Tanto el análisis como el debate sobre la remigración está ampliamente abierto en las páginas de la revista Éléments, como lo saben los lectores que la han adquirido en su versión española. Aquí, dos de sus principales actores abordan la cuestión en una especie de gran disputatio al estilo de las organizadas en la universidades medievales. (Dirige el debate François Bousquet.)
Porque no basta con aceptar la idea de la remigración. Hace falta, además, ponerse de acuerdo sobre sus modalidades. Y este acuerdo no siempre se da, ni mucho menos, entre los dos debatientes. Mejor que sea así: su confrontación hace que, entrando en el fondo del asunto, se esclarezcan los dos grandes enfoques sobre una remigración sin la cual nuestros pueblos y nuestra civilización acabarán siendo pasto (algunos ya lo están siendo) de la Gran Sustitución por las muchedumbres llegadas (y subvencionadas) del Tercer Mundo.
En el último editorial de Éléments, Alain de Benoist menciona la posibilidad de «poner en marcha una política de inversión de los flujos migratorios». Jean-Yves Le Gallou, por su parte, habla explícitamente de remigración. ¿No están discutiendo más por el término que por el fondo del asunto? ¿Qué es lo que les separa: el alcance, los medios o el propio principio de la remigración?
ALAIN DE BENOIST. Las definiciones de remigración que ofrecen quienes desean ponerla en práctica varían mucho. Más que estar de acuerdo o en desacuerdo, se trata de saber, no solo dónde comienza la remigración, sino también dónde acaba. En su libro sobre la remigración, Jean-Yves Le Gallou enumera las primeras categorías que están en el punto d e mira: los inmigrantes ilegales, los parásitos, los delincuentes, etc. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con él (también en lo relativo a la supresión del derecho de suelo). Para todas estas categorías, Jean-Yves Le Gallou enumera motivos de expulsión perfectamente aceptables. Estos motivos se refieren a aspectos que es legítimo reprochar a los miembros de estas categorías: cosas que han hecho (o que no deberían haber hecho), normas que no han respetado, comportamientos censurables. Pero estas categorías sólo representan una fracción de la población de origen inmigrante: tres millones, tal vez, en el mejor de los casos. ¿Qué ocurre con los demás (la mayoría), para quienes ninguno de estos motivos es válido? En las diez páginas de su libro que dedica a la «repatriación», Jean-Yves Le Gallou apenas se extiende sobre el tema y deja que la ambigüedad persista. Por eso cabe plantearse algunas preguntas. Si dejamos de sancionar a las personas por lo que han hecho y empezamos a sancionarlas por lo que son, nos encontramos ante una perspectiva totalmente diferente. Ya no se sanciona a los delincuentes, sino que se señala a hombres que están de más. Por lo tanto, me gustaría saber si se pretende frenar los flujos migratorios o iniciar un proceso de limpieza étnica. No es lo mismo. Mi ideal político no es un Estado racista ni segregacionista.
Las razas existen; reconocerlo no tiene nada de racista. Desde hace más de cincuenta años, la Nueva Derecha se ha pronunciado a favor de un antirracismo de tipo etnopluralista o diferencialista. En pocas palabras: ni apartheid ni mestizaje generalizado. Esta postura siempre ha sido la mía. He escrito tres libros contra el racismo (uno de ellos, publicado en España, se titula, por cierto, Contra el racismo), en los que explico por qué, en mi opinión, las teorías racistas son tan falsas como perjudiciales. El racismo, enfermedad infantil de la metafísica de la subjetividad, es a mi juicio una ideología moderna, cuyos orígenes hay que buscar en las contradicciones internas del historicismo universalista. La historia ha demostrado, por otra parte, que toda política basada en la raza está abocada al fracaso. Por lo tanto, condeno sin reservas toda forma de racismo (incluido, por supuesto, y en primer lugar, el racismo contra los blancos). Esto se aplica también al occidentalismo cuando adopta el disfraz apolítico del «nacionalismo blanco».
Alain de Benoist habla del «bloqueo de los jueces», usted de un JUGEXIT. ¿No son acaso hoy en día las distintas jurisdicciones, tanto francesas como europeas, el principal obstáculo para una política de remigración?
JEAN-YVES LE GALLOU. El JUGEXIT consiste en romper el bloqueo de los jueces. Un ejemplo: los políticos proponen con frecuencia privar de ayudas sociales a los padres de menores delincuentes. Pero esto es imposible mientras el Consejo Constitucional censure las leyes. Otros proponen establecer mecanismos de preferencia o de prioridad nacional: también en este caso es imposible sin pasar por encima del Consejo Constitucional. También hay que hacer frente al Consejo de Estado, a los tribunales administrativos y al Tribunal Nacional de Derecho de Asilo (CNDA). En definitiva, es necesario que el poder político recupere el… poder. Y no solo en Francia. Los tribunales judiciales de Italia, el Tribunal Superior de Justicia de Gran Bretaña, el Tribunal Constitucional de Karlsruhe en Alemania y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Bruselas son poderes paralizantes que tienen la última palabra sobre las políticas de seguridad e inmigración.
Usted ha mencionado, en relación con la remigración, un riesgo de arbitrariedad política, aun cuando se trate de una decisión soberana. De acuerdo. Pero entonces, ¿por qué el retorno de lo político sería legítimo frente al gobierno de los jueces (o el Estado de derecho) e ilegítimo cuando se trata de decidir los criterios de pertenencia a una comunidad política? A fin de cuentas, ¿no entra la elección de la remigración en las categorías tan queridas por Carl Schmitt: quién decide, quién es soberano? ¿El derecho o la política?
ALAIN DE BENOIST. No entiendo bien su pregunta. La arbitrariedad, que define una decisión no motivada por una necesidad racional o lógica, no es en absoluto sinónimo de soberanía. Desear el retorno de lo político es una cosa (a la que, por supuesto, me sumo); evocar la necesidad de evitar cometer errores políticos o recordar que el poder político también puede degenerar, no en una «dictadura» en el sentido romano del término, sino en despotismo o tiranía, es otra muy distinta. En democracia, el equilibrio se establece tanto mediante la decisión (desde arriba) como mediante el consentimiento (desde abajo), es decir, mediante la conjunción de la soberanía nacional y la soberanía popular.
Una cosa es decir que la mano del político no debe temblar, y otra muy distinta es determinar los criterios de pertenencia a la nación francesa o a Europa. Tomemos como ejemplo a un francés de tercera generación, con doble nacionalidad, casado con una francesa y con hijos franceses: ¿sobre qué base se decide que debe repatriarse? ¿Y adónde, sabiendo que es posible que dicho hombre nunca haya puesto un pie en su país de origen (o en sus países)?
JEAN-YVES LE GALLOU. Hay mucha gente a la que hay que repatriar incluso antes de plantear la cuestión, muy real, de los binacionales: los inmigrantes ilegales (1 millón), los delincuentes extranjeros en libertad (entre 100.000 y 200.000), los extranjeros que viven principalmente, si no exclusivamente, de ayudas sociales o del subsidio de desempleo (2 millones). Ante todo —ante todo— hay que detener toda nueva inmigración. Queda, por supuesto, la cuestión de los binacionales. Hay que distinguir tres categorías: los binacionales asimilados (sin problema); los binacionales no asimilados, pero no hostiles (hay que animarles, sin obligarles, a que regresen: estarán mejor en su país de origen); y los binacionales no asimilados y hostiles. A estos últimos se les debe retirar la nacionalidad cuando sean delincuentes o participen en manifestaciones hostiles hacia los franceses y Francia. Dicho de otro modo: los padres de los delincuentes y de los alborotadores deben marcharse junto con sus hijos. Cabe precisar que muchos binacionales, como usted dice, ya han «puesto un pie en el país de origen»: lo llaman «volver al bled ». Así es como ocurre: suelen marcharse con un pasaporte argelino (u otro) y regresan con el pasaporte francés.
M
Usted escribe que los partidarios de la remigración son «grandes optimistas», porque creen que la catástrofe aún se puede evitar, mientras que usted considera que «ya se ha producido». Alain de Benoist: ¿No corre el riesgo su realismo de convertirse en fatalismo? Jean-Yves Le Gallou: ¿No corre el riesgo su voluntarismo de confundir sus deseos con la realidad?
ALAIN DE BENOIST. No confunda la lucidez con la resignación, ni el pesimismo con el amor fati. Por haber anunciado el declive de Occidente, a Oswald Spengler se le acusó constantemente de «pesimismo»; hoy vemos cuál es la realidad. Si alguna vez hubiera tenido la tentación del fatalismo, seguramente no habría emprendido el camino que he elegido. Por el contrario, siempre he pensado que, incluso en la noche más oscura, hay que trabajar para que vuelva la luz. Pero también hay que ser realista, como decía Julien Freund. ¡La política consiste en hacer posible lo que es necesario, no en hacer necesario lo que es imposible! Fijarse como objetivo vaciar a Francia de casi un tercio de su población actual no me parece ni posible ni razonable. No se hace el bien repitiendo como un mantra que «basta con querer», que no hay que «desesperar a Billancourt» y que «la fe mueve montañas». Lo siento, pero las montañas no se mueven. Y cuando se libra una guerra, es mejor no hacerse ilusiones sobre la configuración del campo de batalla. De lo contrario, se acaba cayendo en el fracaso y la desilusión. Una precisión, por cierto: la «catástrofe» de la que habla corresponde, en mi opinión, al dominio del mundo por parte de los valores del capitalismo global. Por eso creo que, aunque el problema de la inmigración nunca se hubiera planteado (¡pero se plantea!), seguiríamos viviendo en un mundo abyecto.
JEAN-YVES LE GALLOU. Efectivamente, se puede optar por no hacer nada. Siempre y cuando se valoren las consecuencias:
1.º/ El cambio demográfico cuando, dentro de ocho a quince años, los recién nacidos europeos sean minoría en las maternidades de Francia (y en otros países vecinos). En definitiva, la desaparición de la identidad de origen.
2.º/ El cambio electoral a favor de los partidos de izquierda más partidarios de la inmigración de aquí a diez años. O incluso antes. Porque el voto de los electores autóctonos se reparte entre los distintos partidos, mientras que los votos comunitarios de las minorías se concentran en la extrema izquierda (en Francia, en LFI; en Alemania, en Die Linke). A la larga, esto supone la pérdida de soberanía para el pueblo de origen.
En resumen, si constatamos el Gran Sustitución (realidad demográfica) y el racismo contra los blancos (realidad sociológica), entonces no nos queda más remedio que trabajar en favor de la remigración. Ampliando la ventana de Overton y subrayando la extrema urgencia de la remigración.
¡Una precisión, no obstante, sobre las cifras! Incluso en su definición más maximalista, la remigración no afecta a «un tercio de la población francesa». No nos engañemos: todo el mundo sabe bien que el problema es el de la inmigración extraeuropea —en particular, la musulmana y la africana—. Veamos, pues, las cifras: hay (sin contar a los indocumentados) 4 millones de extranjeros no europeos; como extranjeros, no tienen derecho alguno a la residencia permanente. En cuanto a los personas con doble nacionalidad de origen no europeo, rondan los 7 millones. Una vez más, no hay ningún problema con quienes están integrados. Pero los gamberros que insultan a los franceses, queman institutos y agreden a los «gwers» no tienen cabida en Francia. Que Alain de Benoist y quienes nos leen se tranquilicen: ¡no son 23 millones de personas!
¿Cómo se puede defender la remigración al tiempo que uno se proclama liberal y capitalista? ¿No es contradictorio promover una economía de mercado basada en la libre circulación de todo, excepto de las personas? En otras palabras, ¿cómo llevar a cabo la remigración sin optar al mismo tiempo por la desglobalización?
JEAN-YVES LE GALLOU. Basta con observar los hechos: Japón es liberal, capitalista y globalizado, pero sigue cerrado a la inmigración. Estados Unidos es liberal, capitalista y globalizado, pero ha emprendido una política de remigración, impulsada por Trump, Vance y Musk. Y eso por no hablar de China.
En una economía de mercado, los ajustes se producen a través de los precios: si la mano de obra escasea en un sector, entonces hay que mejorar las condiciones laborales y salariales.
También hay que legalizar la preferencia nacional, que hoy en día está prohibida: así, el propietario de un restaurante (o un profesional de la construcción) no tiene derecho a elegir empleados franceses o de origen europeo. Si lo hace, será objeto de un proceso penal y se expondrá a sanciones severas. He aquí una ley que podría derogarse con consecuencias positivas para las libertades y para la identidad.
Y luego, analicemos los hechos: más que una inmigración laboral, lo que estamos sufriendo es una inmigración de depredación social. De nuevo, tomemos un ejemplo: la tasa de desempleo en Seine-Saint-Denis es un 50% superior a la media de Île-de-France y en este departamento hay 84.000 hogares beneficiarios del RSA y 949.000 beneficiarios de las distintas prestaciones de la CAF. Es el Estado del bienestar el que actúa como una bomba de succión para la inmigración. Los socialdemócratas daneses lo han entendido perfectamente: para proteger su modelo social, cierran el acceso al mismo al resto del mundo. En resumen, se pueden emprender muchas iniciativas sin que sea un requisito previo la salida del capitalismo globalizado para unos o de la Unión Europea para otros.
No obstante, reconozco la eficacia del comunismo a la hora de evitar la inmigración: en diez años de chavismo (2015-2026), no ha habido ninguna entrada de inmigrantes en Venezuela, pero sí 5 millones de salidas de venezolanos.
ALAIN DE BENOIST. Lo escribí en el editorial del último número de Éléments: la inmigración es una invención del capitalismo, o al menos una de sus consecuencias. «La economía exige inmigración a gran escala», proclama Patrick Martin, presidente del Medef —lo cual, al menos, tiene el mérito de la claridad—. La sociedad de mercado obedece únicamente a la ley de la oferta y la demanda. Ignora a los pueblos y solo reconoce a los individuos; ignora a los ciudadanos y solo reconoce a los consumidores. Cuando los países capitalistas rechazan la inmigración, solo pueden hacerlo violando sus propios principios. En otras palabras, defienden las causas cuyas consecuencias rechazan. Ahí radica todo el problema del conservadurismo liberal.
Alain de Benoist, usted recuerda el siguiente trilema: inmigración, crecimiento o natalidad. En una situación de descenso de la natalidad, es imposible mantener simultáneamente el crecimiento económico y la continuidad étnica y cultural sin inmigración. ¿Cuál de estos términos sacrificaría usted?
ALAIN DE BENOIST. También en este caso he dado claramente mi respuesta en el editorial ya citado: «En un periodo de crisis demográfica, luchar contra la inmigración masiva implica dejar de considerar el crecimiento como un absoluto. » Por eso rechazo tanto la opción de los actuales dirigentes europeos, que se imaginan capaces de conciliar el crecimiento y el «control de la inmigración», del mismo modo que se imaginan capaces de «moralizar el capitalismo» o de recurrir al «desarrollo sostenible», como también la de Japón, que lo apuesta todo por la robótica, contribuyendo así al gran reemplazo del hombre por la máquina (permítanme añadir que, si estoy enfermo, prefiero, y con diferencia, tener a mi lado a una cuidadora inmigrante antes que a un robot).
JEAN-YVES LE GALLOU. La continuidad etnocultural es, evidentemente, prioritaria. La población puede disminuir, siempre que conserve su identidad. Será posible seguir avanzando. Si se diluye en un caos multirracial y multicultural, será más difícil. En resumen, es mejor seguir el modelo de Japón que el de Inglaterra. Mientras queden europeos de sangre y de espíritu, todo será posible.
¿Ciudadanía o identidad? ¿Preferencia nacional o preferencia civilizacional? Si la pertenencia no puede generar ningún otro criterio más que la nacionalidad jurídica, ¿qué se puede hacer para mantener el derecho de los pueblos europeos a su continuidad histórica?
ALAIN DE BENOIST. Preferencia civilizacional. Pero quizá habría que decir más bien: ¿ciudadanía o nacionalidad? Si los pueblos europeos quieren continuar su historia y forjarse un destino, la primera de las reglas es ver lo que debería saltar a la vista, a saber, que estamos entrando en un mundo de un tipo nunca antes visto. Los nacionalismos jacobinos, al igual que los «valores de la República única e indivisible», ya no están en condiciones de resolver nada. Las naciones no pueden volverse multiculturales o multiétnicas sin desintegrarse. No es así en el caso de los imperios (o de las federaciones). La Europa del futuro se forjará con todos aquellos a quienes haya sabido convencer para que participen en su destino imperial.
JEAN-YVES LE GALLOU. Se trata de un tema especialmente delicado. La identidad es el cimiento de la ciudad. Sin embargo, hemos menoscabado nuestra ciudadanía al conceder de forma automática o semiautomática la nacionalidad a personas procedentes de otros lugares, de las cuales muy pocas han podido, querido o sabido asimilarse a nuestra cultura y a nuestra civilización. No se puede negar que existe un problema con algunos ciudadanos con doble nacionalidad. A corto plazo, me parecen convenientes tres medidas:
1.º La derogación del derecho de suelo diferido, es decir, la adquisición automática de la nacionalidad francesa a los 13 o a los 18 años, para los hijos de extranjeros nacidos en Francia;
2.º Una moratoria de las naturalizaciones para no agravar el problema;
3.º La privación de la nacionalidad a los binacionales no asimilados y hostiles.
¿Cómo no pensar en Renaud Camus: «De las naciones ocurre lo mismo que de la educación: tienen su fundamento en la segregación»?
© Éléments
