Recientemente fundado siguiendo la estela del famoso Institut Iliade de París, nuestro Instituto Carlos V dispone de una página web donde se pueden encontrar colaboraciones realmente interesantes. Por ejemplo, este artículo que, firmado por Yves Lejeune, aborda la gran hipocresía en la que viven sumidas nuestras democracias liberales y su “despotismo suave”, como lo llama el autor.
Las democracias liberales europeas han estado experimentando desde hace varias décadas una creciente paradoja: mientras se presentan como las garantes de las libertades públicas, multiplican los dispositivos normativos que restringen, controlan y regulan los comportamientos individuales. Estas medidas nunca se presentan por lo que son — literalmente restricciones adicionales — sino que se justifican sistemáticamente en nombre de principios superiores: la salud pública, la seguridad, la lucha contra el odio, la solidaridad, la protección del medio ambiente o de los menores.
Un modo de legitimación por la virtud
La mecánica se replica:
Se introduce una restricción (prohibición, impuesto, obligación, vigilancia).
Se justifica por un valor moral consensuado (salvar vidas, proteger a los niños, defender el planeta, acoger a los refugiados).
El poder político sale fortalecido mientras que la contestación neutralizada.
Este recurso permanente a la virtud para justificar la extensión de la esfera normativa explica la dificultad de criticar estas medidas sin parecer «irresponsable», «insensible» o «extremista».
La paradoja de los Estados posmodernos: impotencia externa, tiranía interna
Estas desviaciones no son accidentales. Derivan de una mutación estructural: la pérdida de soberanía externa de los Estados europeos: moneda, comercio, diplomacia, defensa, fronteras. Las competencias exclusivas del Estado se han transferido a instancias supranacionales (Unión Europea, BCE, OTAN). Los gobiernos nacionales, privados de palancas estratégicas, buscan justificar su existencia mediante una “hipernormatividad” interna.
Cuanto menos soberano es un Estado, más se vuelve quisquilloso: impotente en la escena internacional, se compensa con un control más estricto de los comportamientos privados. Este estrechamiento de la soberanía externa va acompañado de una extensión de la coacción interna, dando lugar a una forma de totalitarismo suave, donde la libertad se suspende constantemente en nombre de motivos virtuosos.
¿Mecanismo propio de la izquierda?
A primera vista, el «despotismo suave» parece ser una especialidad de la izquierda. Es ella quien, de hecho, se ha convertido en la campeona de la moral pública y del progresismo universal. En nombre de la igualdad, la inclusión, la lucha contra las discriminaciones o la salvación ecológica, ha multiplicado los textos que enmarcan, supervisan y corrigen la conducta de los ciudadanos. La izquierda, heredera de un mesianismo político que antaño buscaba «liberar a la humanidad», ha transformado poco a poco el Estado de bienestar protector en un Estado tutor intrusivo, encargado no sólo de redistribuir las riquezas, sino de corregir comportamientos, disciplinar hábitos e incluso censurar opiniones. En esta lógica, cualquier disidencia se vuelve sospechosa: oponerse a la norma es aparecer inmediatamente como retrógrado, reaccionario o inmoral.
Sin embargo, sería reduccionista reservar esta desviación sólo para la izquierda. La derecha también, cuando se convierte en gestora, prolonga esta lógica de coacción, y no sólo por «seguimiento». Allí donde la izquierda invoca la igualdad y la salud pública, la derecha se ampara en el orden, la estabilidad y la seguridad nacional. Ambas convergen en el mismo resultado: una proliferación de reglas que, bajo diferentes rostros, asfixian a la sociedad civil. Por su parte, la Unión Europea encarna también este consenso transversal: sus grandes iniciativas, desde el Pacto Verde hasta la Ley de Servicios Digitales, son testimonio de un poder normativo que trasciende las divisiones partidistas.
En verdad, el despotismo suave no es, por tanto, el monopolio de un solo bando, sino el síntoma de un régimen entero: el de las democracias liberales posmodernas, donde la virtud proclamada justifica indistintamente, tanto a la izquierda como a la derecha, la expansión continua del control.
La inmigración como pretexto virtuoso y matriz de seguridad
Otro ámbito donde este mecanismo aparece con fuerza es, evidentemente, el de la inmigración. Los gobiernos europeos invocan constantemente la virtud humanitaria: acoger a los refugiados, socorrer a los inmigrantes, practicar la solidaridad internacional. Estas justificaciones morales, indiscutibles en el discurso oficial, sirven de legitimación a generosas políticas migratorias.
Sin embargo, los efectos concretos de esta inmigración masiva se caracterizan por un aumento de la criminalidad y del riesgo terrorista en las sociedades de acogida. Allí donde los flujos han sido más intensos (Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido) los servicios de seguridad se movilizan en una lógica de excepción permanente, con una vigilancia generalizada de los espacios públicos. Por el contrario, los países que han rechazado la inmigración extraeuropea (Polonia, Hungría) pueden tener problemas sociales endógenos, pero se ven protegidos del terrorismo islamista y de una explosión comparable de la criminalidad callejera.
La paradoja es clara: en nombre de la virtud humanitaria, Europa ha abierto sus fronteras, pero esta apertura desemboca en una inflación de las medidas de seguridad. Las cámaras, drones y tecnologías de reconocimiento facial se despliegan masivamente, afectando indistintamente a todos los ciudadanos, mucho más allá de los grupos criminales inicialmente apuntados.
Así, la virtud proclamada —generosidad hacia los inmigrantes— se invierte en un resultado concreto: el refuerzo del control social sobre todos los europeos.
La política de la hipocresía virtuosa
Este modo de gobierno se puede resumir como una política de la hipocresía virtuosa: en lugar de asumir su creciente impotencia en los ámbitos soberanos, los Estados lo compensan multiplicando las leyes intrusivas en la esfera cotidiana. El ciudadano, por lo tanto, se ve rodeado por un Estado que ya no sabe proyectar su poder hacia el exterior, pero que se dedica a regular sus gestos más ordinarios.
El «despotismo suave» no necesita de brutalidad: se ejerce en nombre de la salud, la seguridad, la igualdad, el medio ambiente y ahora de la solidaridad humanitaria. Se desarrolla en una extraña alquimia: por un lado, la impotencia de los Estados, que han perdido sus palancas de soberanía; por el otro, una fiebre normativa que se abate sobre la vida íntima de los ciudadanos. La debilidad externa y la intrusión interna se corresponden, alimentando la ilusión de un poder protector que en realidad no es más que un poder quisquilloso: su fuerza radica en que la coerción es disfrazada de virtud. Pero al hacerlo, este despotismo revela la deriva totalitaria de las democracias liberales posmodernas, que sacrifican la libertad para ocultar su propia impotencia.
¿Cómo liberarse de esto?
Hay un fenómeno recurrente en la historia política: cuanto más frágil o ilegítimo es un régimen, más tiende a justificarse mediante un discurso moral. Las dictaduras africanas u orientales del siglo XX ofrecen una ilustración gruesa de esto: cuántas «repúblicas democráticas», «movimientos de liberación» o «consejos populares» hay que, tras estas pomposas denominaciones, no son o eran sino regímenes autoritarios o depredadores, a menudo sangrientos.
Las democracias liberales contemporáneas, sin adoptar formas brutales, recurren a una lógica comparable. Cuanto más restricciones imponen, más invocan la virtud. Cuanto más invaden las libertades, más pretenden proteger la salud, la igualdad, el medio ambiente o la seguridad. Este alarde moral funciona como un parapeto: permite ocultar la extensión continua de la esfera normativa y neutralizar cualquier contestación descalificándola de antemano como inmoral o delictiva.
El primer deber de una fuerza política innovadora o disidente sería, por tanto, nombrar el problema, desenmascarar esta lógica hipócrita que disfraza la coacción con los atributos de la virtud. El segundo, siempre que logre acceder al poder, es restablecer una autoridad clara en la cúpula, centrada en las funciones soberanas: defender las fronteras, administrar justicia, asegurar la seguridad exterior y la diplomacia. Finalmente, el tercero es revitalizar las libertades concretas en la base, en la vida cotidiana: libertad de expresión, respeto por la vida privada, autonomía de las comunidades locales.
La máxima de Charles Maurras —«autoridad en la cima, libertades en la base»— conserva aquí toda su fuerza. Pero no puede permanecer como una simple fórmula. Debe convertirse en la estructura de un proyecto institucional y cultural, tanto realista como liberador, capaz de romper con la infantilización permanente y devolver a los ciudadanos la dignidad de hombres libres.
