Ursula von der Leyen habla de soberanía y autonomía estratégica. Su mandato ha hecho a Europa más dependiente de lo que produce y de lo que come. No lo ha hecho sola: populares y socialistas han sostenido esa arquitectura en Bruselas y en Madrid
Conviene tomarle la palabra
Farm Europe, centro de análisis agrario con sede en Bruselas, acaba de publicar un diagnóstico difícilmente compatible con esa retórica. Mientras la Comisión proclama autonomía estratégica, la capacidad productiva europea se encoge y crece la dependencia exterior.
Desde 2019, según esos datos, el excedente comunitario de cereales se ha reducido a la mitad y han desaparecido cuatro millones de hectáreas dedicadas a esos cultivos. Las importaciones de trigo se multiplicaron por 2,4 entre 2019 y 2023. Las exportaciones de maíz cayeron un 48 %. El sector ganadero ha perdido más de 26 millones de cabezas y el superávit comercial de carne se ha reducido un 26 %. Europa ha perdido 1,37 millones de agricultores familiares, alrededor de una quinta parte. Las importaciones netas de semillas oleaginosas y materias primas para piensos han alcanzado los 62,3 millones de toneladas, frente a los 58,9 millones de 2019. En abril de 2026, los fertilizantes nitrogenados estaban un 71 % por encima de la media de 2024.
Eurostat confirma la dirección, aunque no todos esos detalles: la Unión ha pasado de más de 14 millones de explotaciones en 2005 a 8,8 millones en 2023. Menos granjas, menos cabaña, más dependencia de proteínas y abonos del exterior. Eso no es autonomía. Es el balance de un mandato.
No existe soberanía alimentaria, ni autonomía de ningun tipo, sin capacidad de producir. Y esa capacidad no se ha erosionado por azar.
El mandato, no el eslogan
Von der Leyen llegó a la Comisión en 2019 con el Pacto Verde como seña de identidad. En 2020 lanzó la estrategia De la Granja a la Mesa: reducir a la mitad el uso de fitosanitarios en 2030, recortar el uso de fertilizantes, aumentar la agricultura ecológica y convertir la PAC en un instrumento climático. La reforma de la PAC 2023-2027, pactada por populares y socialistas en el Parlamento Europeo y aplicada por su Comisión, impuso ecoesquemas, una condicionalidad reforzada y una carga administrativa que muchas explotaciones familiares no pueden absorber.
El resultado no fue un campo más rentable y soberano. Fue un campo más caro de explotar en Europa y más barato de sustituir con importaciones.
Cuando los tractores llenaron las capitales en 2024, la presidenta retiró el reglamento sobre el uso sostenible de plaguicidas, que el Parlamento ya había rechazado. No rectificó el modelo. Gestionó el desgaste. En 2025, la Comisión aparcó el tono de De la Granja a la Mesa y habló de «visión» y simplificación. El mismo Ejecutivo que durante cinco años encareció producir dentro sigue abriendo la puerta a lo producido fuera.
Ahí está la contradicción de su mandato. Bruselas impone a agricultores y ganaderos europeos exigencias sanitarias, ambientales, laborales y de bienestar animal de las más altas del mundo. Al mismo tiempo, negocia o sostiene acuerdos que permiten la entrada de mercancías obtenidas con otras reglas, otros salarios y otros controles. La Ley de la Cadena Alimentaria tropieza con el mismo límite: se puede ordenar el mercado interior y dejar desprotegido al productor frente al muelle de descarga de unas fronteras absolutamente permeables.
Esa arquitectura no es obra de un gabinete aislado. El PPE —la familia política de von der Leyen, del PP español y de buena parte de la derecha comunitaria— ha votado la PAC, ha sostenido a la Comisión y, cuando ha protestado, lo ha hecho tarde y por cálculo electoral. Los socialistas europeos impulsaron De la Granja a la Mesa, el Pacto Verde y la apertura comercial con Marruecos y Mercosur. En España, el PSOE de Zapatero respaldó el acuerdo agrícola de 2012 con Marruecos. El Gobierno de Sánchez y el ministro Luis Planas han defendido su continuidad, la renovación del marco con Rabat y la aplicación provisional de Mercosur. El PP denunció la competencia desleal en los mítines y se negó a pedir la suspensión del acuerdo cuando había que votar.
No es un fallo de ejecución. Es una política compartida: regular de más hacia dentro y liberalizar de más hacia fuera.
Marruecos no es un incidente. Es el método
El acuerdo agrícola UE-Marruecos de 2012 resume esa lógica. Liberalizó aranceles y amplió contingentes sobre producciones que coinciden en calendario y mercado con las del sur de Europa. El Comité Económico y Social Europeo advirtió ya en 2014 del daño al sector primario meridional. Nadie en la Comisión ni en los dos grandes partidos españoles convirtió esa advertencia en política.
Los hechos posteriores no admiten duda. Entre 2016 y 2025, según COMTRADE, las exportaciones mundiales de tomate marroquí subieron un 35 %, hasta las 707.621 toneladas. Las españolas cayeron un 36 %, de 910.663 a 581.361 toneladas. Marruecos es el principal proveedor extracomunitario de tomate de la Unión. Almería lo paga en superficie, empleo y precio.
En junio de 2021, desde VOX pedimos en el Congreso que el Gobierno solicitara en Bruselas la suspensión inmediata del acuerdo. El 17 de noviembre de 2021 lo defendí en la Comisión de Agricultura. La iniciativa fue rechazada. El Partido Popular no apoyó la suspensión. Volvimos a plantearla en diciembre de 2023 y en octubre de 2025, dentro de una iniciativa más amplia sobre soberanía alimentaria. En el Pleno de febrero de 2026 cayó por 174 votos frente a 31, con 139 abstenciones. El 25 de febrero la defendimos de nuevo en Comisión.
No era una ocurrencia ante una crisis diplomática. Era el rechazo a un modelo
Luego llegó el Sáhara Occidental. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE anuló los acuerdos agrícola y pesquero de 2019 en cuanto se aplicaban a ese territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui. La Comisión no ejecutó la sentencia en el sentido que defendíamos. Buscó una fórmula jurídica para mantener las preferencias. El 16 de octubre de 2025, el Congreso, a iniciativa nuestra y con el voto del PP y Sumar, instó al Gobierno a oponerse a esa extensión arancelaria. Sánchez y Planas siguieron alineados con el nuevo marco negociado por von der Leyen.
Hoy COEXPHAL, que agrupa a más de 140 empresas y 11.000 agricultores del sureste, pide la suspensión del acuerdo y denuncia que el campo se use como moneda de cambio.
Y ahora, después de la crisis de Ceuta, el Partido Popular Europeo plantea también la suspensión del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. Cinco años después de la primera petición de VOX, el PPE plantea utilizar la suspensión de las relaciones comerciales con Rabat como respuesta a la crisis ceutí.
La cronología importa: no obstante bienvenido el cambio del PP.
Mercosur es la misma política con otro mapa
Mercosur no es otro debate. Es el mismo principio aplicado a otra geografía. Durante años, populares y socialistas lo vendieron como una oportunidad extraordinaria para España. Los primeros datos de DataComex van en la línea de lo que venían advirtiendo VOX y las organizaciones agrarias: en mayo y junio de 2026, España exportó a Mercosur 3.618 toneladas de aceite de oliva y vino, un 16,7 % menos que en los mismos meses de 2025. En Brasil, la caída fue del 12,45 %. En Argentina, se pasó de 219 a 31 toneladas.
En marzo de 2026 llevamos al Congreso desde VOX el rechazo a la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur. Porque Europa no puede encarecer su producción y, a la vez, abrir el mercado a carne, azúcar o cereales obtenidos sin las mismas reglas. Tampoco votaron nuestra propuesta.
La alternativa no consiste simplemente en rechazar un tratado u otro. Consiste en recuperar la preferencia comunitaria, exigir reciprocidad real, imponer cláusulas espejo, reforzar el control en frontera, impedir que fondos europeos financien en terceros países la competencia contra nuestros productores y defender una PAC fuerte, con presupuesto propio, orientada a la renta y a la producción, no a la burocracia climática.
Agua, regadío, fertilizantes a precios viables, menos papeleo, explotaciones rentables y relevo generacional no son un apéndice rural. Son la base material de cualquier discurso sobre autonomía.
La soberanía no se proclama
Durante décadas, la Unión actua como si siempre pudiera comprar fuera lo que dejara de producir dentro. Esa doctrina quebró con la energía. También muestra su fragilidad en fertilizantes, proteínas y materias primas. Repetirla con los alimentos ha sido una irresponsabilidad.
Una economía puede importar tecnología o gas durante un tiempo. Perder de forma estructural la capacidad de alimentarse supone entregar a terceros una necesidad elemental. Agricultura, ganadería y pesca no son un sector más. Son política de Estado.
España necesita productores, agua, industria agroalimentaria y prioridad nacional dentro del espacio europeo del que formamos parte. Europa necesita volver al principio que justificó la PAC: la preferencia comunitaria.
No se trata de cerrar el comercio. España es una potencia agroalimentaria y debe exportar. Se trata de competir desde una base productiva propia, desde una fuerza nacional de bloque europeo y con reglas equivalentes.
Von der Leyen puede anunciar alianzas hídricas y seguros contra el clima. Puede elogiar al agricultor desde el atril de Estrasburgo. Mientras su Comisión —de populares y socialistas— siga sustituyendo producción europea por importaciones y PAC por condicionalidad, la autonomía alimentaria seguirá siendo un eslogan.
Por eso, desde VOX defendemos con claridad que España y Europa debe exigir la recuperación plena de la preferencia comunitaria, la protección de las fronteras de Europa y la prioridad nacional. Un sector agrario y pesquero fuerte en España no es un problema para Europa: es una garantía para todo el continente.
Tras las políticas fallidas del bipartidismo europeo, es necesario un giro.
Recuperemos España. Recuperemos Europa.
