunto de la supuesta interpretación de hechos pasados con conceptos políticos presentes, acusación que, sinceramente, no sé de dónde se han sacado estos señores, ni en mi caso ni en el de mis compañeros de banquillo. Cada época tiene su marco mental y, precisamente, un ejercicio esencial del que cuenta la Historia es explicarlo: eso es algo que a mí me enseñó personalmente (privilegio inmerecido, sin duda) Georges Duby, al que tuve oportunidad de tratar intensamente hace muchos años. Si un monje del año 754 escribe sobre la pérdida de España, por ejemplo, hay que tratar de entender lo que quería decir con eso. Es absurdo pretender que, cuando decía “España”, tuviera en mente al Estado-nación moderno. Pero aún es más absurdo pretender que “España no existía”, como dice tanto gaznápiro. España existe desde que alguien la llama así. La España moderna solo existe en la época moderna y antes no, evidentemente. No es tan difícil entenderlo. Del mismo modo que los comuneros de Castilla no eran republicanos liberales ni Espartaco fue el primer sindicalista, como dijo la ministra Yolanda Díaz. Aquí, una vez más, quién incurre en constante anacronismo es la izquierda al aplicar marcos modernos (por ejemplo, la lucha de clases) a cualquier época histórica.
Esto nos lleva al segundo punto de la acusación, a saber, ese de ofrecer una imagen idílica de la Historia de España ajena al “consenso científico”. No sabe uno dónde está el pecado, si en lo del idilio o si en lo del consenso. ¿Pero qué es el consenso histórico? ¿Quién lo define? ¿Quién tiene autoridad para decidir en qué han de estar de acuerdo los historiadores? En España, desde hace muchos años, el “consenso” consiste en decir que la Historia de España es cualquier cosa menos idílica: la Reconquista es un bluff, los moros eran los buenos, la conquista de América fue un genocidio seguido de un expolio y, todavía más, en realidad España, lo que se dice España, no ha existido hasta algún momento indeterminado del siglo XIX (momento sobre el que no hay… consenso). Es todo profundamente ridículo.
Ya que nuestros acusadores nos sacan tan amablemente el tema, vale la pena decir algunas cosas sobre todo esto. Empezando por que los términos del famoso consenso son cualquier cosa menos científicos, porque distorsionan groseramente los hechos materiales, objetivos. Lo que ellos llaman “consenso” no es más que una suma informal de prejuicios ideológicos impuestos por el mandarinato universitario, tópicos superados por la investigación o flagrantes negaciones de la evidencia. Ejemplo de prejuicio ideológico: el veto sobre el empleo de la palabra “Reconquista”, que para esta gente es algo así como una invocación del fascismo. “Reconquista” sólo es un término que inventan los historiadores del siglo XIX. Podían haberlo llamado de cualquier otra manera. El término tiene valor porque expresa algo y se entiende enseguida, incluso si no es conceptualmente exacto. Es como el término “Renacimiento”. Leonardo no se despertó lun día diciendo “qué renacentista me siento”. La idea la ventila Vasari a mediados del XVI, pero no se convierte en concepto formal hasta el XIX. Y todo el mundo la acepta, simplemente, porque es útil. Con la palabra “reconquista” ocurre lo mismo. En realidad, la crítica del término no obedece a su utilidad narrativa, sino a su interpretación política: hay que dejar de hablar de Reconquista –nos dicen– porque implica una idea anacrónica de nacionalismo español, incluso de “franquismo”. Pero eso es una atribución arbitraria por parte del intérprete. Yo he dedicado tres monografías y cuatro novelas al periodo, y cualquiera que las lea constatará que no hay el menor rastro de nacionalismo español moderno. Luego siempre está el espontáneo semiculto que echa mano del fácil recurso orteguiano, a saber, que no se puede llamar “reconquista” a algo que dura ocho siglos. Pero esta frase de Ortega y Gasset es tan frívola como muchas otras del mismo autor y no resiste la objeción elemental: ¿por qué no? La afirmación es tan válida como su contraria. Y por encima de todo, está el hecho histórico: hubo una Hispania cristiana que ya se llamaba así, Hispania, España; ese mundo se hundió, vino un periodo de dominación islámica en una parte progresivamente menguante de la península ibérica, y luego un periodo de reconstitución de los reinos cristianos en un contexto que ellos mismos llamaban, como es natural, España. De verdad: ¿dónde está el problema?
“Eso que ellos llamaban España no es lo mismo que la España moderna”, nos objetan. Naturalmente. Pero de ahí a decir que “España no existía” media un amplio trecho. España no existía, pero la primera isla que los nuestros ocupan en América se bautiza como La Española y el primer virreinato, Nueva España. “La Hispania romana no era España”, insisten. Ya. Y el acueducto de Segovia era en realidad el “acueductum” porque se decía en latín. ¿No se dan cuenta de lo ridículo de todos estos planteamientos?
A propósito de ridículos, y siempre sobre este asunto del supuesto “consenso científico”, vale la pena subrayar algunas cuestiones esenciales. La primera, que ningún área de conocimiento avanza sobre la base de consensos, sino más bien al revés. La segunda, que la Academia española, en materia de Historia, se ha caracterizado por pretender asentar ideas propiamente anticientíficas. Por ejemplo, consagrar la idea del genocidio en América contra la evidencia física de la supervivencia de millones de indígenas y contra la evidencia documental de que nada avala tal tesis. Por ejemplo, imponer el dogma del expolio de las riquezas de las Indias contra la evidencia objetiva de que México y Perú siguen contándose hoy entre los principales productores mundiales de oro y plata. Por ejemplo, normalizar el uso de una expresión como “confederación catalano-aragonesa”, completamente ficticia, para hablar de la Corona de Aragón. Y así sucesivamente.
Hay más. Resulta que las grandes innovaciones en el terreno de la Historia, en los últimos años, han venido precisamente desde fuera del mundo académico. El que ha revolucionado las ideas comunes sobre la II República ha sido un erudito privado, Pío Moa, a través de un ejercicio tan poco audaz como beber en los textos de los propios protagonistas de aquel episodio, cosa que, al parecer, a nadie en la Universidad se le había ocurrido (y al que se le ocurrió, como es el caso de Ricardo de la Cierva, sencillamente se le canceló). El que ha asentado documentalmente la cifra exacta de ejecuciones en la posguerra ha sido un periodista, Miguel Platón, por una vía tan poco original como encontrar y dar a conocer los datos contenidos en el Archivo Militar de Ávila, que siempre habían estado allí, pero que a ningún catedrático ortodoxo se le había ocurrido consultar. El que ha transformado nuestras ideas sobre la ciencia y la técnica españolas en el Siglo de Oro ha sido un ingeniero industrial y catedrático de mecánica de fluidos, Nicolás García Tapia, con el muy osado procedimiento de estudiar los “privilegios de invención” del Archivo de Simancas, continente al parecer ignorado por nuestros académicos, que seguían abonados al tópico decimonónico de que “en España nunca ha habido ciencia”. La que con más éxito ha desconstruido la narrativa de la “leyenda negra” ha sido una filóloga, Elvira Roca Barea, con un método tan elemental como la comparación documental. Podríamos multiplicar los ejemplos. Mientras la clerecía universitaria permanecía atada al “consenso”, otros hacían avanzar los conocimientos.
Esto no quiere decir que los universitarios no estén aportando cosas. También aquí podríamos multiplicar los ejemplos (Martínez Ruiz, Emilio de Diego, etc.). Pero sí me parece esto significativo: lo hacen porque lo valen, por amor a su disciplina, no como parte de un esfuerzo científico organizado desde sus departamentos. De hecho, los departamentos universitarios, en esta como en otras materias, concentran lo esencial de sus esfuerzos en mantenerse a sí mismos, en un proceso de endogamia que los está conduciendo a la más plena irrelevancia.
Por aquí llegamos a la primera de las acusaciones: ¿cómo osas escribir de Historia si no has hecho la carrera correspondiente? Pero, por favor: ¿estamos hablando en serio? Los títulos universitarios tienen el valor que tienen. En materia de Humanidades, pueden conceder -que no siempre- una cierta presunción de adquisición de conocimientos, pero no otorgan una suerte de destreza exclusiva, un saber secreto, reservado para sólo unos pocos. Estamos ante un discurso elitista hasta lo patético. Aún peor: un discurso sectario. Yo, en efecto, no soy licenciado en Historia. Mis cursos de doctorado en la materia (Complutense, años 1998-2000) no los terminé porque… tenía que ganarme la vida. Pero nunca he ido por la vida de “historiador”: soy un periodista, un escritor, un divulgador de la Historia… y a mucha honra. Pero es que a los que son historiadores de carrera, como es el caso de Fernando Paz, también se los excluye porque “no se ajustan al consenso”. Lo dicho: estamos ante un discurso plenamente sectario. Si por esta gente, fuera, habría que ir con un sello de corrección política en la frente para poder hablar.
Vamos a la nuez de la cuestión: lo que a esta gente le molesta es que haya una ola de revisión positiva de la Historia de España, que el público haya respondido con alborozo ante la propuesta, que estemos vendiendo muchos libros (y ellos muy pocos) y que todo eso se haya hecho al margen de los presupuestos oficiales y de las cavernas universitarias que tanto tiempo les costó conquistar. Como no consiguen asentar su discurso –anticientífico, viejuno, lleno de tópicos y de prejuicios–, reaccionan con ese automatismo de despotismo policial tan frecuente en los viejos mandarines. Pero también en esto fracasarán: la ola seguirá avanzando, sus departamentos quedarán cada vez más encerrados en sí mismos y, eso sí, nosotros, los contribuyentes, seguiremos pagándoles el sueldo. Seguramente es el único consuelo que les queda.
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