¡Liberad la vivienda!

En el desierto inmobiliario, la verdadera agencia buitre es el gobierno de Sánchez.

Dicen que la vivienda es un derecho, no un negocio, pero el mayor especulador de la vivienda en España es el gobierno que nos tiene sometidos a la escasez de un bien tan básico, con el beneficio de explotar emocionalmente la miseria derivada de la carestía y culpar a la oposición del problema que ellos han creado. Traen la lección aprendida de dictaduras amigas, no cabe duda.

Los grandes tenedores de la vivienda, los auténticos estraperlistas, son los políticos de izquierdas que tienen secuestrada la vivienda en un férreo enjaulado de regulaciones arbitrarias, fiscalidad depredadora y disposiciones legales demagógicas y del todo inútiles; aunque ellos se favorecen de la escasez, utilizándola mediante un discurso deliberadamente falsario y a beneficio de sus intereses partidistas.

Los verdaderos rentistas que viven a costa del trabajo de los demás son los políticos que se pegan la gran vida gracias a nuestros impuestos, siempre excusados en que solucionar los problemas de la sociedad es muy difícil, aunque es muy fácil para ellos enfrentarnos unos contra otros, con esos mismos problemas como bandera.

Les cuento una historieta, en modo apologético.

Ayer fui a comprar una barra de pan, del rústico, que es el bueno para las tostadas. Me costó 1,25 €. Hace un año, en la panadería de mi amiga María José en Villanueva y la Geltrú, compraba la misma barra por 0,95 €. Por tanto, hice frente a una subida del 31,58 %. Hice la observación a la chica que me había atendido, quien me aclaró: «Si lo vendemos más barato, perdemos dinero».

El pan de cada día, además de ser un producto de primera necesidad, es un derecho. Imaginar una sociedad en la que cada hijo de vecino no tuviese derecho a pan es un contradiós. Todo el mundo tiene —o debería tener— derecho a su pan bendito; qué menos puede pedirse a nuestro hipergarantista Estado del Bienestar.

Sí, se puede imaginar un gobierno volcado en la defensa de los derechos de sus ciudadanos; el primero de ellos: el pan. Precisamente para garantizar que nadie y absolutamente nadie quede sin su pan de diario, ese gobierno dictaría potentes medidas de protección a los más desfavorecidos, como estas:

—La barra de pan tendrá un tope de precio: máximo, 1 €

—Para evitar la acaparación y la especulación, el máximo de barras de pan que podrán comprarse serán 2 por persona.

—Las personas desempleadas tendrán derecho a una reducción del 50% del precio de la barra de pan.

—Las personas declaradas vulnerables y en riesgo de exclusión social tendrán derecho a llevarse cuanto pan necesiten, sin pagarlo.

—También tendrán derecho a acampar ante la panadería y abroncar pacíficamente a quienes intenten comprar más de 2 barras de pan, o las abonen al contado, sin dejarlas al fiado, por insolidarios y por ser potencialmente grandes tenedores de pan.

—Los obradores y panaderías asumirán por cuenta propia el coste de estas medidas, pues el Estado bastante hace con dictarlas y velar por que se cumplan. Todo ello sin reducir la presión tributaria sobre la producción y comercialización del pan.

Consecuencias:

—En dos meses y medio desaparece el 78% de las panaderías, la producción de pan desciende un 82% y la carestía de este producto básico es clamorosa. Naturalmente, según el gobierno, los culpables son los panaderos, gente codiciosa que estaba empeñada en hacer negocio y lucrarse con un derecho elemental de la ciudadanía: el sagrado pan nuestro al que todos debemos acceder sin ninguna restricción.

—La quiebra del sector y la falta de pan provocan, en cadena, una crisis en el sector alimentario. La gente, a falta de pan, empieza a exigir comida gratis, sobre todo para los niños, quienes ya no pueden llevar el bocadillo al colegio y tienen que sustituirlo por bollería importada, alimentos precocinados, etc. ¡Comida para la gente! ¡Comer es un derecho básico!

—La crisis brutal que sufre el sector alimentario, unida a un descontento social creciente, genera el colapso general del sistema. Hay carestía de todo, el empleo no desciende en cifras notables pero los salarios se mantienen en límites irrisorios, de modo que las familias tienen poquísimo dinero, aunque, menos mal, apenas tienen en qué gastarlo.

—Al final, resignados al pozo sin fondo ni salida en el que han caído, los sufridos habitantes de ese país imaginario —imaginario—, asumen que su destino son las cartillas de racionamiento, el ingreso mínimo vital y la dieta de sal sin pan. Para siempre.

Aunque todo lo anterior, ya se dijo, era imaginario.

Parece inútil argumentar ahora sobre la vivienda en España y cómo las medidas proteccionistas del gobierno, históricamente y desde hace mucho, han conducido al sector a una situación aproximadamente igual a la imaginada respecto al pan: topes de precios, prohibición de desalojar a okupas vulnerables y okupas en general —vulnerables somos todos, por cierto—, lo mismo para los desahucios por impago, etc., etc., etc. El mercado se cierra. La oferta desaparece. La vivienda se enratona y espera tiempos más seguros. La gente necesita vivienda, pero sólo pueden permitírsela, en alquiler o compra, quienes dispongan de posición económica desahogada. La escasez de oferta y el aluvión de la demanda rompen la lógica de competencia de precios: los pocos propietarios que alquilan o venden pueden poner los precios que les dé la gana, sabiendo que esto no va a perjudicar su expectativa de renta porque la demanda sigue siendo altísima. El gobierno, para equilibrar las cosas, aumenta la presión fiscal sobre los arrendadores, lo que automáticamente incrementa aún más el precio de la vivienda. La locura. No hay seguridad jurídica para nadie y eso revienta aún más el mercado. Bienvenidos al caos. Bienvenidos a la carestía.

Todas las economías socialistas funcionan igual y siempre acaban en lo mismo: escasez. En Venezuela, a principios de este siglo, los culpables de que los estantes de los supermercados estuviesen vacíos eran los «acaparadores». Ahora ya no hay culpables porque los supuestos acaparadores se han marchado a otro país o son tan pobres como el resto de sus conciudadanos; la vida es así y punto: a veces vas a la tienda porque te toca turno para poder comprar, pero no hay nada de lo necesario; a veces hay algunos productos básicos en la tienda, pero no es tu turno de poder adquirirlos.

Por haber, en España hay 3,84 millones de viviendas vacías, según el Censo del INE referido a 2023; lo que supone el 14,4 % del parque total de viviendas. No existen datos precisos sobre qué número de esas viviendas son perfectamente habitables y se encuentran en lugares adecuados a los intereses personales, familiares y profesionales de los hipotéticos moradores. Vamos a ser pesimistas y a suponer que las viviendas «buenas» son menos de la mitad: 1,5 millones.

¿Por qué esas viviendas no están en el mercado? Podemos seguir siendo pesimistas y considerar que muchas de esas viviendas son segundas residencias de ocupación esporádica, o están comprometidas en herencias litigiosas, o los dueños son auténticos sádicos que prefieren tener una casa vacía antes que sacarle rentabilidad porque así sus vecinos sufren de envidia, o algo semejante. Hablaríamos de unas 750.000 viviendas, que unidas a las 510.000 actualmente localizables en alquiler —no contamos las que tienen colgado el cartel de «Se Vende»—, harían un total de 1.260.000 viviendas que en condiciones normales, en un país normal, estarían en el mercado, con la consiguiente nivelación entre oferta y demanda, recuperación de la competencia y bajada notable de precios.

Aviso, nota personal:

Si a alguien le parece ingenuo o exagerado este planteamiento, le cuento mi propia experiencia con toda franqueza: en 2007 vivía en Castelldefels, en un cuchitril de 35 m², con un alquiler de 550 € mensuales —Passeig de La Tramuntana—. En 2012, tras el batacazo de la burbuja inmobiliaria, vivía en el mismo Casteldefels, en un apartamento estupendo de 62 m², en segunda línea de playa —Paseo Garbí—, por 425 €. O sea, 125 € menos al mes por un lugar mucho mejor para vivir. Cuando oferta y demanda se equilibran, los precios bajan. Fin de la nota personal.

La vivienda no se ha convertido en un drama para la población por la voracidad de los «fondos buitres», ni por la avaricia de «los rentistas» ni por los vuelos del gorrión que se come el trigo.

Hasta el Banco de España lo dice: «burocracia y “persistencia de restricciones”».

La vivienda se encuentra legalmente cercada y en la práctica decomisada por un condicionado normativo absurdo, una presión fiscal asfixiante, un entramado administrativo delirante y una demagogia política insultante.

Los fondos de inversión, los pequeños propietarios y los «grandes tenedores» no son «los acaparadores».

El gran acaparador, el gran tenedor de la vivienda en España, quien mantiene seco el mercado y en verdad inmoviliza el acceso a la vivienda para utilizarlo como arma política al servicio de sus intereses, es nuestro gobierno; también responsable de una legislación perversa y de una inseguridad jurídica insoportable. Un gobierno que provoca la escasez artificial mediante la intervención regulatoria del mercado y después instrumentaliza sus consecuencias para fabricar culpables políticos.

Hay quienes reprochan a nuestro gobierno progresista que, después de ocho años en el poder, no haya hecho nada respecto a la vivienda. Quien así piense, se equivoca. Sí han hecho, y bastante: han trabajado con denuedo para generar la escasez y externalizar la responsabilidad; han trabajado mucho en crear desde el poder las condiciones de un problema para imputar sus consecuencias al adversario. Son la Agencia Buitre que mantiene a la gente sin posibilidad de acceso a una vivienda digna mientras señala a sus opositores como culpables. Y mientras ellos, por supuesto, disfrutan de todos los privilegios para vivir como marqueses a costa del erario y, en lo privado, son dueños de cuantiosas propiedades inmuebles.

Son el primer y principal especulador de la vivienda en España.

Ese es el panorama que se presenta, con las elecciones del 29-N a la vista. ¿Habrá alguna candidatura opositora que se atreva a señalar el problema justo en el lugar que se encuentra?

Y por supuesto, hace falta construir vivienda pública. Mucha.

Pero antes: ¡liberad la vivienda!

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