La cuestión religiosa

La ofensiva del Gobierno Zapatero contra la Iglesia es extremadamente intempestiva y, sobre todo, injustificada. El Gobierno está presentando la situación como fruto de una injerencia eclesiástica en asuntos políticos. Eso es, simplemente, falso. La Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado de orientación a sus feligreses sobre el voto. Es algo que los obispos han venido haciendo siempre, desde hace décadas, en España y en todos los países. Por otro lado, en ese comunicado nadie pide el voto para un partido concreto. En él dice la Conferencia Episcopal que no se puede convertir a los terroristas en interlocutores políticos. Dice otras muchas cosas, pero sólo esa ha llamado la atención indignada de un Gobierno que, por otro lado, niega sin tregua haber hecho tal. ¿Por qué se enfada el Gobierno?

Al mismo tiempo, el Gobierno alerta contra el “integrismo” de una Iglesia que desearía “imponer” sus ideas. Esto es perfectamente absurdo. Hace muchos años –antes de la muerte de Franco- que la Iglesia renunció a tal cosa en España. Hoy, aquí, a nadie se le obliga a creer en Dios, a cumplir con los mandamientos, a asistir a los ritos o a estudiar los rudimentos de la fe. Hace décadas que cualquier español puede vivir al margen de la religión –de cualquier religión. Hay una separación Iglesia-Estado efectiva y, hasta ahora, a plena satisfacción de ambas partes. ¿Qué ha cambiado para que se monte ahora semejante rifirrafe?

Seguramente tienen razón quienes interpretan la maniobra como una táctica del socialismo para arrancar el millón de votos de extrema izquierda que precisa para obtener una mayoría parlamentaria en las próximas elecciones. Con todo, las consecuencias de esa maniobra irresponsable van mucho más allá del cálculo electoral, porque lo que se ha dictaminado desde el PSOE es, ni más ni menos, que un sector de la sociedad no tiene derecho a hablar de política. Y eso no se puede admitir. Los obispos tienen todo el derecho del mundo a hablar de lo que les plazca, también de política, si lo hicieran. Tienen tal derecho los obispos, los empresarios, los sindicatos, los universitarios, las plataformas gay, las familias numerosas, las asociaciones de consumidores y cualesquiera otros grupos sociales, porque nuestra sociedad, al menos por ahora, funciona sobre la base de ese derecho.

¿Quién es el Gobierno para limitar el derecho de libre expresión? Sólo faltaría que tengamos que escuchar a Pilar Bardem y, por el contrario, los obispos no puedan hablar. Lo que el Gobierno ZP ha puesto en juego, con su irresponsabilidad acostumbrada, no es sólo el estatuto público de la jerarquía episcopal, sino el derecho efectivo de cualquier grupo de ciudadanos a intervenir en la vida pública.

Mientras tanto, la Junta Islámica ha pedido expresamente el voto para el PSOE. Nadie ha acusado a los imanes residentes en España de incurrir en injerencias políticas.