En Francia, el reciente asesinato del joven militante identitario Quentin Deranque no fue el resultado de una «riña entre extremos», como intentaron sugerir en las primeras horas ciertos medios bienpensantes. Fue un homicidio voluntario. Y, sobre todo, fue la manifestación visible de una mutación estratégica de la ultraizquierda europea, hoy estructurada en torno a una violencia premeditada, selectiva y asumida como instrumento político.
Los datos son elocuentes. Entre 2024 y 2025, los enfrentamientos entre grupos radicales aumentaron un 50 %. Pero lo decisivo no es la cantidad. Es la naturaleza. Ya no se trata de peleas improvisadas en una manifestación. Se trata de operaciones destinadas a intimidar, a señalar cuerpos, a sembrar miedo.
Como ha señalado el atento observador de la izquierda radical Olivier Vial, el objetivo ya no es impedir una acción concreta. Es aterrorizar. La violencia deja de ser reacción. Se convierte en método. Deja de ser defensiva. Se vuelve preventiva.
Esta transformación no es espontánea. Está teorizada. El historiador estadounidense Mark Bray, referencia central del movimiento antifa, conceptualiza el «antifascismo cotidiano». En su planteamiento, la violencia preventiva es legítima si se dirige contra una amenaza considerada existencial. No hay que esperar el ataque. Hay que neutralizar físicamente al adversario antes de que crezca. La lógica es profiláctica. Una medicina ideológica que se arroga el derecho de amputar para «salvar».
Todo descansa en una inflación semántica. El término «fascista» se expande hasta abarcar cualquier disidencia identitaria, cualquier crítica al multiculturalismo, cualquier oposición a la inmigración masiva, cualquier defensa de la continuidad histórica europea. La etiqueta deshumaniza. Y la deshumanización legitima el golpe.
No se combate una idea. Se elimina una amenaza.
El modelo español: del 15-M a la legitimación de la violencia
España no es ajena a esta deriva. Basta recordar la kale borroka, la violencia callejera tolerada durante años en nombre de la «lucha antifascista». Basta recordar cómo determinadas agresiones contra sedes de partidos, periodistas o actos públicos fueron sistemáticamente minimizadas o justificadas.
El fenómeno Podemos, surgido del 15-M, supo capitalizar ese clima de impugnación moral. Desde las tribunas parlamentarias se habló de «alerta antifascista» tras resultados electorales adversos. Se legitimó la idea de que ciertas victorias democráticas eran, en sí mismas, ilegítimas. Cuando se sugiere que el resultado de las urnas debe ser combatido en la calle porque encarna el «fascismo», el terreno está abonado.
La frontera entre discurso institucional y presión callejera se vuelve porosa.
La estrategia es clara. El antifascismo se convierte en un comodín moral que permite excluir al adversario del espacio cívico. Si el otro no es un competidor legítimo sino una amenaza ontológica, cualquier medio parece justificable. La presión social, el señalamiento, el acoso digital, la agresión física.
Una red internacional organizada
Las investigaciones de Andy Ngô en Estados Unidos desmontan el mito de la espontaneidad. El movimiento antifa, lejos de ser una reacción emocional, funciona como una organización estructurada. Formación en técnicas de «black block», disciplina interna, vigilancia de los propios miembros, creación de zonas autónomas fuera del control del Estado. El objetivo declarado es debilitar el Estado-nación, la policía, la propiedad privada.
No es romanticismo revolucionario. Es ingeniería política.
En Europa, como ha subrayado Michel Geoffroy, estos grupos operan como fuerza de choque al servicio del Sistema. Parecen antisistema, pero sus objetivos coinciden con la agenda de las élites globalistas: disolver fronteras, desmantelar identidades históricas, promover un multiculturalismo desarraigado. Funcionan como masa de maniobra, como servicio de acción.
Su especialidad no es sólo la destrucción material. Es el fichaje. El señalamiento. La elaboración de listas negras. La presión sobre empleadores. Tareas que el Estado no puede realizar abiertamente en un régimen formalmente democrático, pero que estos grupos ejecutan con entusiasmo.
Una policía política oficiosa, sin estatuto jurídico, pero con una indulgencia judicial llamativa.
La crisis del magisterio moral
Sin embargo, el fondo del problema no es solo la violencia. Es el derrumbe del monopolio moral.
Desde 1945, el antifascismo ha sido el núcleo simbólico del magisterio de la izquierda europea. Permitía definir el Bien y el Mal, otorgar certificados de respetabilidad, expulsar del debate público. Era una suerte de espada flamígera que cerraba cualquier discusión.
Pero esa espada se ha ido mellando.
La inflación del término «fascista» lo ha vaciado de contenido. Cuando sirve para designar tanto a un régimen totalitario histórico como a un partido soberanista o a un ciudadano que cuestiona la ingeniería social, pierde su fuerza analítica y se convierte en instrumento de intimidación.
La muerte de Quentin ha introducido una fisura en el relato automático. El argumento de la «pelea entre extremos» se desmoronó frente a la calificación de homicidio. El nerviosismo mediático revela algo más profundo: si el antifascismo puede generar violencia ofensiva, deja de ser intocable. Y esa intocabilidad no es solo un reflejo ideológico. Es también sociológica.
Muchos periodistas pertenecen al mismo ecosistema cultural que alimenta la militancia antifascista. Han pasado por las mismas facultades de ciencias políticas, por las mismas escuelas de periodismo, por los mismos seminarios donde se enseñan las categorías de «dominación», «deconstrucción» y «privilegio». Comparten referencias, lecturas, marcos mentales. No necesariamente comparten la acción violenta, pero sí el vocabulario, los presupuestos y la jerarquía moral.
Esa proximidad produce una complicidad estructural.
No se trata de órdenes directas ni de conspiraciones. Se trata de afinidades. Cuando un periodista ha interiorizado que el antifascismo representa el Bien histórico, tenderá instintivamente a contextualizar, matizar o relativizar los excesos cometidos en su nombre. Se hablará de «tensiones», de «clima polarizado», de «provocaciones previas». Se buscará la simetría tranquilizadora entre «dos extremos».
Incluso en medios considerados conservadores, como Le Figaro, el reflejo existe. La prudencia léxica, la resistencia inicial a hablar de homicidio político, la tentación de encuadrar el hecho dentro de una «radicalización general», revelan esa incomodidad. Se evita señalar que existe una violencia con doctrina, con legitimación intelectual y con indulgencia ambiental.
¿Por qué? Porque denunciar frontalmente esa violencia obligaría a cuestionar el mito fundacional que estructura buena parte del campo mediático europeo desde 1945. Implicaría admitir que el antifascismo, convertido en identidad moral permanente, produce prácticas autoritarias.
Y eso fractura consensos cómodos.
Durante décadas, el antifascismo funcionó como contraseña moral compartida por redacciones, universidades y élites culturales. Permitía establecer fronteras simbólicas claras: aquí la República, allí el Mal absoluto. Si se demuestra que bajo esa bandera puede desarrollarse una violencia ofensiva, preventiva, intimidatoria, el esquema binario se desmorona.
El problema no es sólo jurídico. Es cultural.
El periodista formado en ese universo no ve en el antifascista a un actor político más. Ve una prolongación radicalizada de un marco moral que él mismo comparte en versión moderada. Criticarlo abiertamente sería cuestionar parte de su propia identidad intelectual.
Por eso el tratamiento mediático oscila entre la minimización y el desplazamiento del foco. Se hablará más del «auge de la extrema derecha» que de la doctrina de la violencia preventiva. Se discutirá la «instrumentalización» del drama antes que su significado estratégico.
No es una coordinación secreta. Es un alineamiento espontáneo de habitus.
Pero ese alineamiento empieza a tensarse. Porque cuando la violencia deja muertos, cuando la calificación judicial es inequívoca, cuando las citas teóricas hablan de «desintegrar físicamente» al adversario, la coartada retórica pierde consistencia.
Ahí surge el nerviosismo.
No es sólo miedo a la derecha. Es miedo a perder la superioridad moral automática. Es miedo a que el antifascismo deje de ser un escudo intocable y se convierta en objeto de examen crítico.
Y si ese examen se generaliza, no solo se cuestionará a los grupos de calle. Se cuestionará el ecosistema cultural que los ha legitimado indirectamente durante años.
Eso es lo que verdaderamente inquieta a las redacciones.
En los años treinta, el antifascismo no fue solamente una reacción moral ante el totalitarismo. Fue también un instrumento estratégico del Komintern, una categoría flexible utilizada para disciplinar, silenciar y eliminar adversarios políticos bajo la cobertura del Bien absoluto. Los procesos de Moscú y el pacto germano-soviético demostraron que la retórica antifascista podía convivir perfectamente con la represión interna y con alianzas tácticas con el propio enemigo declarado. La etiqueta no garantizaba virtud. Garantizaba poder.
Toda bandera moral, cuando se absolutiza, termina convirtiéndose en herramienta de dominación.
Hoy, el antifascismo contemporáneo ya no se limita a recordar una memoria heroica. Pretende corregir al pueblo cuando vota «mal». Se coloca por encima de la soberanía popular. Cuando se afirma que ciertas victorias electorales no serán aceptadas porque representan el «fascismo», el adversario queda expulsado del campo cívico.
Lo que vacila no es la democracia. Es un dispositivo de descalificación moral que durante décadas permitió neutralizar cualquier afirmación identitaria europea.
El miedo cambia de bando
Durante años, bastaba pronunciar la palabra «fascista» para silenciar. Para intimidar. Para marginar.
Hoy ya no alcanza.
Los pueblos europeos comienzan a reconocerse como tales. A reivindicar su continuidad histórica. A rechazar ser tratados como culpables hereditarios o sospechosos permanentes. Y eso, créanme, es lo que verdaderamente inquieta.
Cuando el anatema deja de paralizar, queda la presión. Cuando la etiqueta pierde eficacia, aparece la violencia. Es el reflejo clásico de las ideologías universalistas cuando perciben que pierden hegemonía.
El antifascismo contemporáneo ya no es una memoria. Es un dispositivo de control. No conmemora. Vigila. No protege la ciudad. La sospecha.
Si el antifascismo contemporáneo entra hoy en turbulencias, no es por una conspiración ni por un malentendido semántico. Es porque su capacidad de intimidación automática se está agotando. Durante décadas bastó pronunciar una palabra para excluir, para aislar, para cancelar. Ese automatismo ya no funciona.
El pueblo europeo empieza a comprender que la acusación de «fascismo» no es un argumento, sino un mecanismo de control. Y cuando un mecanismo de control deja de producir obediencia, quienes lo manejaban reaccionan con nerviosismo.
Lo que se resquebraja no es la democracia. Es el monopolio moral de quienes pretendieron situarse por encima de ella. Es el dispositivo simbólico que convertía toda afirmación identitaria en sospecha y toda defensa de la continuidad histórica en delito.
Durante años el miedo estuvo de un solo lado. Hoy ya no.
Y cuando el miedo deja de disciplinar, la hegemonía comienza a derrumbarse.
